Fumigar un problema mundial

Desde que el Gobierno expidió, hace dos semanas, el Decreto 380, por el cual se “adopta un marco normativo especial, independiente y autónomo sobre el control del riesgo para la salud y el medio ambiente” al destruir “cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea”, ha revivido el viejo debate nacional sobre la eficacia de la fumigación de la coca y otras plantaciones usadas para producir narcóticos. Para que nuestras interpretaciones sean más justas con la realidad y como lo dictan el sentido común y la inteligencia, antes de hacer juicios, incluidos los puntos de vista relativos a la política pública para enfrentar el narcotráfico, conviene conocer los hechos relevantes.

1. Colombia está obligada internacionalmente a combatir los estupefacientes. Este deber deriva de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes -enmendada por el Protocolo de 1972-, el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, la Convención sobre el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988 y la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000, tratados adoptados en el marco de la Organización de las Naciones Unidas de los que nuestro país es parte. No es un capricho, por tanto, que exista una agencia multilateral especializada ante la cual todos los gobiernos están representados: la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
2. Por lo anterior, para la comunidad internacional, como lo planteó el Presidente Virgilio Barco ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, las drogas ilegales constituyen un “problema mundial” en cuya solución todos los países tenemos una “responsabilidad compartida”. Este principio fue acogido y reiterado en los 20º y 30º Períodos Extraordinarios de Sesiones de la misma organización, celebrados en 1998 y 2016, como la base orientadora de la acción global contra las drogas ilícitas. Desde la primera de estas reuniones, se aceptó que las drogas provocan “perjuicios para la salud; una ola de delincuencia, violencia y corrupción; la sangría de recursos humanos, naturales y financieros que en otras circunstancias hubieran estado al servicio del desarrollo social y económico; la destrucción de personas, familias y comunidades humanas; y la desestabilización de las estructuras políticas, culturales, sociales y económicas”. Razón tenía el exmandatario liberal, quien ya había afirmado, ante el Parlamento Europeo, que “la solidaridad internacional” en la lucha contra las drogas “es no solamente justa y necesaria, sino oportuna”, “expresión del reconocimiento de que estamos frente a un grave problema de naturaleza global que requiere estrategias también globales”, la misma preocupación de México cuando propone que el narcotráfico sea un crimen de competencia de la Corte Penal Internacional.
3. Quizá lo más importante para Colombia: el negocio de las drogas ilegales financia a muchos de los grupos criminales que llevan dolor y violencia en todas sus formas a nuestros campos y ciudades. (Los mapas del narcotráfico y otras expresiones del crimen coinciden y por algo en el pacto Santos-Farc la cuestión de las drogas ilícitas ocupa un capítulo completo y se acepta que el narcotráfico es conexo al delito político). Lo mismo ha estimado incontables veces el Gobierno de los Estados Unidos, que permitió usar recursos del Plan Colombia para combatir a grupos armados y cuyo portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo en febrero de este año que “es crucial reconocer que los responsables de los brutales asesinatos” de activistas son “los grupos armados ilegales no estatales y los narcoterroristas que causan estragos”, y que Washington se siente “orgulloso de trabajar conjuntamente con los servicios de seguridad del gobierno colombiano y la sociedad civil para fortalecer la protección de los derechos humanos y la seguridad rural, y para combatir los grupos narcotraficantes que dirigen esa violencia”. Y similar evaluación hace la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que en su último informe sobre exámenes preliminares, publicado a finales del año pasado, dijo que ha constatado “que el nivel de violencia en zonas rurales, incluyendo [sic] áreas previamente ocupadas por las FARC-EP, ha aumentado significativamente. Según la información disponible, entre las principales causas del aumento de la violencia están las disputas en curso por el control de economías ilícitas entre múltiples grupos criminales y organizaciones criminales transnacionales”.
4. La cocaína y los cultivos de coca dañan la vida y la naturaleza. La primera es sumamente nociva para la salud humana. Es un potente estimulador del sistema nervioso central que causa dependencia, aumenta la presión arterial y el ritmo cardiaco. Esa toxicidad puede luego crear alteraciones vasculares y distintas enfermedades. Y los cultivos de coca conllevan una deforestación devastadora: se calcula que, solo en 2017, 137 hectáreas de bosque natural fueron sacrificadas diariamente, en tanto que dos hectáreas son taladas y contaminadas para cultivar una con coca; los mismos que reclutan niños para usarlos como escudos humanos en Guaviare y disparan a un bus civil hiriendo a dos niños de 12 y 13 años cerca de Valdivia, usan y destruyen parques naturales para sembrar coca (¿también para evitar la fumigación?). Y a esto hay que añadir otro mal menos visible pero igualmente dañino: el narcotráfico altera la escala de valores de la sociedad, como se lo manifestaron el Presidente López Michelsen a Enrique Santos en Palabras pendientes, y Gabriel García Márquez a la Televisión Española en una entrevista inolvidable concedida a Ana María Navarro en 1995.
5. La aspersión aérea de precisión es la forma más eficaz de reducir el área sembrada con coca y otras plantaciones usadas para producir psicotrópicos, y es la menos riesgosa para la vida humana porque evita las muertes, mutilaciones y heridas provocadas por el narcoterrorismo a quienes valientemente y de buena fe participan en la erradicación manual (entre 2009 y 2018 y según la Policía Antinarcóticos, citada por la Fundación Ideas para la Paz, 126 miembros de la Fuerza Pública y civiles han muerto en labores de erradicación y 664 han resultado heridos). Gracias a la fumigación, Colombia pasó de 102 mil hectáreas de coca en 2002 a 48 mil en 2012. Pero desde 2013 las fumigaciones se suspendieron de facto -la decisión se oficializó en 2015- y el área cultivada empezó a crecer, en promedio, 45% al año hasta alcanzar un máximo en 2018 de, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, alrededor de 170 mil hectáreas y, según el Gobierno de los Estados Unidos, casi 208 mil.
6. El glifosato, acerca de cuyo probable daño a la salud humana por su uso prolongado (no esporádico) no existe consenso científico pero sí exageraciones de pseudoambientalistas que omiten que muchos líderes sociales han sido asesinados porque se oponen a los cultivos ilegales en sus territorios y que callan sobre las consecuencias adversas de las drogas prohibidas, es uno de los herbicidas más usados en la agricultura, libremente comercializado por decenas de empresas y autorizado por más de 160 autoridades regulatorias en el mundo. Solo en Colombia hay más de 100 formulaciones o presentaciones de glifosato con registro aprobado por el Instituto Colombiano Agropecuario, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y el Instituto Nacional de Salud. Y, en cualquier caso, existe el conocimiento y la tecnología para rociar las zonas sembradas con precisión y reduciendo supuestos peligros.

Por todas estas razones y porque el decreto del Gobierno implementa las órdenes de la Corte Constitucional para mitigar el hipotético daño que causa el glifosato, somete la política a control y revisión permanente, define áreas protegidas y respeta el derecho a la consulta previa, la aspersión aérea parece lo correcto. Se trata, al fin de cuentas, de fumigar un problema mundial.