Hace una semana, escribí aquí que la crisis del COVID-19 y las medidas tomadas por los Gobiernos para enfrentarla no han generado un riesgo real para la democracia liberal y la economía de mercado. Pero advertí una obviedad: nunca faltan los peligros. Y asusta la indignación convertida en rabia que recorre Colombia.
Han pasado tres días desde que Javier Ordóñez, abogado y padre de dos niños, fue atacado cruel y brutalmente por dos patrulleros de la policía para morir horas después en una clínica en Bogotá. Y hasta ayer en la tarde, producto de la rabia causada por las incompasivas descargas eléctricas del martes, Alexander Fonseca, Julieth Ramírez, Andrés Rodríguez, Fredy Mahecha, Germán Puentes, Julián González, Paola Baquero, muchachos de 17 de a 27 años, murieron por armas de fuego (la cifra crece), 397 personas recibieron heridas (188 policías y 209 particulares) y, entre otros daños que suman alrededor de 14.000 millones de pesos, 6 estaciones de policía y 54 CAI fueron destruidos, más de 100 vehículos oficiales y de transporte público recibieron daños y decenas de vías fueron bloqueadas. Mientras tanto, más marchas animadas a través de redes sociales -anunciadas y en ejecución- atraviesan ciudades y pueblos de la nación.
A pesar del enfado y sin renunciar a que los colombianos digamos lo que tengamos que decir, más convienen la reflexión paciente y las palabras amables: lo cortés no quita lo valiente. Como discrepamos y debemos conservar la disposición a transigir porque vivimos en el mismo país, es mejor el diálogo razonado y que se escucha en lugar del discurso y los gritos efectistas pero cargados de odio que se oyen por ahí (incluso en el Congreso de la República) como los que se leen en FB, Twitter, IG y Tik-Tok.
Este instante en la historia de Colombia exige moderación. Porque si la democracia es un régimen político basado en el debate de ideas, y si nos duele Colombia y conocemos su historia de sangre y dolor, hay que reconocer que la única forma de fortalecerla es mediante la contradicción civilizada.
Nadie decente disputa que la violencia injustificada es una ruindad, y nadie decente disputa nuestra libertad inherente de expresar el pensamiento. Pero suponer que la opinión de uno es verdadera no valida la refutación del punto de vista contrario a través de la fuerza. Si el poder de nuestra inteligencia nos permite decir y escribir cosas con lucidez, elocuencia, lógica y fundamentación, también tiene el poder de contener nuestra capacidad letal y llevarnos a una conversación objetiva, sin tono aleccionador que presuma de superioridad moral y, quizá lo más difícil, sin oportunismo político.
Ese intercambio debe partir de dos premisas elementales. Un desacuerdo y un acuerdo.
Primero, no es evidente la necesidad de “refundar” a la Policía Nacional. Mientras para unos existe un “patrón” de abuso policial, entre ellos algunos que llegan a sostener que hay una política oficial de violación de los derechos humanos, para otros, que también rechazan la violencia y exigen que los responsables rindan cuentas por su proceder, las faltas de funcionarios individuales, aunque avergüenzan a las instituciones concernidas, no prueban que se trate de un problema estructural. Segundo, sí debemos coincidir en la defensa del Estado de derecho, la democracia y las libertades; en que el único habilitado para monopolizar el uso de la fuerza es el Estado; en que la fuerza debe ser el último recurso del poder público y ejercerse con proporcionalidad y, en tanto implica una restricción de derechos, solo para alcanzar un fin más valioso que los derechos restringidos; y, en que un Estado fuerte y legítimo en todas las esferas de la sociedad es condición de paz y convivencia.
Confío que estas convicciones sean superiores que la confusión provocada por quienes persiguen con discurso incendiario floreros de Llorente que traigan más tristezas. La violencia persistente que se financia por el narcotráfico a pesar de un acuerdo de paz y el año más difícil para la economía mundial desde 1.929 pueden mostrar seductores a los atajos del totalitarismo. Pero el anhelo indica que la justicia de la no violencia que encarna la democracia liberal tiene que generar más optimismo y ganar más adeptos como el camino para exteriorizar la inconformidad.
Pienso en Anna Karénina de Tolstói y es imposible no concluir que, al final del día y pese a que los dos son héroes enamorados a su manera, el familiar, hacendoso, pacífico y liberal Liévin termina siendo más feliz que el bonachón, galante y listo para la guerra Vronski.
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