El inesperado Decreto 126, el cual establece la eliminación del subsidio al diésel, tomó por sorpresa al Ecuador, aunque representa un paso importante hacia el sinceramiento de nuestra economía. Se trata de un subsidio con más de cinco décadas de aplicación que nunca cumplió su propósito y que le ha costado al país aproximadamente 65 mil millones de dólares desde su vigencia.
En economía existe un concepto clave: coste de oportunidad. Este señala que, ante cualquier decisión, siempre hay al menos dos alternativas, siendo lo primordial dimensionar lo que se pierde o se deja de recibir al elegir una opción sobre otra. Pensemos, entonces, qué pudo haberse hecho con esa inmensa cantidad de dinero: construir hospitales, escuelas, carreteras o, incluso, reducir el endeudamiento del país. En lugar de eso, se sostuvo un subsidio inefectivo, con un elevado costo para nuestra sociedad y un retorno positivo concentrado en unos pocos.
Conviene recordar que todo subsidio debería cumplir con tres (3) criterios fundamentales:
- Ser temporal o transitorio, es decir, entregarse por un tiempo definido hasta lograr mejoras en la calidad de vida de los beneficiarios.
- Estar bien focalizado, destinado únicamente a quienes realmente lo necesiten.
- Ser efectivo, de modo que el Estado y los destinatarios se beneficien de forma tangible.
En el caso del subsidio al diésel, ninguno de estos criterios se cumplía. ¿Acaso las personas en condiciones de pobreza superaron su situación gracias a él?, ¿en algún momento, llegó a quienes realmente lo necesitaban? La evidencia demuestra lo contrario: financió actividades ilegales como el contrabando y la producción de estupefacientes, o respaldó con fondos del Estado el consumo de vehículos de alta gama que no posee ni el 0,5 % de la población, y cuyos dueños sí podrían pagar un precio de mercado. Surgen así múltiples interrogantes sobre los verdaderos resultados de mantener un subsidio con tan alto costo económico y social, como el del diésel.
Por supuesto, eliminar subsidios –y. en especial, uno con las características del diésel– tiene un costo político importante para cualquier mandatario. Para muestra un botón, ahí están los casos de Bucaram (eliminación del subsidio al gas) y de Moreno y Lasso (eliminación de subsidios a los combustibles). Hacerlo, además, en la coyuntura de una próxima consulta popular/referéndum refleja el deseo del gobierno del presidente Noboa de mejorar las condiciones económicas y sociales del país, no para congraciarse con los acreedores internacionales, como algunos aducen, sino para encaminar las finanzas públicas (no se puede continuar con déficits fiscales recurrentes), reducir en el tiempo las necesidades de endeudamiento externo, mejorar las condiciones de inversión y bajar el riesgo país, entre otros beneficios que la ciudadanía debe aprender a ver.
El gobierno estableció una serie de compensaciones para mitigar el impacto del alza del precio del diésel (de 1,80 a 2,80 dólares). Es preciso tener en cuenta que la incidencia no será mensual: probablemente veamos un efecto solo durante los dos primeros meses y, más bien, por un factor especulativo, pues en nuestra economía ante estas situaciones suben los precios de ciertos productos inclusive cuando no guardan relación con el origen del incremento. Asimismo, deben mejorarse las eficiencias en el sector transporte –por ejemplo, en carga: si un camión puede transportar 3 toneladas y solo llevaba 2, usar su capacidad máxima ayudaría a optimizar costos–. Las intendencias, por su parte, deben realizar un seguimiento riguroso para que no existan arbitrariedades en los precios en los mercados.
Del mismo modo, los sectores o determinados “dirigentes” que se oponen a la eliminación del subsidio al diésel deben comprender lo necesaria y urgente que es esta medida. Finalmente, si no hay condiciones para conservar un subsidio que nos demanda alrededor de 1.100 MILLONES DE DÓLARES AL AÑO y que, más que soluciones, ha generado problemas e inoperancias, corresponde corregir estas distorsiones. Lamentablemente, los subsidios, en lugar de ser vistos como un apoyo temporal, se han asumido como un “derecho”. Por ello, el país gana con la eliminación de un subsidio que favoreció a muy pocas personas a costa de las finanzas públicas y del bienestar de los ecuatorianos.
La versión original de esta columna apareció por primera vez en nuestro medio aliado El Bastión.
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