“la pelea no terminará aquí y seguro habrá muchos obstáculos en la aplicación de más restricciones a los productos que afectan la salud de los colombianos, sin embargo, hoy sin duda alguna podemos afirmar que en el país se ha establecido un impuesto a la muerte.”
Mucho revuelo ha causado el anuncio de la pronta aplicación de un impuesto adicional a las bebidas azucaradas y los alimentos ultra procesados en el territorio nacional, a pesar de que este anuncio se había mencionado previamente durante las campañas presidenciales, tras su confirmación, las reacciones políticas y empresariales no han dado espera, mientras que, la población, con dudas frente a lo que este impuesto conlleva, se manifiesta en pro y contra de tal medida.
El desconocimiento por parte de los colombianos y las reacciones negativas de tantas facciones políticas y empresariales son un resumen bastante adecuado de dos elementos distantes, pero íntimamente asociados en el entorno de mercado nacional, uno, el interés político y económico de algunos grupos, de mantener sus monopolios a como dé lugar, incluso sobre la salud de sus consumidores, y, por otro lado, la poca conciencia de autocuidado y pésima línea de alimentación de la mayoría de los colombianos.
Si bien en nuestra cultura se ha arraigado profundamente el consumo de ciertos productos en grandes cantidades y se ha normalizado la mala alimentación cotidiana desde la infancia hasta la vejez, ha sido una responsabilidad eludida por los gobiernos el velar por que la salud de los ciudadanos sea un derecho, primeramente accesible cuando esta se ve deteriorada, pero aún más importante, se ha dejado de lado completamente el factor de prevención, que es sin duda el elemento primordial en la manutención de una ciudadanía saludable.
¿Tendrán algo que ver las entidades privadas de salud que tanto facturan con la enfermedad de los colombianos? No vamos a entrar en esa discusión, lo que es evidente es que, dejando de lado las cifras que el COVID – 19 modificó temporalmente, el infarto agudo de miocardio, las enfermedades obstructivas pulmonares, el cáncer y otros tumores de estómago no especificados, siguen siendo las principales causas de muerte en el país, afecciones en las que la mala alimentación y el poco desarrollo de ejercicio físico juegan un papel indispensable.
Sin duda a las grandes élites empresariales que llenan sus bolsillos de billetes mientras inundan nuestros sistemas de azúcar y conservantes cancerígenos, no les interesan mucho las principales causas de muerte en los colombianos, ni que sus productos deterioren el hígado, las paredes estomacales o alteren el sistema nervioso, siempre y cuando sean consumidos y el político reciba la coima adecuada para seguir comercializando, no hay mucho más que discutir.
Sin embargo, para un gobierno que busque realmente la salud de sus pobladores y que además pretenda establecer un sistema de salud pública con recursos limitados en el que sea la salud el principal eje de trabajo y no la enfermedad, es indispensable crear caminos que construyan una conciencia colectiva sobre la importancia de la alimentación, los riesgos de este tipo de productos y además plante cara a los empresarios para motivar la sustitución de estos por similares más sanos, mientras se desestima el consumo de azúcares, grasas saturadas y conservantes en la ciudadanía.
La discusión sobre la alimentación siempre ha sido amplia y compleja, recuerda mucho la campaña de etiquetado aplicada en México y tan perseguida en Colombia, la pelea no terminará aquí y seguro habrá muchos obstáculos en la aplicación de más restricciones a los productos que afectan la salud de los colombianos, sin embargo, hoy sin duda alguna podemos afirmar que en el país se ha establecido un impuesto a la muerte.
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