En su largo vieja de regreso a Ítaca, después de combatir en la guerra de Troya, el astuto Ulises tuvo que atravesar las procelosas aguas del estrecho de Mesina, a cada uno de cuyos lados había un terrible monstruo: Caribdis, a la derecha, Escila, a la izquierda. El mar embravecido arrojaba de un lado a otro el frágil bajel poniéndolo sucesivamente bajo las aterradoras fauces del maligno Caribdis o al alcance de las terribles garras del perverso Escila.
Después de años de estudios; de duros trabajos para lograr el cierre financiero; de superar durante la construcción grandes retos de ingeniería, desafíos ambientales, desmesuradas demandas sociales y amenazas terroristas; Hidroituango navega hoy entre Quintero Calle y Córdoba Larrarte, un par de novedosas amenazas que nunca había enfrentado un proyecto de EPM en toda su historia y que ameritan una revisión total de las metodologías de análisis de riesgo.
Ni el más potente algoritmo de Google aplicado en todo el planeta habría podido encontrar un par de personajes más insensibles al método racional y a la argumentación razonable y rodeados, por desgracia, de los asesores más serviles e incompetentes – o ambas cosas a la vez – que se pueda uno imaginar.
La lectura de la demanda de la alcaldía contra los consorcios y de los sucesivos fallos de la Contraloría provocan una desazón intelectual y un desasosiego emocional que lo hacen a uno exclamar: ¡Dios Mio, en manos de quién estamos!
A esta altura de la historia, los abogados de la Contraloría, que llevan más de tres años metidos en un proceso que tiene que ver con una planta productora de electricidad, no distinguen entre energía y potencia y escriben idioteces como “Hidroituango no ha producido un solo KW” o “estaba programada para generar 2.400 MW diarios”. Está bien, no tenían por qué saberlo al principio de la historia, pero es increíble que a estas alturas no se le haya ocurrido preguntar.
Ese es el principal problema de los fallos de la Contraloría: los abogados que los redactan no preguntan nada a nadie y no se les ocurre preguntar porque creen saberlo todo. La ignorancia no es un vacío sino una llenura, decía Platón. Una llenura de prejuicios. Conocer no es saberlo todo, es saber hacer las preguntas en los términos de un ciencia o disciplina y buscar la respuesta aplicando el método científico, es decir, buscando evidencias. El ignorante no conoce los términos ni sabe hacer las preguntas. El ignorante no pregunta porque cree saberlo todo, de ahí su extrema peligrosidad.
La principal acusación que se hace a los encartados es no haber actuado “con la diligencia del buen hombre de negocios”. Esto es fundamental y vamos a examinarlos con cuidado pues de ahí se desprende la sindicación de culpa grave.
¿Cómo llegan los abogados de la Contraloría a esa conclusión? Aplicando en todos los casos la falacia de la falsa causa. Para entender esto es necesario descomponer el “método de prueba” la Contraloría. Veamos:
El túnel ciertamente colapsó. Los abogados de la Contraloría no pudieron establecer que el túnel cayó porque los constructores construyeron mal o porque los diseñadores diseñaron mal o porque los interventores interventoriaron mal o porque los asesores asesoraron mal. Tampoco pudieron los abogados de la Contraloría encontrar el más leve signo de corrupción.
Faltos de un responsable directo o de un corrupto para caerle con todo, los abogados de la Contraloría se inventaron la teoría de las múltiples circunstancias causales que se presentaron a lo largo de 10 años y que inexorablemente condujeron al colapso del túnel el 28 de abril de 2018. Toda decisión tomada o, incluso, dejada de tomar entre el 1 de enero de 2008 y el 28 de abril de 2018 era susceptible de ser interpretada como causante del colapso del túnel y todo participante o no participante como responsable de esa calamidad. Necesariamente es una decisión mala, ergo, quienes la tomaron “no actuaron con la diligencia del buen hombre de negocios” y por tanto su culpa es grave.
Las hojas de vida de los abogados de la Contraloría no muestran más que pequeños cargos en burocracias municipales o departamentales. Ninguno de ellos, ninguno, muestra experiencia en negocio o empresa alguna. La experiencia más notable del propio contralor Córdoba en materia de negocios es haber dirigido el programa anti-contrabando de la Federación de Departamentos.
La “falta de diligencia del buen hombre de negocios” es un elemento fundamental en la condena de responsabilidad fiscal la Contraloría. Sus abogados no tienen derecho a imaginar, a suponer o a inferir por introspección que los encartados no fueron diligentes. Tienen que probarlo. No pierdan el tiempo: en las más de dos mil páginas no se encuentra un concepto o dictamen de experto sobre el asunto. La Contraloría ha debido consultar a dos, tres, cuatro escuelas de administración o negocios. Pero no. La conclusión sale de la cabeza de personas que jamás han tenido un negocio o una empresa o trabajado en la de otro.
La otra acusación que abunda en el fallo de la Contraloría son los supuestos “problemas de planeación, decisiones inoportunas e insuficientes de administración, dirección y control, falta de diligencia de contratistas…”. Los abogados de la Contraloría no saben como funciona una hidroeléctrica ni tienen idea de su construcción, no visitaron ni una vez el proyecto que estudiaban, no recibieron asesoría especializada en materia de túneles, presas, hidrología, etc. No hay en el fallo un solo soporte pericial sobre la falta de planeación o las decisiones inoportunas procedente de una asociación profesional o escuela de ingeniería. No creyeron necesario preguntarle a nadie, a ningún experto porque ya todo lo saben, porque todo lo pueden deducir, ¡oh mentes privilegiadas! leyendo actas de junta directiva.
Para hacer honor a la verdad, hay que decir que la Contraloría si tuvo un asesor en temas técnicos. Se trata del ciudadano venezolano Jonathan Augusto Cárdenas Chacón, un ingeniero civil graduado en 2007 y con un master no concluido en gerencia de construcción. La hoja de vida del señor Cárdenas Chacón no reporta estudios ni experiencia en geología, geotecnia, hidráulica o hidrología ni participación en diseño, construcción o interventoría de centrales hidroeléctricas. La última experiencia técnica reportada por el señor Cárdenas es la de “residente técnico de interventoría”, entre el 1 de octubre de 2019 y el 31 de enero de 2020. ¡Háganme el favor!
Pero además de inferencias absurdas y conclusiones sin fundamento ni prueba pericial alguna, los abogados de la Contraloría tuercen la verdad. En efecto, otra de las acusaciones de la Contraloría a varios de los imputados es que ignoraron las recomendaciones del Board de Expertos sobre la galería auxiliar de desviación, quienes supuestamente la desaconsejaban. Esto es enteramente falso pues en su sexto informe, de diciembre de 2014, la junta de expertos expresó lo siguiente:
“Desde la última reunión de la Junta en julio de 2014, Integral estudió cinco alternativas para complementación de la desviación del rio en su cierre final, contando con la colaboración de la firma consultora INTERTECHNE, como fue decidido anteriormente. Las alternativas estudiadas se enumeran a seguir:
A – Galería Auxiliar conectada con el túnel de descarga 4.
B – Galería Auxiliar conectada al túnel de desviación derecho.
C- Readecuación de las estructuras de cierre en el túnel de desviación derecho.
D- Readecuación de las estructuras de cierre en el túnel auxiliar izquierdo.
E – Dos galerías cortas conectadas con los túneles de desviación derecho e izquierdo.
En el análisis de costos, incluyendo las consideraciones de logística de construcción y riesgos correspondientes a las principales actividades de cada alternativa, fue seleccionada la alternativa A, que presentó el menor costo ponderado por riesgos de las operaciones de construcción. La Junta de Asesores, cuyo miembro N. Pinto tuvo oportunidad de discutir los principales puntos de la alternativa A con el personal de Intertechne, está de acuerdo con esta decisión”
Como es obvio, a los abogados de la Contraloría no se les ocurrió buscar a los expertos y preguntarles sobre el asunto.
La falta de rigor de la Contraloría se expresa de forma palmaria en su insistencia en el plan de aceleración como causa eficiente del colapso de la GAD. Por más que les parezca increíble a los abogados de la Contraloría, en la construcción de cualquier hidroeléctrica o de cualquier obra de ingeniería se presentan eventos que pueden ocasionar retrasos en el cronograma y que frecuentemente dan lugar a la adopción de acciones de emergencia si el costo de la inversión adicional es inferior al costo del atraso de la puesta en marcha del proyecto.
En Hidroituango se presentaron unos desprendimientos de roca en la bóveda de la caverna de transformadores que ocasionaron suspensiones de las actividades del contratista de obras civiles. Para recuperar el atraso causado por dichas suspensiones se concibió y desarrolló el plan de aceleración. El plan de aceleración se decidió en 2015 y nada, absolutamente nada, tenía que ver con la GAD que no hacía parte de la ruta crítica del proyecto. Esto se lo han explicado una y otra vez a la Contraloría en los recursos interpuestos, pero no ha habido forma de que sus abogados entiendan.
Tampoco han preguntado los abogados de la Contraloría sobre las consecuencias de sus decisiones. No se les ha ocurrido pensar que la condena fiscal para recuperar los 4.3 billones – de los cuales el seguro ha pagado la tercera parte – puede causar estragos cuyo valor quintuplica esa suma. No han ido donde el administrador de mercado, la empresa XM, a preguntar sobre le impacto del aplazamiento del Hidroituango en los precios de la electricidad ni el riesgo de racionamiento que ello entraña. No han visitado a la UPME, para informarse sobre el estado de los otros proyectos del plan de expansión y evaluar si están en condiciones de suplir la energía faltante de Hidroituango. No se han pasado por la GREG a inquirir por las consecuencias para EPM de incumplir con sus compromisos de energía firme respaldados por la potencia de Hidroituango. Tampoco se les ha ocurrido preguntarle a BID, principal financiador del proyecto, si el aplazamiento lo llevaría a suspender desembolsos faltantes y a aplicar las cláusulas de aceleración del pago de lo ya desembolsado. No parecen haber hablado con MAPFRE sobre las consecuencias que su fallo tendría sobre la decisión de seguir pagando, como lo ha venido haciendo, el seguro todo riesgo, como quiera que ni el dolo ni la culpa grave son asegurables.
El alcalde Quintero Calle ha querido desde siempre sacar a los contratistas por motivos políticos o, quizás, otros de naturaleza inconfesable. La demanda contra los consorcios, presentada en agosto de 2020, tenía el propósito de desacreditarlos y justificar que sus contratos no fueran renovados. El gerente Rendón comprendió que eso conduciría a la parálisis del proyecto y que las consecuencias caerían sobre su cabeza. Se negó a hacerle el juego a Quintero y entabló con los consorcios una negociación que llevó a la firma del Acta de Modificación Bilateral 39, mediante la cual se renovó el contrato de construcción y los trabajos en la obra pudieron continuar. Quintero estalló en furia y, acusando a Rendón de haberse dejado en engañar al firmar con una empresa, Camargo Correa Infra, creada para evadir responsabilidades por Camargo Correa, lo sacó abruptamente de la gerencia con la complicidad de la junta directiva. Todo eso resultó ser falso como ocurre con excesiva frecuencia con el alcalde Quintero Calle.
En septiembre, el fallo de la Contraloría en primera instancia le abrió a Quintero la oportunidad de deshacerse de los consorcios sin asumir las consecuencias del inevitable retraso del proyecto que eso provocaría. De inmediato se activó el llamado “Plan B” y varias empresas constructoras visitaron el proyecto para enterarse del estado de la obra. Quintero estaba de plácemes pues, una vez se confirmara el fallo en segunda instancia, sacaría a los contratistas, sin importarle la parálisis del proyecto y su gravosas consecuencias, porque eso sería responsabilidad de la Contraloría. A fin de cuentas, él, Quintero, estaba simplemente cumpliendo la ley que impide contratar con responsables de detrimento fiscal.
La suspensión de los términos del proceso de la Contraloría para atender una recusación le arruinó la fiesta a Quintero. Sin una condena de responsabilidad fiscal en firme, no había obstáculo legal para continuar con los contratistas actuales. Como el gerente Carrillo Cardoso sabe – como sabía Rendón López- que él será el responsable de los daños que causaría la parálisis del proyecto, se metió en una intrincada negociación para prorrogar el contrato a CCCI el tiempo requerido para conseguir un contratista sustituto.
El fallo en segunda instancia de la Contraloría se produce en el peor momento, cuando EPM y el Consorcio CCCI habían alcanzado un preacuerdo anunciado públicamente el 25 de noviembre. El contrato actual se prorrogaría 8 meses, más otros tres para un eventual empalme con el contratista sustituto que saldría del proceso licitatorio que se adelantaría entre tanto. Con esto se esperaba poner en operación dos unidades antes del 1 de diciembre de 2022 y cumplir así con el compromiso de energía firme. El mismo día 25 de noviembre la Procuraduría patea el tablero al negar la recusación contra la Contraloría que había suspendido el proceso y al otro día, con increíble celeridad, ésta anunció el fallo en segunda instancia contra las 26 personas naturales y jurídicas vinculadas al proceso. Y ahí está otra vez el País entero en vilo sin saber qué va a pasar con Hidroituango a partir del primero de enero de 2022.
Tiene que haber algo muy deficiente en nuestra democracia que permita que personas como Quintero Calle y Córdoba Larrarte tengan entre manos una decisión que exige una sensatez y una sabiduría de la que evidentemente carecen. Tiene que haber algo muy deficiente en nuestras instituciones que permita la actuación de esos personajes haciendo grandes daños sin que nadie pueda impedirlo. La única que al parecer podía hacerlo era la Procuraduría, pero su titular decidió dejar con las manos libres a ese par de irresponsables. Muy decepcionante la actuación la procuradora Margarita Cabello Blanco.
Como se sabe, eludiendo las amenazas de los aterradores Caribdis y Escila, el esforzado Ulises llegó finamente a Ítaca, con su arco certero castigó a los pretendientes y pasó el resto de su vida en suave tálamo al lado de la dulce Penélope.
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