Fedesarrollo ha presentado un conjunto de propuestas para realizar en Colombia lo que denominan, siguiendo una moda que hace carrera en el mundo entero, un nuevo “contrato social” post COVID-19. Hay buenas propuestas, otras regulares y algunas definitivamente malas.
Pero el principal defecto del documento no proviene tanto de su contenido como de lo que le falta y de los errores del diagnóstico implícito. Abundan las propuestas de reforma tendientes a la distribución de la riqueza y escasean las que promueven su creación. Mucho sobre la repartición de la “torta” y poco sobre su crecimiento.
Mucho sobre un estado que redistribuye y poco sobre la actividad privada, que, en un ambiente de libertad económica y seguridad de la propiedad, es la que crea la riqueza que supuestamente se debe distribuir. Mucho sobre sacudir el árbol para hacer caer sus frutos y poco sobre su siembra, abono y cuidados para hacerlo crecer vigorosamente y fructificar con abundancia hoy y en el futuro.
Las últimas reformas y acciones tendientes a estimular el crecimiento del árbol, para seguir con la metáfora, fueron las realizadas en la presidencia de Gaviria Trujillo y, después del penoso interregno de Samper y Pastrana, en las de Uribe Vélez, especialmente en la primera. Los cambios estructurales de la administración Gaviria – apertura económica, la reforma a la seguridad social, la laboral, la financiera y a los servicios públicos domiciliarios – se ahondaron y consolidaron en los gobiernos de Uribe, cuya política de seguridad democrática reestableció la confianza sin la cual no hay inversión ni crecimiento sostenido.
No se puede ocultar el hecho de que el País estaba mal parado fiscalmente cuando sobrevino la pandemia, como consecuencia de las acciones de los gobiernos Santos y sus ministros de hacienda que dilapidaron, en gasto burocrático y clientelista, la bonanza petrolera y dejaron el país extremadamente endeudado. En los ocho años de Santos, la deuda pública externa casi se duplicó en términos absolutos y se elevó en más de 8 puntos como porcentaje del PIB, pasando de 13,8%, en 2010, a 21,9%, en 2018.
Entregado como estaba a sacar a cualquier costo los acuerdos de La Habana, Santos Calderón pospuso la continuación de la reforma a la seguridad social, la eliminación de parafiscalidad, la focalización de gasto público en subsidios y otras reformas al mercado laboral, que desde hace mucho tiempo se sabe son necesarias para reducir la informalidad y el desempleo estructural. En fin, reformas tributarias de Santos tuvieron un corte meramente fiscalista para atender la incontinencia del gasto que caracterizó sus gobiernos.
Hay que decirlo con toda claridad: Santos Calderón es responsable de la fragilidad fiscal del estado para hacer frente a la pandemia y de lo que pudorosamente Fedesarrollo llama los “grandes problemas estructurales de la economía colombiana” que supuestamente se deben superar con el “nuevo contrato social”. Fueron ocho años durante los cuales nada se hizo en lo laboral, lo tributario y lo pensional para impulsar la inversión y el crecimiento económico sostenible.
Pero además de dejar un estado frágil fiscalmente y una economía con “grandes problemas estructurales”, los gobiernos de Santos, con los acuerdos de La Habana, dejaron no solo un estado sino toda una sociedad debilitada en los valores republicanos de la libertad y el orden. Hoy la libertad económica no es vista, por gran parte de la población imbuida por el discurso igualitarista, como un derecho de los individuos que el estado está obligado garantizar y respetar, sino como una concesión graciosa que ese estado otorga o suprime a voluntad. Las condenas políticas y mediáticas a la acción de la fuerza pública cuando reprime a los vándalos en las ciudades o combate a los criminales en las selvas muestran un grave debilitamiento del respeto por el orden democrático.
Ninguna propuesta sobre Colombia puede ignorar el estado de la libertad económica y del orden democrático y las amenazas que pesan sobre la seguridad de las personas y sus propiedades. Hay una curiosa clase de economistas que, supuestamente, se inclinan por la economía de mercado, pero omiten decir una palabra sobre el tema de la propiedad, como si el mercado no fuera otra cosa que un intercambio de derechos de propiedad, ignorando así que ese mercado se marchita cuando los derechos de propiedad son frágiles y no reciben del gobierno la protección debida.
Nadie puede estar en desacuerdo con focalizar mejor el gasto social, con proteger a la vejez desamparada o aliviar temporalmente la situación de las personas que pierden su trabajo. El desacuerdo surge cuando se discute la forma de lograr esos y otros loables objetivos, es decir, el problema de saber si eso se hace con la profundización del asistencialismo mendicante, que vuelve a las personas dependientes del gobierno, o mediante una economía privada que crece vigorosamente y se diversifica en su estructura productiva y genera empleos de calidad y bien remunerados.
Aparte de una reforma laboral muy limitada, toda la propuesta de Fedesarrollo está orientada a profundizar y perfeccionar el asistencialismo, financiando, claro está, con más y mejores impuestos. No hay una sola palabra sobre la reducción del gasto público burocrático, como si el gobierno de Santos no hubiera resucitado tres ministerios suprimidos por Uribe y creado como 20 “Agencias” para acompañar, ¡háganme el favor!, el trabajo de los ministerios o como si el gobierno de Duque no se hubiera inventado otros dos ministerios y múltiples consejerías.
En lo referente a la tributación, Fedesarrollo se inclina por la idea facilista de desplumar las empresas manteniendo una elevada tasa corporativa cuando todos los países del mundo la están reduciendo. Propone también un impuesto a la riqueza o al patrimonio, que ha sido eliminado por la mayoría de los países que en algún momento lo adoptaron, porque todo mundo entiende que de la riqueza de los ricos es en último término el capital productivo de la economía que se acrecienta con la inversión.
El elevado desempleo estructural y la informalidad no son problemas económicos sino creaciones de la política laboral. Está demostrado hasta la saciedad que un salario mínimo uniforme para todo el País produce desempleo o informalidad por la sencilla razón de que no se le puede pagar a un mesero en Quibdó lo mismo que se le paga en Bogotá. Está demostrado hasta la saciedad que los elevados costos de despido inhiben a los empresarios de ampliar la nómina sin seguridad casi absoluta de que las ventas esperadas se van a materializar.
El salario mínimo y los elevados costos de despido protegen a los trabajadores de la economía moderna y a los empleados públicos y castigan a los desempleados y los trabajadores menos capacitados. Puede ser que esas cosas sea difíciles hacerlas entender a los políticos y que provocan la reacción airada de los sindicatos de izquierda, pero el deber de los economistas es combatir los prejuicios y no ceder a los intereses creados.
La propuesta de asistencialismo tecnocrático de Fedesarrollo – que con algunos mases y menos puede ser acogida por los estatistas de izquierda o derecha – contrata desde el título mismo con los planteamientos vigorosamente liberales presentados por Libertank https://www.libertank.com/ en un sólido documento titulado Tres propuestas para el crecimiento y el empleo que se puede consultar en este vínculo https://www.libertank.com/publicaciones
Como voy a dedicar otra nota su análisis, me limito por ahora a reproducir la introducción al documento que invito a consultar en el enlace citado:
“En su objetivo de ayudar a construir un país con mayor libertad económica, Libertank da a conocer a la opinión pública tres novedosas propuestas, que, de ser aplicadas correctamente, promoverían el crecimiento económico y la generación de empleo formal en Colombia; sentidas necesidades actuales.
- Reducción de la burocracias y eficiencia en el gasto público
- Impuesto sobre la renta proporcional y simplificado
- Salario mínimo diferenciado por regiones
Cabe resaltar que dichas propuestas han sido estudiadas juiciosamente y puestas en consideración de diversos expertos durante varios meses, cuyos aportes fueron fundamentales en su análisis y construcción”.
El documento de Libertank es una gran contribución para establecer los términos del debate político y económico que debe encarar Colombia:
- La primera opción es la del estatismo asistencialista de izquierda o derecha que, con una economía raquítica y agobiada por la tributación expropiatoria, busca hacerle llevadera la pobreza a unos pobres minados en su dignidad y cada vez más dependientes del gobierno y de la clase política corrupta.
- La segunda opción es la de una economía liberada de las ataduras normativas y tributarias que limitan la capacidad individual de comprar, vender, invertir, crear empresas y asumir riesgos por personas ricas o pobres, pero en todo caso responsables de su propio destino y solidarias con aquellas a las que definitivamente les vaya mal.
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