Recientes publicaciones de El Colombiano documentaron los problemas de seguridad que aquejan al Departamento y motivaron la propuesta del Gobernador de crear una sobretasa a cobrarse con la factura de electricidad. Con su presencia en la Asamblea, 100 de los 125 alcaldes de Antioquia dieron testimonio de la gravedad de la situación en sus localidades que, mutatis mutandis, se asemeja a la encontrada por el expresidente Uribe en 2002 y que le llevó implantar el impuesto al patrimonio.
En la asignación de bases gravables y en la distribución de los recursos del SGP, los departamentos son las cenicientas de la organización territorial. Sus rentas propias provienen de los tributos coloniales declinantes -el juego, el licor, etc. – y reciben el 30% de las transferencias. Ante esta situación, en la mayoría de ellos, la gestión se reduce a preparar y gastar, sin grandes pretensiones, un magro presupuesto y, ante los problemas de seguridad, mirar para otro lado o rogar a la Nación por una ayuda que no llegará.
El Gobernador de Antioquia decidió enfrentar el problema de un pie de fuerza escaso, instalaciones militares destruidas y carencia de equipo para enfrentar a los delincuentes, con una inversión cercana al billón de pesos en cuatro años, que se financiaría con dicha sobretasa.
Como se trata de financiar un gasto extraordinario o no recurrente, debe hacerse uso de los instrumentos de la hacienda pública extraordinaria, es decir, los impuestos extraordinarios – leva de capital y capitación generalizada – y empréstito extraordinario. La elección entre uno y otro instrumento o, mejor aún, su combinación, depende de las circunstancias económicas y políticas prevalecientes.
En sus Principios Hacienda Pública, escribe, Luigi Einaudi: “… El impuesto extraordinario es un instrumento más oneroso que la deuda pública y debe usarse solo para conocer la voluntad de los ciudadanos en cuanto a la conveniencia de realizar o no el gasto extraordinario. El impuesto debe decretarse y forzarse hasta aquel punto en que la presión no se haga demasiado dañosa para los contribuyentes…”. Además de evitar los efectos dañosos y la irritación de los ciudadanos, la combinación de los dos métodos es conveniente, dice Einaudi, para evitar la tentación de convertir en permanente un impuesto transitorio.
Una tasa de cinco mil pesos mensuales a las familias de estratos 1, 2 y 3, y otra de diez mil, a las de los estratos 4, 5 y 6, darían unos seiscientos mil millones en cuatro años. Los restantes cuatrocientos mil podrían fácilmente obtenerse con la banca local o, incluso, con una emisión de bonos de libre suscripción.
Cinco o diez mil pesos es el precio de una cerveza y no está fuera del alcance de cualquier familia, sufragarlos y contribuir, como ciudadanía activa, así a su propia seguridad. Hay que desechar la falacia de que debe cobrársele solo a las empresas para evitar perjudicar a los pobres, ignorando que la tributación corporativa excesiva los afecta por la vía de precios más elevados, salarios más bajos o, peor, desempleo o informalidad.
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