‘‘El naranja es el color más feliz’’ Frank Sinatra.
Durante un largo tiempo, la industria cultural de Medellín se ha visto envuelta en una paradoja, una división que afecta artistas y organizaciones culturales de la ciudad, correspondiente a una amplia variedad de puntos de vista y opiniones con respecto al rumbo económico del sector artístico y cultural de la ciudad.
El debate surge debido a la metodología de un gobierno que promueve la economía naranja como modelo de desarrollo, en la que se supone que la diversidad, la cultura y la creatividad, son pilares de transformación social y económica del país. Modelo que se ha venido aplicando como una política económica a nivel nacional y mundial y que afecta a diversas organizaciones artísticas y culturales que a lo largo de la historia han dejado huella en el patrimonio de la ciudad. Organizaciones que realizan permanentes procesos de recolección de conocimientos y saberes.
El actual parangón del sector cultural se puede ver reflejado mediante el siguiente cuestionamiento: ¿Por qué si la cultura y el arte contribuyen a la formación de públicos en áreas que cumplen un papel fundamental en el desarrollo humano, tales como, la convivencia, el respeto por la diferencia y en general la educación, el financiamiento por parte del estado es tan insuficiente?
Es allí de donde surgen la mayoría de debates y diferencias ideológicas por parte de los individuos que pertenecen al sector artístico y cultural, pues se encuentran y confrontan dos puntos de vista, que son representados por la metáfora del naranja y el gris, aquellos que se lucran de diversos convenios y estímulos que emite el estado y sus ramas, y aquellos que no se acogen o siguen el modelo de economía naranja.
Un estado activo
Un sector artístico convalida un estado con presencia y participación activa en la financiación y promoción de la producción artística de las diferentes organizaciones, creando incentivos tanto en la sociedad que la rodea, como en la organización prestadora de servicios. Dichos financiamientos se realizan por medio de convocatorias, que tienen como finalidad consolidar industrias creativas sostenibles y generadoras de ganancia.
‘‘En caso de que el ente gubernamental redujera, los beneficios y recursos en el sector cultural y artístico, debemos considerar que nuestra industria y organizaciones irán directamente a la bancarrota, la cuestión está en seguir reinventándose y creando nuevas formas de representar el arte y la identidad de cada organización’’. Afirma Juan David Belalcazar Pérez, director de la Alianza Cultural por el Centro y coordinador de Caminá pa’l centro.
Un claro ejemplo de esta posición y pensamiento es el Teatro Pablo Tobón Uribe, para su director general, Juan Carlos Sánchez Restrepo ‘‘El sector artístico debe irse transformando con los tiempos, las nuevas dinámicas de economía y tipos de públicos que van surgiendo, está claro que el gobierno debe brindar beneficios como las convocatorias y estímulos al sector artístico, pero también es nuestra responsabilidad buscar nuevas oportunidades, innovar en nuestra manera de mostrar el arte y conseguir aliados que nos ayuden a expandir nuestra visión’’. Según Sánchez Restrepo, una experiencia de Economía Naranja podría contarse como el convenio que se dio entre el teatro y la caja de compensación Comfenalco.
Según datos de la Cuenta Satélite de Cultura (CSC), el valor agregado del campo cultural en el año 2017 fue de $8.2 billones, frente a $6.2 billones registrados en 2010. Un caso concreto en el cual se evidencia el financiamiento por parte del estado es el del Banco de la República, quien posee dentro de su filosofía institucional, la promoción del arte y la cultura nacional. Para dar cumplimiento a esta iniciativa, esta institución apoya proyectos por medio recursos económicos.
‘‘Constantemente apoyamos diversos eventos culturales que tienen lugar en el centro de la ciudad. Hecho que nos alegra, porque uno de nuestros objetivos ha sido incentivar a las personas de la ciudad a que vuelvan al centro, descubran y disfruten toda la riqueza cultural que hay en él’’ afirma Claudia Villegas Yepes, jefe cultural del Banco de la República Medellín.
Un estado paternalista
Este sector cultural, considera que el arte debe ser un legado patrimonial para el país, el arte fundamento de la nacionalidad. Por tanto, este grupo de artistas considera que el estado está en obligación de financiarlo y promoverlo en su totalidad. Consideran con escepticismo la aplicación de la Economía Naranja en nuestro país, parten de la premisa de que el arte no se debe pensar como una mercancía u objeto de venta.
Un claro ejemplo de esta posición y pensamiento es el de la Corporación de Artistas Plásticos Picasso, entidad sin ánimo de lucro que tiene su sede en el municipio de Bello. Para su director general Carlos Mario Monsalve López ‘‘El estado debe ser garante de la dinámica artística de las organizaciones culturales, puesto que estas entidades cuentan con escasos recursos y su qué hacer es una responsabilidad directa de la nación. No es posible pensar un país subdesarrollado como Colombia, vendiendo y comercializando el arte puesto que la mayoría de su población cuenta con escasos recursos para su consumo’’
Esta postura se basa en La Constitución Política de 1991 y la Ley General de Cultura (397 de 1997), son los dos pilares de la acción cultural en el país. La Constitución Nacional reconoce la cultura como una dimensión de desarrollo y un derecho fundamental, y a Colombia como un país multiétnico y pluricultural. La Ley General de Cultura expresa la responsabilidad del Estado, los ámbitos o marco general de lo cultural, y la manera como se establecen las relaciones entre el Estado y la sociedad civil, representada en más de 5.400 ONG que generan dinámicas y procesos culturales de gran importancia en el país.
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