Institucionalidad del Estado y justicia

El siglo XX latinoamericano comenzó y profundizó la mirada a las ciudades como foco humano y del desarrollo. Las ciudades capitales aumentaron su población en cantidades alarmantes comparando el inicio y el final del siglo: auge de las industrias y del comercio, los grandes terrenos que se podían empezar a ocupar, la centralización del poder y la mejor intervención del Estado en estos territorios, hacían que muchos migraran del campo a la ciudad. En el caso colombiano, las migraciones forzadas a causa del conflicto armado fueron significativas, hasta el punto que hoy hacen parte de la configuración compleja de las ciudades capitales en el país.

Muchas narrativas, digamos, del despojo y del desarraigo, emergieron en el continente; menciono, por ejemplo, al gran Rulfo que en el cuento Nos han dado la tierra, uno de los personajes le expresa al representante del gobierno la imposibilidad de arar la tierra en ese llano, en tierra dura, en tierra olvidada. Éste le responde: “- Eso manifiéstenlo por escrito. Y ahora váyanse. Es al latifundio al que tienen que atacar, no al Gobierno que les da la tierra”. Una vista de reproche y desencanto con el campo, un pasado agrario que se tenía que superar rápidamente, pues el desarrollo estaba exigiendo nuevas condiciones de organización y estructura social nacional: Rulfo nos muestra como la institucionalidad del Estado no siempre es semejante a la idea de justicia.

Curiosamente, durante este año representantes del Estado colombiano (como el presidente Santos), han profundizado un discurso, característico de gobiernos autoritarios, que considera la defensa de la institucionalidad y la norma como lo más importante. No pretendo invitar a una desinstitucionalización de la función estatal, ni mucho menos incentivar el incumplimiento de las normas, pero si cuestiono la profunda creencia que tienen estos representantes (y muchos ciudadanos) en dicha institucionalidad. ¿Para quiénes se construye ésta institucionalidad? ¿Cuál es la historicidad de nuestras instituciones que nos permite ubicarnos en un descreimiento en sus acciones? ¿Institucionalidad o justicia?

Dos situaciones que tienen tanto largo como ancho, demuestran una institucionalidad debilitada y necesaria de replantearse. Primero, los ya conocidos lazos entre institucionalidad estatal y grupos armados, evidencian la clara connivencia, tolerancia y trabajo conjunto por una para-institucionalidad con funcionalidad y eficacia, principalmente en territorios alejados, en territorios que se han abandonado y donde la presencia estatal se manifiesta, si acaso, en redes clientelares y violencia. Es la situación del surgimiento y consolidación paramilitar en el Urabá antioqueño (paradigma de éstas relaciones), donde investigaciones de la Fiscalía concluyen que el accionar paramilitar no habría sido posible sin la fuerza pública y sin ese lugar, que es la Brigada XVII, epicentro de orquestaciones hacia líderes campesinos, sindicales y ciudadanos en general, en un plan que han denominado terroríficamente la pacificación del Urabá (http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/juicios/5290-paramilitarismo-en-uraba-no-habria-sido-posible-sin-fuerza-publica-fiscalia). Aquí se observa como la institución militar ha tomado posición y acción en las dinámicas del conflicto.

Segundo, las oficinas de planeación han configurado en las ciudades capitales escenarios de exclusión y división territorial, generando ya no solo la ruptura entre campo/ciudad, sino enormes espacios de desigualdad al

interior de ellas mismas. Como el caso de Medellín que desde muy temprano el siglo XX se comenzó a gestar grandes cinturones de miseria en las periferias que hoy se conservan, algunos, inmodificados: la institucionalidad del Estado ha segregado y ha servido a los intereses del capital, nada más lejano a una ciudad incluyente y construida desde sus bases. ¿Son ejemplos éstos de la institucionalidad que el Presidente de Colombia pide defender? ¿Cuáles son sus intereses impronunciables, cuando con un sentido patriótico habla de institucionalidad?

En estas situaciones se demuestra que la institucionalidad en Colombia no ha cumplido con los objetivos de un Estado Social de Derecho; ruralidad y urbanidad son un binomio que reclaman presencia conjunta de un Estado responsable. Vemos que la institucionalidad del Estado debe ser revisada en su conjunto, responder a las necesidades sociales y actuar bajo la premisa y el ideal de justicia, reduciendo los grandes espacios de acción del presidencialismo/personalismo y configurando un Estado más comunitario. Por encima de la seguridad jurídica y la institucionalidad, señores Representantes del Estado Social de Derecho, está la igualdad material, la dignidad humana y la justicia, y eso solamente se logra con instituciones serias y sólidas, no cercanas a la mafia y sirvientes del clientelismo.