En tiempos de crisis es recurrente que en Colombia se utilice el adjetivo irrestricto para calificar el apoyo a la fuerza pública. Alcaldes, gobernadores, congresistas y ciudadanos declaran su compromiso incondicional con policías y militares. De manera reciente, entre otros, el gobernador de Antioquia (e) lo utilizó en una publicación en su cuenta de Twitter para referirse a la situación que vive el país. Pero la historia de apoyo irrestricto a la fuerza pública en Colombia es larga, tan larga como los desastres a los que ha conducido. Irrestricto significa sin límites.
En una democracia, según nos ha dicho Claude Lefort, la condición es la incertidumbre, la indeterminación, la contingencia. Nada es total y la característica misma del sistema político está en disputa en el marco de unas reglas de juego claras. Así, utilizar adjetivos de denotación tan absoluta es contrario a la circunstancia misma del sistema. El apoyo a la fuerza pública no puede ser sin límites. La constitución y las leyes son sus contornos. De ahí lo problemático de desconocerlos semánticamente, de sugerir que no existen. El estado liberal y la democracia liberal han sido la historia de los límites: al poder del rey, al poder del parlamento, y al poder del “pueblo” mismo. Borrar esas fronteras es asumir que hay acciones que no tienen contorno, que se les permite todo, que no hay nada que las contenga. Que hay sujetos políticos cuya acción puede estar por fuera de los límites de la ley. La expresión “apoyo irrestricto” es contradictoria en términos democráticos. En democracia, toda acción pública tiene un límite, por tanto, todo apoyo a ella.
Esta situación de defender incondicionalmente a la fuerza pública puede ser explicada desde un deseo, profundo si se quiere, de proteger a las instituciones del descrédito, de mantener la tan necesaria legitimidad institucional. Sin embargo, ese deseo no puede conducir a la ceguera respecto a sus excesos. Hay que señalarlos y condenarlos independientemente del costo en legitimidad; que inclusive puede ser peor a largo plazo de no hacerlo. Incluso en el sector político más identificado con la fuerza pública el apoyo ha tenido límites. Destituciones y cambios de cúpulas se han presentado también en gobiernos de irrestricto compromiso. El límite ha llegado, casi siempre tarde, casi siempre porque toca, casi siempre luego de la tragedia.
Con corte al 9 de mayo, la Defensoría del Pueblo hablaba de 26 muertos y 359 personas desaparecidas. Temblores ONG, con información hasta el 8 de mayo, reportó 39 homicidios, 963 detenciones arbitrarias y 12 casos de violencia sexual por parte de la Policía Nacional de Colombia. No hay ningún modo democrático de apoyar estos hechos, de atenuarlos o ignorarlos. Declarar un apoyo sin límites a la fuerza pública en este contexto es contribuir a que la situación no solo no pare, sino que se agudice.
Hay un modo en Colombia que nos ha conducido al desastre y que hoy se repite: el apoyo irrestricto e irreflexivo a la fuerza pública. El gobierno debe pronunciarse sobre sus abusos, excesos y crímenes. Debe aceptarlos, condenarlos y remediarlos. Debe poner límite antes de que se haga más tarde. De lo contrario, sólo aumentarán y se volverán más horrorosos. Ya lo hemos vivido.
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