“El descontento nacional es evidente y la profunda crisis económica que tiene Colombia por delante como consecuencia de la pandemia requiere de medidas extraordinarias y excepcionales para reactivar nuestra economía y en el camino construir una sociedad más equitativa e igualitaria”
La indignación nacional que ha generado el posible aumento salarial de los congresistas en medio de la pandemia por el coronavirus ha sido impactante. Tras la revelación de la composición salarial de los congresistas y los beneficios a los que acceden, muchos colombianos se cuestionan por qué aun estando en la situación actual, los salarios de estos personajes han de aumentar en vez de reducirse. Miremos cómo hemos llegado a esta situación.
Tras la asamblea constituyente de 1991, se estableció en el artículo 150 literales e y f que: “Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: e). Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública; f). Regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales”. y el artículo 187 mediante el cual “La asignación de los miembros del Congreso se reajustará cada año en proporción igual al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores de la administración central, según certificación que para el efecto expida el Contralor General de la República”. Sumado a lo anterior, está la Ley 4 de 1992, que dispone los lineamientos particulares bajo los cuales el gobierno ha de asignar el incremento a funcionarios públicos. Toda esta regulación legislativa compleja y hasta incoherente a mi modo de ver, ha llevado a que desde 1992 a la fecha, el salario de los congresistas haya aumentado hasta 3 veces más que el salario mínimo de manera recurrente dicho periodo de tiempo.
Hagamos cuentas. según el decreto 309 firmado el 27 de febrero de 2020 un congresista de la república, según el grado que ocupe en el escalafón administrativo, puede ganarse como salario básico entre 2,335,845 hasta 9,087,644 pesos colombianos. Es decir, entre 2,5 y 10 veces más de lo que gana un colombiano con el salario mínimo. Además de su salario base, el congresista recibe aproximadamente 14 millones de pesos en gastos de representación, otros 10 millones en primas de servicio especial y sus primas de navidad y vacaciones.
Luego no podemos excluir otros costos asociados al cargo, los tiquetes aéreos semanales a destinos nacionales y mensuales si son internacionales y finalmente los costos operativos y de mantenimiento de sus despachos que pueden ascender fácilmente a los 50 millones de pesos al mes. En otras palabras, si sumamos los demás componentes salariales, un congresista percibe entre 26 y 33 millones de pesos o visto de otra manera entre 30 y 37 veces más que aquel trabajador que percibe su salario mínimo. Ahora, si se incrementara el 5,12% certificado por el contralor, el incremento sería entre un 1,341,000 y 1,702,800 o entre 27 y 34 veces lo que incrementó el salario mínimo para gran parte de la población colombiana.
En el 2018 varios proponentes (recientes protagonistas del escándalo del micrófono abierto) radicaron ante el congreso un proyecto de ley cuyo objetivo era establecer un tope salarial a los congresistas de la república y demás funcionarios públicos como medida de equidad. Dentro de los objetivos se plantea la necesidad de ello citando principalmente que “En América Latina, actualmente Colombia es el segundo país con mayor desproporción entre el salario de los congresistas y el salario mínimo. El salario mínimo mensual de un congresista en el 2018 era de $31,249,680 equivalente al 41.8 SMLMV de este año ($747,242).” Además, como antecedente plantearon los resultados de la fallida consulta anticorrupción la cual, a pesar de no haber alcanzado el umbral requerido por ley, denotaba con una votación del 99.16% de favorabilidad la intención de la ciudadanía por reducir el salario de los congresistas y altos funcionarios del estado.
Si bien estamos hablando de una situación de hace dos años, mi percepción es que estos hechos no han cambiado y al contrario se han profundizado. El descontento nacional es evidente y la profunda crisis económica que tiene Colombia por delante como consecuencia de la pandemia requiere de medidas extraordinarias y excepcionales para reactivar nuestra economía y en el camino construir una sociedad más equitativa e igualitaria. Por tanto, se requiere de manera urgente comenzar por reevaluar los estándares y medidas aplicables para la remuneración de nuestros funcionarios públicos.
Recientemente plantee a mi círculo cercano de qué manera se pudiese establecer un modelo justo de evaluación salarial y dentro de las ideas que más resonaron está la de incorporar un modelo que incluya el valor generado y entregado a la comunidad. Hoy en día desde la economía y las finanzas se trabaja para la creación de indicadores y medidas que puedan reflejar la prosperidad no solo en términos monetarios sino desde dimensiones sociales y sostenibles con el medio ambiente. Estoy convencido que el ser humano actúa en función de recompensas y de acuerdo con como se plantea el mecanismo de obtenerlas, las acciones que desarrollaríamos se ajustarían para alcanzarlas. Aprovechemos la situación para reinventarnos, recordemos las palabras de Albert Einstein “Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”. convirtamos a nuestro país es un referente de equidad.
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