Un hombre para todas las Estaciones*

Tomás Moro: Usted amenaza como un bracero de puerto.

Cromwell: ¿Cómo debo amenazar entonces?

Tomás Moro: Como un Ministro de Estado. Con la justicia.

Cromwell: ¡Ah! Es la justicia la que lo amenaza.

Tomás Moro: Entonces no me siento amenazado.

De la obra de teatro de Robert Bolt (1960)

La semana pasada en mi columna en este mismo medio, llamaba a la cordura, a la responsabilidad y a la calma frente a la difícil situación por la que pasan nuestras instituciones; invitaba a un debido cuestionamiento sobre quienes las lideran, sobre sus acciones y sobre las motivaciones y sustentos de sus decisiones. Dije antes, e insisto ahora, que no obstante sus imperfecciones, fracturas y dificultades, las instituciones y el Estado de Derecho son nuestra única opción y que nuestro derecho –deber- a criticarlas y controlarlas no debe nunca llegar al punto de desconocerlas o destruirlas.

De manera muy limitada, en dos frases de un párrafo, me referí a lo que no queríamos ni debíamos permitir en nuestras instituciones y en quiénes las lideran. Esta semana quiero ser más directo y más contundente. Me animan algunos comentarios a mi columna pasada pero, sobretodo, el hecho de que una, y quizás dos, de las más poderosas y cuestionadas instituciones del país se quedarán pronto sin titular y habrá procesos de elección.

Por fuera de la Rama Ejecutiva, la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación son, claramente, las dos instituciones más poderosas en el país. Su autonomía, su presupuesto, su nómina, su presencia y alcance territorial; sus atribuciones judiciales y disciplinarias y el hecho de que sean cargos unipersonales permiten que los titulares de la Fiscalía y Procuradoría General ejerzan un enorme poder sobre el desarrollo de la vida institucional y sobre el accionar de nuestros servidores públicos, de los políticos, de los empresarios y de los ciudadanos del común.

El Fiscal y el Procurador pueden, con una autonomía e independencia enorme, tomar decisiones que afectan la libertad, el patrimonio, la función pública -actual o futura-, y el buen nombre de cualquier ciudadano mayor de edad en el caso del primero, y en el del segundo, de cualquier funcionario público o particular que ejerza funciones públicas. El Fiscal, al frente de un verdadero “ejercito” de fiscales, investigadores, policía judicial y expertos en criminalística tiene en sus manos el desarrollo de la política criminal de la nación; el Procurador es juez disciplinario en primera y segunda instancia y lidera a un inmenso equipo de procuradores delegados, regionales y provinciales. No hay rincón del país ni ciudadano (salvo unos cuantos aforados) que estén más allá del alcance funcional de uno y otro.

Un poder con estas características y alcance requiere prudencia, responsabilidad, cordura, conocimiento, humildad, ecuanimidad, grandeza e independencia. Quienes lideren el ente acusador y el Ministerio Público no deben ser protagonistas mediáticos ni líderes de opinión. Lo suyo no son las columnas periodísticas o las opiniones sueltas. Sus pronunciamientos judiciales y disciplinarios son su voz y su presentación. Allí, y sólo allí, debe quedar consignada su posición frente a los temas objeto de decisión. La comisión de un delito o la violación al régimen disciplinario no son temas ligeros o anecdóticos y por ende las decisiones que se tomen desde tales entidades se deben comunicar con sobriedad y objetividad. En el fondo, las decisiones acusatorias, de detención y sancionatorias de cualquiera de estas entidades denotan un fracaso de la sociedad en pleno y eso no se nos puede olvidar.

El o la Fiscal o el o la Procuradora pueden pertenecer o profesar una religión o creencia; tener posiciones políticas y opiniones frente a todos los temas de la agenda pública del país e incluso tener, y todos tenemos, taras, inseguridades, preguntas y prejuicios. Lo que jamás puede ocurrir es que las decisiones de la Fiscalía y la Procuraduría sean motivadas, sustentadas y proyectadas por las posiciones políticas, las creencias religiosas o las opiniones personales de sus titulares. Desde estas entidades no se puede legislar ni desconocer o cuestionar precedentes judiciales. La defensa de los derechos humanos encomendada el Ministerio Público no incluye la reinterpretación o el desconocimiento de las sentencias constitucionales o de tutela. Amenazar con investigar e investigar a funcionarios públicos porque en el cumplimiento de sus funciones y con respaldo legal, apoyan políticas contrarias a sus creencias religiosas es una perversión de la función disciplinaria y una instrumentalización lamentable de la Procuraduría.

Yo espero que el próximo Fiscal y el próximo Procurador sean prudentes y silenciosos. Que sus providencias y decisiones sean documentos impecables, sustentados en la ley, en los precedentes y en los principios democráticos. Espero que puedan asumir por las vías institucionales los grandes temas del país que requieran de su competencia, pero que no compartan con nosotros sus respetables opiniones personales sobre los mismos. Espero que sean grandes administradores para que los principios de oportunidad, celeridad, austeridad y economía se cumplan. Espero que ni la moda ni la presión mediática ni la conveniencia política aconsejen sus tiempos y sus acciones. Espero, finalmente, que otra vez en las aulas de las facultades de derecho los estudiantes idealistas e inspirados, amantes de la justicia, vuelvan a soñar con llegar a ser Fiscales y Procuradores.