He insistido en que el país enfrenta tres grandes desafíos: conseguir el éxito del programa de vacunación, evitar un peligroso deterioro de la seguridad, que día a día parece más probable, y crear tanto empleo como sea posible y de la manera más rápida que se pueda.
Los confinamientos implementados para atajar la propagación del Covid19 nos dejaron un desempleo del 15,9% para 31 de diciembre de 2020, es decir, 5.4% más que en el 2019, 1.300.000 desempleados adicionales. Para enero había subido a 17,3%.
Como resultado, la pobreza aumentó un 6.2% el año pasado, tres millones más de pobres, se trepó al 41.9% y afecta a dos de cada cinco colombianos. Aunque la red de asistencia social del Estado es indispensable para evitar una descolgada a la miseria, es un error apostarle como solución estructural al desafío. Aunque la cifra habrá variado un poco por la pandemia, porque los únicos que nunca tuvieron en peligro su empleo fueron los burócratas, en el 2019 el Estado solo generaba el 4.5% del empleo. El 95.5% correspondía a los privados. No hay manera de que el Estado, aún si se expandiera, pueda cubrir lo que el sector privado genera. Por otro lado, el programa de ingreso solidario transfiere 160.000 pesos mensuales a los beneficiarios, apenas el 15% de un salario mínimo. Los ejemplos demuestran que la apuesta contra el desempleo y la pobreza no puede ser la del crecimiento del Estado, que en todo caso se paga con nuestros impuestos, y dejan ver porque en Colombia, como en cualquier parte del mundo, el socialismo solo traería más miseria.
No hay duda alguna de que no hay mejor política social que generar empleo y que es el empleo formal el mejor mecanismo para reducir la pobreza. Es desde esa perspectiva que habría que mirar la reforma tributaria que empieza a discutirse.
He leído con cuidado el informe de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios de la DIAN OCDE, el Diagnóstico del Sistema Tributario de la CEPAL y la U Nacional y las propuestas para una Reforma para una Colombia post Covid de Fedesarrollo.
Hay elementos coincidentes. Señalo algunos: 1. Los ingresos fiscales han sido tradicionalmente insuficientes para financiar el gasto público. 2. La pandemia aumentó el gasto público, la deuda externa y el déficit fiscal. 3. El sistema tributario es excesivamente complejo y hay que simplificarlo. 4. Nuestra estructura tributaria está desbalanceada. La mayor parte de los ingresos tributarios tiene su origen en el IVA y otros impuestos sobre bienes y servicios y muy poco en la renta de personas naturales. 5. En Colombia, muy pocos ciudadanos declaran y hay que ampliar la base tributaria. 6. La renta de las sociedades es muy alta. 7. Hay que examinar exenciones, exclusiones y deducciones. 8. A diferencia de lo que pasa en otras partes, el impacto de la tributación sobre redistribución y la desigualdad es muy pequeño. 9. Ninguno de los estudios hace una evaluación a fondo del impacto de sus propuestas ni en materia de generación de empleo ni sobre la supervivencia de las micro y pequeñas empresas cuya mortalidad, por cierto, es tradicionalmente muy alta.
Es verdad que la pandemia ocasionó nuevas exigencias de gasto, incluyendo la preparación del sistema de salud pública y ahora la vacunación. Y que se ha debido hacer un esfuerzo extraordinario para el programa de ingreso solidario y el subsidio a las nóminas. Pero no es menos cierto que los independientes y los pequeños y micro empresarios, que son el 98% de las empresas del país y generan el 71% del empleo, apenas empiezan a sacar cabeza después de los golpes feroces que sufrieron por cuenta de los confinamientos y que muchos no podrán soportar en este momento una subida de impuestos.
Parece evidente que aumentar los impuestos ahora solo traería como consecuencia mayor desempleo e informalidad, desalentaría la inversión y ahondaría la crisis. Lo que necesitamos, repito, es crear tantas plazas laborales como sea posible y de la manera más rápida que podamos. En esta coyuntura, una reforma que aumente los impuestos de empresas, independientes o el IVA, va en contra de ese propósito.
Además no es menos cierto que el presupuesto nacional no ha hecho sino crecer. En el 2010 era 148 billones, de 235 en el 2018 y para este año ya es de 314 billones. En doce años creció más del cien por ciento y los gastos de funcionamiento se han triplicado desde el 2010.
Antes de meterle una vez más la mano al bolsillo de los ciudadanos hay que estudiar la naturaleza y calidad del gasto público, recortar los gastos de funcionamiento, ser austeros, ahorrar y ser efectivos en la lucha contra la evasión, la elusión y la corrupción. Y hay que dar tiempo para la recuperación. Después de eso, ahí si, la pendiente reforma tributaria estructural.
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