“Nosotros, PIUREK – hijos e hijas del agua, del sueño, la palabra y el arco iris, de los que no pudiste matar ni torturar nos encontramos hoy aquí, después de 485 años reclamando justicia por la memoria de la resistencia y reexistencia de nuestros Taitas Payan, Yazguen, Calambas y Petecuy y Mama Machagara, de los miles de nativos que combatieron en las guerras sanguinarias”
(Comunicado de autoridades indígenas).
Así declara el pueblo Piurek (nombre que reciben las culturas Nasa y Misak) en un comunicado oficial del Movimiento de Autoridades Indígenas del Sur Occidente, en el que se da pie a puntuar con especificidad los crímenes cometidos y las razones por las que se derrumba la estatua en homenaje al militar, explorador, descubridor y conquistador español Sebastián de Belalcázar, en el municipio de Popayán. Este comunicado cuenta con una rigurosa estructura en la que se evidencian los delitos que le son imputados al conquistador, las fuentes de las cuales se desprende la evidencia histórica de sus crímenes, las declaraciones de distintos nativos que combatieron en las sanguinarias guerras, y la decisión tomada tras el juicio.
“Estamos convocados a reescribir la historia liberándonos de toda huella producto de la colonialidad” (Comunicado de autoridades indígenas) Los pueblos indígenas tienen derecho a la honra de sus antepasados y a la restitución intangible y simbólica de su dignidad arrebatada por los colonizadores españoles, y por el sentimiento latente que viven, gracias a su directa relación espiritual con las atrocidades cometidas. De manera que, correspondiente al artículo 19 de la constitución política de Colombia, toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y culto, en concordancia a ello, los nativos cuentan con libertad de derechos en practicar sus convicciones, dentro de ellas, los ideales que las rigen. Sin embargo, arremeter con violencia ante monumentos históricos es una falta a nuestra constitución y aunque los motivos sean justificados, lo desencadenado debió haber sido mayormente controlado por los propulsores del suceso. La nación tiene normas, que una comunidad no puede eludir, estas mismas reglas señalan las medidas a ser tomadas en las circunstancias que pautaron los nativos y por las cuales se hallan en el foco de la crítica social.
De ello, resulta oportuno aseverar que, la búsqueda de los derechos, no puede transformarse en una muestra vandálica, aunque la nobleza caracterice el acto, la precipitación no ha de ser una opción, a causa de que somos regidos por los dogmas de una sociedad democráticamente constituida, la cual cuenta con los mecanismos oportunos para la restitución de los derechos a los que se apelaron en el suceso del pasado miércoles 16 de septiembre, y por los cuales se halla en peligro, el monumento perteneciente a la ciudad caleña, en honor al gobernante colonial.
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