Hubo una noticia reciente que pasó de agache en la opinión pública, en medio de la tragedia ambiental amazónica y el nacimiento de una “nueva guerrilla” se trata de la indemnización que Colombia, deberá pagar a la multinacional Glencore quien actúa en el país en contubernio con la firma C.I. Prodeco, dueño de la mina “Calenturitas” en La jagua de Ibirico, Cesar. El CIADI o Centro Internacional de Arbitraje de Disputas Relativas a la Inversión (adscrito al Banco Mundial), tras un polémico fallo le ordenó a Colombia devolver 19,1 millones de dólares a la compañía minera por una sanción que en 2015 le había impuesto la Contraloría a dicha empresa.
La petición que había interpuesto la empresa tenía que ver con la afectación financiera que sufrió su filial Prodeco, quien en 2010 logró modificar el cálculo de las regalías, por el concepto de la explotación de la mina antes mencionada. El ajuste tenía el visto bueno de Hernán Martínez quien entonces era Ministerio de Minas, durante el gobierno de Uribe, a través de un otrosí o prorroga.
En ese orden de ideas Colombia tendría que reembolsar casi veinte millones de dólares, (sin contar los intereses) puesto que, Glencore pagó la multa impuesta por la Contraloría General. Pero la Contraloría luego determinó que, en 2015 ese ajuste terminó afectando los intereses de la Nación y por ello condenó a Prodeco a pagar 60.000 millones de pesos por el daño patrimonial.
Glencore es una multinacional europea con sede en Suiza, y es considerada la principal empresa privada dedicada a la compraventa y producción de materias primas y alimentos en el mundo, aunque en Colombia sus negocios son de corte extractivista, específicamente en el negocio del carbón mineral. A pesar de tener su sede en Suiza, su fundador fue el belga Marc Rich, acusado en 1983 por las autoridades de Nueva York de medio centenar de delitos financieros, incluyendo evasión de impuestos por valor de 50 millones de dólares, fraude fiscal, falso testimonio, y sostener relaciones comerciales con Irán, país considerado como parte del llamado “eje del mal” por el gobierno estadounidense.
En el 2010 Glencore obtuvo ganancias por el orden de los 145.000 millones de dólares, casi un 40% más que el año anterior, y su beneficio bruto ascendió a un 41% situándose en 3.800 millones de dólares. La compañía cuenta con más de 180.000 empleados y posee activos en más de 28 países incluyendo Latinoamérica, especialmente en el cono sur.
En cuanto a comestibles, esta empresa acapara el 10 por ciento de la producción mundial de trigo, un cuarto de la producción mundial de cebada, canola y girasol para la producción de aceites, teniendo acciones en el mercado brasilero y argentino, donde posee grandes tierras de cultivo. En cuanto a minerales, controla el 50 por ciento del mercado de cobre a nivel mundial, el 38 % de alúmina, el 28 % de carbón mineral, el 60 % de zinc y el 45 % de la producción de Plomo. Es decir, estamos hablando de un gigante que tiene no poca influencia en el mercado global y por ende en el CIADI.
El CIADI por su parte es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, es un apéndice del Banco Mundial (con sede en Washington) creado en 1965 y su labor es mediar en las disputas y diferendos resultantes entre inversionistas y Estados, así como entre Estados (en virtud de tratados bilaterales y multilaterales de inversión) y tratados de libre comercio, del mismo modo que contratos y legislación en materia de inversión extranjera.
El CIADI es un organismo que históricamente (y como habría de esperarse) ha sido servil a las corporaciones y a los estados poderosos. Pasando por encima de las constituciones políticas y de las decisiones de los tribunales locales. En 2015 por ejemplo, Ecuador perdió un litigio con la empresa norteamericana Occidental Petroleum Corporation (Oxy) en medio de un juicio que se prolongó por nueve años y que reclamó 1.400 millones de dólares al gobierno de Rafael Correa, por anular un acuerdo de extracción de crudo en 2006.
En el 2017 el CIADI obliga a Argentina a pagar 383,6 millones de dólares a Aguas de Barcelona, una empresa prestadora del servicio de acueducto en la capital austral, por rescindir la concesión del servicio de aguas de Buenos Aires. Lo que en su momento causó un desbalance y un déficit de la deuda pública distrital. Tras una serie de fallos injustos varios países latinoamericanos han decidido retirarse del organismo, Bolivia lo hizo en 2007, Ecuador en 2009 y Venezuela 2012. Colombia quien ha realizado una pésima defensa de su soberanía y su capital económico, ha tenido que afrontar al menos siete demandas ante el organismo internacional en menos de 5 años, en su mayoría producto de las malas decisiones administrativas o de la firma improvisada de Tratados de Libre Comercio: en 2017 fueron Claro y Telefónica quienes demandaron al país ante la CIADI, tras la decisión del Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá que fallaba a favor del Estado en su disputa con ambas compañías por el vencimiento de la concesión de telefonía móvil que los obligaba a pagar $1,6 billones y $3,2 billones, respectivamente. Luego vendrían Glencore, Eco Oro y Cosigo Resources ltd. (también aurífera) esta última exigió 16.500 millones de dólares de indemnización a Colombia. Tras un fallo de la corte en 2017, dicha multinacional, no pudo explotar oro en el rio Apaporis en el departamento del Caquetá.
Bajo el manto del derecho privado, nace un nuevo modelo de derecho “proempresarial”, que pretende blindar a las empresas y a sus intereses, sobre todo a aquellas cuya razón de ser son los recursos naturales y minerales. Principios jurídicos que se yuxtaponen a la vida, la cultura y el medio ambiente, que quedan desamparados con las concesiones mineras y que en la mayoría de los casos no contempla las consecuencias antrópicas, no tiene un verdadero plan de contingencia ambiental sencillamente porque no es sustentable, estas empresas solo extraen el metal precioso, drenan la tierra, producen dinero, causan un daño irreparable y se marchan. Cuando se firman tratados como el ALCA, se crean “Bloques jurídicos” inexpugnables (y excluyentes) en la mayoría de los casos para el orden jurídico local; que traen como consecuencia impunidad o demandas ante tribunales internacionales que se traducen en contraprestaciones económicas astronómicas; que podrían evitarse si se no se firmasen TLC a diestra y siniestra. Sin poseer la infraestructura ni la capacidad de competir.
Con 69.060.000.000 millones de pesos que es lo que cuesta la indemnización a Glencore y Prodeco, (según la conversión) podrían construirse ocho mega-colegios, o dos hospitales de última generación, podría construirse un acueducto para una población costera, fronteriza o selvática que tanto lo necesitan. Pero los pobres, los lumpen, los marginados no existen en las perspectivas de desarrollo. Son invisibles excepto en época electoral. Los errores se pagan con dinero o con muertes y ambas cosas suceden con más frecuencia de lo que los medios lo divulgan. Son seres invisibles para las perspectivas de crecimiento económico, son un estorbo, -como lo afirma Bolsonaro-
El efecto nocivo de los Tratados de Libre comercio y otros tratados firmados de forma apresurada e irresponsable comienza a pasar factura a las relaciones comerciales internacionales y es de esperarse que ante los organismos supraestatales que sirven de facto a los monopolios mercantiles llevemos las de perder. La soberanía no es solo la defensa del territorio, también es la defensa del capital humano y financiero e incluso allí también estamos fallando como estado, como gobierno y como personas naturales que deberíamos pronunciarnos frente a estas y todas las irregularidades cotidianas.
Bibliografía:
Ammann, Daniel (2009). The King of Oil: The Secret Lives of Marc Rich. Nueva York: St. Martin‘s Press. ISBN 0-312-57074-0.
Ammann, Daniel (2011). El Rey del Petróleo: La apasionante y polémica vida del fundador de Glencore. Madrid: Martínez Roca. ISBN 978-84-270-3787-8.
