El pasado 17 de abril, Iván Mordisco, presentó en sociedad al Estado Mayor Central (EMC). Con una planificada puesta en escena en las Sabanas del Yarí y rodeado de miles de representantes de varias organizaciones campesinas y sociales del suroccidente del país, el máximo comandante de la mayor disidencia de las Farc-Ep le pasó un ajuste de cuentas al acuerdo de la Habana y reiteró el “compromiso” de su organización para acogerse a la paz total; inclusive, se fijó una fecha para iniciar con la fase pública del proceso de negociación.
Pero a la fecha ese proceso no tiene un horizonte claro y va hacia el estancamiento.
Primero, la fecha para la apertura de la Mesa de Diálogos -con una primera escala en Noruega- ya se ha movido dos veces; segundo, la suspensión unilateral del cuestionado cese al fuego bilateral -tras el asesinato de cuatro menores indígenas por parte del frente Carolina Ramírez- no solo reactivó las operaciones militares contra esta organización en los departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo, sino que le puso un freno de mano a la negociación. ¿Qué se viene?
Pero no todo está perdido, hay gestos de parte y parte que dan a entender que se está avanzando en la construcción de confianzas para darle luz verde a la fase pública.
Por un lado, el gobierno viene avanzando en la solicitud ante la Fiscalía de la suspensión de las órdenes de captura a integrantes del EMC que eventualmente pasarán a tener juego en la negociación o en la composición del mecanismo de monitoreo y verificación. Esto resulta clave porque el suspendido cese al fuego nunca contó con mecanismo regionales o locales de verificación (lo que en parte podría explicar su fracaso).
Por otro lado, en una reciente declaración difundida en redes sociales, voceros del EMC le pidieron al gobierno reestablecer el cese al fuego bilateral y hasta afirmaron que han “evitado al máximo cualquier confrontación con la fuerza militar”. De esta forma, le abren cierto espacio político al proceso y le restan fuerza a su comunicado tras la suspensión del cese al fuego, cuando afirmaron que: “El rompimiento unilateral desatará la guerra y se multiplicarán los muertos, heridos y prisioneros, contrario a una política de paz total”.
Lo cierto es que el proceso sigue avanzando en medio de la zanahoria y el garrote.
Con el garrote del ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien, en un reciente consejo de seguridad en el departamento de Guaviare afirmó: “vamos a debilitar el Estado Mayor Central, con acciones militares y con acciones contra las finanzas criminales”. Y con el garrote del comandante del Ejército, general Luis Ospina, quien en la misma línea del libreto del ministro expresó: “Los vamos a asestar con todo el peso de la ley”.
Aunque la zanahoria como esa posibilidad de la negociación política sigue en el centro de la paz total, pero se debe actuar con mayor celeridad y compromiso entre las partes; el gobierno debe nombrar rápidamente a su equipo negociador; se debe restablecer el cese al fuego bilateral con la activación de todos los mecanismos regionales y locales de monitoreo; se deben construir protocolos para precisar el tipo de participación de las organizaciones sociales tanto en la definición de la agenda como en el mismo proceso de diálogos.
Así también lo reclamaron las comunidades rurales que el pasado 19 de junio salieron a marchar en varios departamentos del país, exigiendo que se reestablezca el cese al fuego bilateral y que este proceso no quede completamente invisibilizado. ¿Ganará el pulso el garrote o la zanahoria?
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