Justicia de tipo importación

El pasado domingo 10 de diciembre, Colombia despertó con la imagen del fiscal general Néstor Humberto Martínez en el periódico EL TIEMPO, acompañada del título: “El fiscal Martínez, personaje del 2017 para EL TIEMPO”. En el mismo artículo, El Tiempo le adjudica al Fiscal “inéditos alcances en las investigaciones por corrupción, en especial en los casos de la Corte Suprema y Odebrecht…”. Estas razones llevaron al periódico a elegir a Martínez como el personaje del 2017, sin embargo, los denominados casos del cartel de la toga y de odebrecht, además de ser, en este año, los escándalos más grandes en nuestro país, tienen otro hecho en común: ninguno fue descubierto ni por Néstor Humberto Martínez, ni por la justicia colombiana.

Pero vamos por partes. El llamado “cartel de la toga”, es un escándalo sin precedentes en el país. Este año la justicia colombiana pasó por días muy oscuros, al descubrirse que magistrados y altos fiscales cobraban millonarias sumas de dinero a cambio de incidir en decisiones judiciales en la Corte Suprema de Justicia y en la Fiscalía. Pero ¿cómo fue posible descubrir este escándalo, si los encargados precisamente de investigarlo estaban inmersos en él?

Todo comenzó el viernes 16 de junio de este año, en el piso 11 de la torre Claud Pepper de Miami, donde ante altas autoridades del IRS (Internal Revenue Service) de Estados Unidos, se dictaba una charla por parte de la Fiscalía de Colombia llamada casualmente: “El Nexo de Narcotráfico y Lavado de Activos en la Lucha contra la Corrupción”. Un Joven abogado de 36 años de nombre Gustavo Moreno, quien era el jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, era quien dictaba la charla como vocero de la entidad ante el IRS. La sorpresa, para todo el mundo, fue que 11 días después de haber hablado con firmeza sobre la lucha contra la corrupción, el martes 27 de junio y como un hecho sin precedentes, el CTI adelantaba una diligencia de allanamiento y captura en la oficina de Moreno, pues en su contra existía una circular roja de Interpol y una solicitud de extradición presentada por una Corte Federal del Distrito Sur de la Florida por conspiración para lavar activos con fines de soborno extranjero.

En principio no se sabía nada de la magnitud del escándalo que ocuparía las portadas y acapararía la atención del país. Lo que se conocía hasta el momento, es que presuntamente Moreno le había solicitado una suma de dinero al exgobernador Alejandro Llyons Muskus, con el fin de desviar una investigación que se adelantaba en su contra en la Fiscalía de Colombia, por actos de corrupción en el departamento de Córdoba.

Estando en Miami y asesorado por la DEA, Lyons aceptó darle a Moreno US$10.000 como anticipo de un soborno por el que Moreno exigía un total de 500 millones de pesos. Para mala suerte de Moreno, resultó que algunos de los billetes de ese soborno, les fueron encontrados a él y a su familia cuando abordaban el vuelo de regreso a Bogotá (pues la DEA había marcado los billetes).

Gustavo Moreno, pasó en menos de seis meses, de tener una exitosa carrera como abogado, la cual había alcanzado la cúspide el 6 de octubre de 2016 cuando el fiscal Néstor Humberto Martínez lo había designado como jefe de la Dirección Anticorrupción, a ser testigo desde la cárcel, donde dice sentirse “profundamente triste y avergonzado”, y donde no deja de pedir perdón por sus delitos. Según la fiscalía, Moreno ya ha acusado a por lo menos a otras 26 personas. 

Curiosamente, el hoy detenido y pedido en extradición Moreno, hace medio año aún tenía en su poder la coordinación de los procesos de corrupción en el departamento de Córdoba y los procesos de Reficar, LlanoPetrol y Odebrecht, y si bien, es precisamente este último el otro gran caso de corrupción que ha acaparado los medios colombianos en este año, tampoco lo descubrió la inteligencia colombiana.

El escándalo de Odebrecht surgió de las pesquisas del juez Sergio Moro de Brasil y su equipo de investigadores. Ellos iniciaron en 2014 unas averiguaciones sobre el mercado paralelo de cambio en una red de gasolineras, investigación a la que denominaron “Lava Jato”, que traduce en español algo como “lavado de chorro”, que hace referencia a las máquinas de lavado a presión en los lavaderos de autos. Impresionantemente, Lava jato, terminó desatando otras investigaciones sobre una compleja red de sobornos entre políticos a cambio de contratos con Petrobras.

Poco a poco y bajo la batuta de Moro, la Fiscalía brasileña fue descubriendo una red de lavado de dineros que terminó involucrando a importantes políticos y a poderosos empresarios como Marcello Odebrecht. Fue entonces cuando descubrieron que la constructora brasilera, había utilizado una telaraña de compañías para pagar sobornos a funcionarios no solo en Brasil, sino en cerca de 21 países.

La investigación del Lava Jato tuvo tal impacto internacional, que pasó a manos de la justicia norteamericana en virtud de que hay una norma que le permite a Estados Unidos perseguir a los corruptos y lavadores de dinero fuera de su país. Fue así que en diciembre del 2016 una corte del Distrito de Nueva York abrió un proceso judicial en contra de Odebrecht, en el que señaló que entre 2009 y 2014 la empresa realizó e hizo que se promovieran pagos corruptos para asegurar contratos de obras públicas. En ese papel, había un apartado único para Colombia, en donde de acuerdo a las declaraciones de los empresarios de la firma brasilera, se detalló cuánto dinero había entrado al país para pagar sobornos.

Por medio de las declaraciones de los directivos de Odebrecht, se descubrió que en el país, entre 2009 y 2011, habrían pagado más de US$11 millones con el fin de garantizar la obtención de contratos de obras públicas, pero recuperando más de US$50 millones como resultado de esos pagos. La corte de Estados Unidos descubrió en ese entonces, que en 2009 la constructora brasilera pagó unos US$6,5 millones a un funcionario del gobierno por hacerse con un contrato. Hoy en día se sabe que ese contrato era el de la Ruta del sol 2, y que el funcionario era el ex viceministro de transporte del gobierno Uribe, Gabriel García Morales, quien acaba de ser condenado a poco más de 5 años de cárcel  (castigo que me parece absurdo, en relación con la dimensión y precio de sus actos).

Es difícil entender, después de analizar ambos casos, cómo personas y entidades que llevan incursionando en la contratación pública desde hace décadas, como Odebrecht que lleva en Colombia desde 1991, hayan sobornado a sus anchas y por tanto tiempo, sin que se les investigara, o sin que los procesos avanzaran, o peor, sin que se supiera absolutamente nada de su actuar corrupto, disoluto y protervo.

Resulta increíble que el Fiscal General haga alarde de los logros alcanzados en el caso del cartel de la toga, donde en por lo menos diez meses se estuvo cometiendo delitos en sus narices por parte de funcionarios que él mismo nombró, o se enorgullezca de los avances en el caso Odebrecht, donde hay denuncias muy graves, que lleva haciendo desde hace meses el Senador Robledo y recientemente el senador  Benedetti sobre los intereses de Martínez en ocultar las participaciones de amigos suyos en dicho caso, e incluso, de la participación y responsabilidad misma del Fiscal en él.

Fueron la justicia de Estados Unidos y de Brasil quienes realmente destaparon dos de los escándalos más grandes de este país, y las que pusieron la señal para poder implicar a exministros, exviceministros, exconsejeros presidenciales, magistrados y exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, al director de la ANI, a por lo menos quince congresistas y excongresistas, a dos exgobernadores, a fiscales, abogados, empresarios, entre otros. A mi juicio, deberían ser ellas, y no Martínez, las que deberían estar haciendo alarde de sus logros y quienes deberían aparecer en las portadas de EL TIEMPO.

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Daniel Porras Lemus

Estudiante de Derecho de la Universidad de Medellín. Apasionado por la Política, el Derecho y la Historia. Investigador en temas históricos y constitucionales. Sangileño. Santandereano.