En 2008 Luz Marina Bernal buscó a su hijo durante semanas. Lo habían visto por última vez en Soacha, tenía discapacidad cognitiva y había salido de su casa con la promesa de un trabajo. Días después apareció reportado como guerrillero muerto en combate en Ocaña. Su nombre quedó en una lista de resultados operacionales del Ejército. Durante años, esa versión fue la única que existió.
Historias como esa no son episodios aislados. En el Caso 03, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha documentado que al menos 6.402 personas fueron presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008 en lo que el país conoce como falsos positivos. Cada número corresponde a familias que buscaron respuestas durante años sin ser escuchadas.
Pero esa no es la única cara de la guerra. En el Caso 07, otro expediente recoge testimonios de quienes eran menores de edad cuando fueron reclutados por las antiguas FARC. La JEP ha identificado al menos 18.677 víctimas de reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes. Muchos tenían doce o trece años cuando dejaron la escuela y entraron a campamentos guerrilleros. Varios han contado que la guerra empezó para ellos con una orden que no podían rechazar.
En el Caso 01, se escuchan a quienes pasaron años en cautiverio. La investigación sobre secuestro atribuida al antiguo Secretariado de las FARC estableció que al menos 21.396 personas fueron víctimas de este delito entre 1990 y 2016. En esas audiencias han hablado quienes vivieron encadenados durante años en la selva. También familiares que atravesaron una dolorosa incertidumbre sin saber si sus seres queridos seguían con vida.
Esas escenas no pertenecen a una narrativa ideológica, son hechos que hoy están documentados en expedientes judiciales. La particularidad es el escenario donde se cuentan. En un país donde el conflicto armado dejó millones de víctimas, la JEP fue diseñada para investigar patrones, establecer responsabilidades, incluyendo aquellas derivadas de la cadena de mando, y obligar a quienes participaron a reconocer lo ocurrido.
Ante la magnitud del horror que dejó la guerra, el desafío no es solo de capacidad. La justicia ordinaria tiene límites para abordar crímenes masivos, sistemáticos y prolongados en el tiempo. Por eso distintas sociedades que han atravesado conflictos han recurrido a mecanismos extraordinarios que combinan investigación judicial, reconstrucción de verdad y participación directa de las víctimas.
En medio de esas investigaciones aparece una idea que conviene recordar: la JEP no existe para organizar un concurso del horror entre actores armados. No se trata de decidir quién fue peor ni de jerarquizar el dolor de las víctimas, sino de que cada víctima sea reconocida y cada responsable responda por lo que hizo.
En la práctica, eso significa que antiguos comandantes guerrilleros han reconocido secuestros y prácticas de violencia que durante años fueron negados. Significa que integrantes de la Fuerza Pública han admitido la existencia de incentivos institucionales que favorecieron ejecuciones ilegales. Significa también que víctimas que no habían sido escuchadas ahora participan en audiencias donde sus relatos tienen efectos jurídicos.
Ese modelo no elimina el castigo, lo redefine. Las sanciones propias de la JEP implican restricciones efectivas de libertad y la obligación de reparar a las víctimas, pero están condicionadas al reconocimiento temprano de verdad y responsabilidad. Cuando ese reconocimiento no ocurre, el sistema prevé sanciones ordinarias que pueden llegar hasta veinte años de prisión. El principio es que la responsabilidad, una vez reconocida y verificada, debe traducirse en acciones concretas que contribuyan a reconstruir los territorios afectados por la guerra.
El debate público suele reducir esta discusión a una pregunta sobre impunidad. Es una preocupación legítima en cualquier sociedad que ha sufrido violencias profundas. Sin embargo, la experiencia comparada muestra que los procesos que han logrado esclarecer patrones de violencia prolongada lo han hecho mediante mecanismos extraordinarios de justicia que amplían, más que sustituyen, las respuestas tradicionales.
A pesar de diversos intentos de torpedearla, en los últimos años la JEP ha producido algo que durante décadas parecía improbable, un espacio judicial donde quienes ordenaron o ejecutaron crímenes escuchan y responden directamente a quienes los sufrieron, bajo la certeza de que deben rendir cuentas por sus acciones.
En un país con cerca de diez millones de víctimas, donde muchas de ellas sufrieron sin que nadie reconociera su dolor, ese hecho tiene un valor institucional que merece ser protegido y acompañado. No porque cierre todas las heridas, sino porque abre la posibilidad de que, a través de otra forma de justicia, no se repitan.
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