“El principio del fin de la democracia, en Colombia, parece se está gestando al interior del gobierno del cambio. Perfecta cortina de humo, para acallar los escándalos, son las declaraciones del ex-canciller Álvaro Leyva Durán que delinean cuál es el golpe blando que Gustavo Francisco Petro Urrego va a propinar al pueblo colombiano.”
Constituyente, referéndum, consulta popular, cabildo abierto, iniciativa legislativa, son los derroteros previstos en el artículo 103 de la Constitución para dar el paso del cambio, una reforma peligrosa que quieren vender como transformación necesaria. El escenario llama a actuar, y exigir a los entes de control y autoridades competentes, prestar atención a lo que se teje para el corto plazo. Gustavo Francisco Petro Urrego, y su corte de aduladores, tienen claro que el respaldo en las urnas se perdió, el brazo político es cada vez más estrecho, y por ello poco y nada conseguirán desde la democracia. La coyuntura política, económica y social, por la que atraviesa el gobierno, exalta la necesidad que tiene el Pacto Histórico de optar por una figura mítica que abra paso al proceso constituyente desde el acuerdo de paz, misión que le encargó su mandatario a Álvaro Leyva Durán ahora que ya no está al frente de las relaciones internacionales.
El método escogido por su presidente, los militantes de la izquierda y las fuerzas aliadas, tiende a acabar con la estabilidad democrática de los colombianos, extrapolar los casos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, así como atomizar las libertades del ciudadano. Complejo resulta abrir las puertas, y aceptar la dictadura, desde los anhelos narcisistas y ególatras de Gustavo Francisco Petro Urrego. La base que se quiere dar a la Constituyente desde los acuerdos de La Habana desconoce, que, en ejercicio de la democracia, Colombia dijo NO al plebiscito del 2 de octubre de 2016, y fue por una triquiñuela legislativa que se dio base a lo acordado con la guerrilla. La institucionalización del fast-track, de la administración Santos Calderón, es lo que hoy menoscaba el poder de la ley constitucional. El desprecio absoluto por aquello que fue construido, por todos y para todos, se constituye en el refugio de quien se revela como un fracaso para gestionar y ejercer el poder.
La ideología progresista, que quiere imponer la izquierda en Colombia, solo se sostiene en los argumentos socialistas del comunismo, artilugio político que se enreda más que un nudo gordiano y solo vale para servir a los intereses de Gustavo Francisco Petro Urrego y sus secuaces. Punta del iceberg que marca el inicio del desastre para el país está en manos de una corriente política que, en 22 meses de gobierno, ha hecho el mayor esfuerzo por conducir a la nación a la miseria y el hambre de la que difícilmente se saldrá en el horizonte cercano. Triste es decirlo, pero nadie aprende en cabeza ajena, se sabía cuál fue la historia de Venezuela, a manos de Hugo Chávez Frías, y acá se le dio cabida para que se repitiera a pasos acelerados. El Pacto Histórico desestabilizó al colectivo social y se unió, políticamente hablando, para acabar de incendiar a Colombia, propiciar el caos perfecto para estructurar una nueva visión de país desde las cenizas.
Memoria cortoplacista de los ciudadanos eclipsa que quien hoy funge de adalid de la moral, y la lucha por las clases populares, es el mismo que años atrás empuño las armas y comparte los ideales de quienes militaron en el M-19, las FARC y el ELN. Ansias de fundar una nueva Colombia fue, ha sido, y será el objetivo de las fuerzas guerrilleras, grupos que, desde la fantasía discursiva, y la mitomanía de sus militantes, hicieron pensar que se integraban a la sociedad mientras orquestaban todo para hacerse al poder y amoldar el país a su antojo. Gustavo Francisco Petro Urrego es la materialización de ese eje del mal, personaje incompetente, incapaz de asumir la gerencia pública, que quiere imponer un régimen político, un modelo económico, educativo, cultural y social, que sea a imagen y semejanza del implantado por el comunismo. Dar aval vitalicio a un esquema que ya fracasó en el mundo y tiene arrepentidos a millones de ciudadanos.
Los colombianos no pueden seguir tratando de ocultar lo que ocurre, no se puede continuar pensando que acá no ocurre nada, se está al frente de una apuesta política que tiene como fin destruir, y lo está logrando con la mermelada y la corrupción. El gobierno del cambio perdió la moral, la decencia, y ahora la cordura. El plan de transformación que se está cocinando para aplastar la democracia, y la libertad, en Colombia deja serias incógnitas, pues si fueron capaces de hacer lo que hicieron por unas reformas, qué no harán por lograr aprobar una Constituyente. Obsesión psiquiátrica que tiene Gustavo Francisco Petro Urrego por cambiar la carta magna de 1991, esa misma que cuando buscaba hacerse elegir prometió respetar y no intentar modificar, delinea la misma fascinación que han tenido los dictadores de América Laina por atornillarse en el poder. Cambio que se propone, a las normas rectoras, sería la entrega definitiva de Colombia a la miseria del comunismo por llevar el capricho de un autócrata con delirios de emperador.
El nefasto camino por el que lleva Gustavo Francisco Petro Urrego a Colombia será la desgracia no solo para las grandes élites, las clases populares serán las primeras llamadas a naufragar con el país y pagar las consecuencias de no haber elegido bien en las urnas. La mentira patológica, que caracteriza a su mandatario, se instituye en la forma de vender una realidad aparente, situación similar a la que ya se vio en la Alcaldía de Bogotá, donde quien ostenta el poder no hace nada, estorba y mal gasta el dinero impidiendo que la nación avance en economía e infraestructura. Parece ser que el desviar la atención se constituye en un bálsamo para la izquierda, pieza atractiva para apaciguar la frustración del fracaso, y desde la demagogia alimentar los oídos de los radicales. De ahora en adelante, la idea de una Constituyente será el caballo de batalla del gobierno del cambio, estrategia para amenazar y advertir que acá las cosas se hacen a la brava, sí o sí como dice su presidente.
Lo peligrosos de una nueva Constitución, en este momento, es que su desarrollo queda en manos de unos personajes con clara intención de redactar el fortalecimiento de ideologías pervertidas. La gimnasia jurídica y política que se quiere hacer con el acuerdo con las FARC, y lo que no se ha firmado con el ELN, tiene la clara expectativa de que el gobierno convoque un mecanismo constituyente por fuera de los canales previstos en la Constitución y sin la participación de los ciudadanos en las urnas. La pérdida absoluta de la libertad, la capacidad de autonomía en todo derecho es la ratificación de una advertencia que se hizo hace un par de años. El mayor peligro que correr Colombia es perpetuar un modelo desastroso y caótico bajo un falso pretexto de “paz total” con grupos narcoterroristas. La triangulación de los acontecimientos explica cuál es el afán, y el desespero, de los “gestores de paz” del ELN y las FARC para firmar acuerdos con la Casa de Nariño, en cabeza de Gustavo Francisco Petro Urrego.
Una constituyente como la proponen, Gustavo Francisco Petro Urrego y Álvaro Leyva Durán, es el camino para empoderar, aún más, a las guerrillas que hoy imperan en Colombia. El perpetuar un régimen socialista totalitario que viola la Constitución y la ley, algo muy parecido a lo que pasó en Perú con José Pedro Castillo Terrones. Propuesta de un tribunal de perdón que reemplace a la JEP, destrucción que ya se causa a la salud, daño que está a punto de propiciarse a las pensiones, amenaza de declarar la emergencia económica, son la muestra de que la institucionalidad hace agua por todos lados. El estado social de derecho pide que los colombianos den un giro de 180º y tomen el papel relevante que les corresponde para refundar los estamentos democráticos, sacar a Colombia del caos en el que la ha sumido la izquierda y reconstruir la nación.
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