“Masacre de cuatro niños indígenas debe ser más que suficiente para hacer un corte de cuentas, y replantear la política de paz propuesta por el gobierno del cambio. Mano firme es la que se requiere frente a unos criminales que aprovecharon el cese bilateral al fuego, y 5 meses, para fortalecerse y recuperar territorios.”
Difícil será para su mandatario, Iván Cepeda, María José Pizarro, Gustavo Bolívar, y demás actores de la izquierda, tapar con un dedo la cruda realidad que transita la apuesta de paz que propusieron al país. Locuacidad discursiva en medios de comunicación y plataformas digitales, que se emplea para desviar la atención, no encuentra cómo explicar y justificar que se limitó, por decisión gubernamental, la capacidad militar-operativa de la fuerza pública agudizando la inseguridad en la nación. Fracaso estruendoso ha sido el diseño de un proceso del que, paso a paso, se han bajado las organizaciones al margen de la ley. Divergencias con el ELN por anuncios sin acuerdos previos, paro armado del Clan del Golfo en el Bajo Cauca, reclutamiento y masacre de niños por parte de las “disidencias” de las FARC, son la materialización de la baja, por no decir nula, voluntad de paz que tienen los grupos al margen de la ley.
El no combatir, y aplicar el peso de la justicia, a los delincuentes es lo que permite que grupos criminales sigan secuestrando, extorsionando, matando soldados y patrullando amplias zonas territoriales como si nada. Mano tendida, que concede todo sin recibir algo a cambio, es el rédito, que brinda un sector ideológico que tiene en su haber un cúmulo de errores, hechos circunstanciales que ponen en vilo la seguridad de los ciudadanos. Falta de idoneidad de su presidente, para ejercer el poder y gestionar las políticas públicas, exalta la urgente necesidad de buscar asesores, voces para ser escuchadas, al tiempo que se cambia, por incompetentes, al Comisionado de Paz y el Ministro de Defensa. Bofetada a la paz total es el crimen atroz de cuatro menores, que a todas luces transgrede las bases del Derecho Internacional Humanitario, violencia que hoy se padece y es el cúmulo de falacias fabricadas por grupos narcoguerrilleros con la anuencia de fanáticos militantes adoctrinados.
Responsable de la reprochable escalada de violencia que vive Colombia, en este momento, es Gustavo Francisco Petro Urrego y las fuerzas políticas aliadas al Pacto Histórico, jugada estratégica de la paz total se les revirtió y dejó al país en manos de los terroristas. Laxitud que se ha tenido con los malhechores, para revestirlos de gestores de paz, envalentona a las milicias urbanas (primeras líneas), los ejércitos estatales coordinados por las guerrillas, y las guardias campesinas, clanes que imponen su ley y profundizan el desgaste político y social que trae consigo la testaruda apuesta de “desmovilización” de grupos armados con acuerdos imperfectos. Parcialidad que acaba con la intranquilidad de las capas poblacionales, y enciende las alarmas frente a lo que está por venir en los próximos comicios regionales.
Comunicado de las FARC desnudó todo lo que se teje alrededor de la paz total, señalamiento al gobierno de actuar a espaldas del pueblo, con promesas y discursos, sustenta el por qué se cataloga a la administración Petro Urrego como la menos seria para entablar conversaciones. Clima de tensión, ambiente polarizador que invade a Colombia desde la izquierda, quiere minimizar los factores que recrudecen la confrontación violenta, atribuir a actores políticos de la oposición la figura de detractores de la paz. Propuesta improvisada, sin forma y contenido, que se gestó como un pacto histórico por la nación se desmorona frente a las masacres, las prebendas que se brindan a los malhechores, los pactos con figuras non sanctas, y el cambio prometido que no llega a los nadies.
Obligación de los colombianos es no dejar de lado las lecciones aprendidas del “nobel” acuerdo de La Habana. El imperfecto pacto ha estado rodeado de múltiples opiniones, enfrentamientos ideológicos, que en el tiempo han trascendido y con los hechos han hablado por si solos. Crisis y “sapos”, que se ha tragado el país, no puede hacer parte del paisaje los límites innegociables e intraspasables que se deben tener en el marco de lo coherente y lo racional. Narrativa de crisis exacerba el miedo y la indignación de una sociedad que atónita comienza a descubrir que las FARC resucitaron con un brazo político común y una fracción armada, narcoterrorista, en la zona rural. Construcción de la paz total no admite que se trace una línea de impunidad a bandidos que articulan la verdad, desde el artilugio de la palabra, para obtener beneficios y ser eximidos de penas privativas de la libertad.
La miopía gubernamental está dejando crecer un fenómeno, que ahora se le sale de las manos, por desmontar la estructura de una seguridad democrática en pro de los intereses de una ideología. Afán de capitalizar formas de indignación nubló la coherencia de quienes quieren tapar una monstruosidad hablando de una guerra maldita y fratricida que ha llevado a que el pueblo se mate con el pueblo, los jóvenes con los jóvenes y niños contra niños. Las cosas hay que llamarlas por su nombre, el reclutamiento de menores está claro y el quiénes están implicados en ello no es un secreto. Destrucción de la democracia inicia con la mitomanía de una fuerza política que se niega a condenar las evidentes acciones terroristas que circundan el entramado social colombiano, culto de la apariencia, sustentado en la motivación política, que calienta el ambiente desde un populismo.
Construcción de futuro debe ser a pulso y defendiendo los principios fundamentales de la democracia, representación con actitud de servicio al pueblo que, de voz a las regiones, a todos los sectores, y no se aproveche de los que han llamado los “nadies”. Reivindicación del estado, recuperación y fortalecimiento de la paz, educación, salud, recursos para la vejez, exaltación del campo, protección de la vida en un país lleno de oportunidades para niños y jóvenes, necesita de una propuesta con los pies en la tierra, opción que no venda miedo, ni ofrezca lo imposible. El país y la sociedad serán inviables si se sigue cohonestando con políticas que avalan el actuar de desadaptados, patanes y bárbaros que matonean a cualquiera porque el fin justifica los medios. El momento por el que atraviesa Colombia no admite la indiferencia, este es el instante de la unión para incitar una metamorfosis política, la ciudadanía debe tener puntos de vista claros y objetivos para que, en octubre, sin tener las manos atadas, puedan tomar la decisión correcta en los próximos comicios.
Las disidencias son un fenómeno que vincula a la guerrilla, pero no es ajeno a lo que aconteció en el pasado con grupos paramilitares o carteles de la droga, delgada línea que atiza los procesos de negociación y no permite concebir que quienes hicieron tanto daño a la sociedad, desde la ilegalidad, ahora funjan de mártires y modelos de la ética. Intenciones de paz son el foco distractor para legitimar la indelicadeza de actores que quieren reducir 70 años de conflicto al odio recalcitrante sobre una ideología. Odio, violencia y falta de empatía impiden construir un futuro desde las diferencias, construir memoria histórica y hacer justicia para las víctimas del conflicto en Colombia. Favorecimiento e impunidad que se pretende imponer a los colombianos divide y polariza aún más al país, defender los valores de la civilización, el progreso y la libertad es complejo desde la tosquedad y posición definida de aquellos que aprendieron a manipular las redes sociales y, lejos de ser reflejo de la realidad, son espejo de su pulso de mentiras y ambiciones.
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