“Levante la enjalma, pa´ que vea la llaga en el lomo”, es un dicho muy popular que invita a nos escandalizarse por cosas que aparecen a la vista de cualquier desprevenido, pues detrás hay cosas escondidas que esas sí que deben sorprender y escandalizar, y al hacerlo se dice uno a sí mismo: “mí mismo, lo que había visto era nada en comparación con lo que había de fondo”
Recientemente el país ha conocido de dos emblemáticos casos de “presuntos” hechos fraudulentos de diplomas académicos, y en ambos un común denominador: se conocieron porque estuvieron antecedidos de hechos coyunturales que nada tuvieron que ver en su momento con lo que finalmente se supo. El primero es el del Alcalde de Bello (al escribir esta columna aún sigue en el cargo) César Suárez Mira de quien hace rato se viene hablando de que acreditó terminación de bachillerato y un pregrado en Derecho, y que no pudo convencer de que fueran reales, y el segundo caso es el del Director de la digital Revista Congreso Gustavo Castro quien tuvo que golpear a una mujer periodista que le presentó una cuenta de cobro por sus servicios profesionales para que algunos medios se interesaran en él, en sus logros académicos y en la revista misma, a fe que hoy, muchos dudan de su curso rápido de periodismo, y de sus títulos de Economista y Abogado. (Ver: https://www.pulzo.com/nacion/universidad-dice-que-gustavo-castro-no-es-abogado-camara-quita-contrato-PP713929 ).
Entonces se pregunta uno, siendo el Estado el mayor empleador del país, y ya con ese estigma de ser Colombia uno de los países más corruptos del planeta, ¿qué se descubriría si todos, absolutamente todos los servidores públicos, y contratistas fueron mirados con lupa para saber si los datos que reposan en su currículo se corresponden con la realidad? Pregunta difícil de resolver, y muy seguramente ninguna entidad distinta a la Comisión Nacional del Servicio Civil lo hará.
Un muy buen mensaje de aquellos ciudadanos y ciudadanas que hoy se están promoviendo como alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y miembros de Juntas Administradoras Locales sería que al exhibir con orgullo sus diplomas en redes sociales, autorizaran al ciudadano crítico y reflexivo a que confirme la existencia misma de la institución formadora, y la veracidad de tal cartón. Sería casi seguro que quien así proceda y corone su aspiración política, en el ejercicio mismo de su mandato será más riguroso en la selección del elemento humano que ha de acompañarlo.
Acreditar títulos universitarios que no se tienen, es defraudar al estado en su conjunto, a la sociedad misma que quiere a los mejores y más preparados dirigiendo sus destinos, es la manera de ganar pulsos a otros compatriotas que sí han hecho un esfuerzo por prepararse…es engañarse a uno mismo, y quien así procede, no es digno de ser imitado.
Así pensamos en Guanteros sobre la llaga que se descubriría si al más del millón de servidores públicos se les evaluaran sus diplomas académicos.
