“Es entonces que los planes de desarrollo también se enfermaron, tuvieron que entrar en cuarentena para ser estudiados y, en su gran mayoría, modificados para acoplarse al nuevo viraje económico y social”
Empezamos de cierta forma a convivir con este virus, y mientras los casos aumentan, más apertura en los sectores sociales y económicos se empieza a dar. Algunos analistas dicen que se debe empezar ya a reactivar la economía porque la gente se puede morir de hambre, mientras otro sector dice que se debe continuar en cuarentena porque nuestro sistema de salud no está preparado para atender los casos más graves de este virus y de nada servirá tener una economía estabilizada. Aunque esta discusión es amplia, existen matices y percepciones, en esta disyuntiva se mueve un tema muy interesante y por eso quiero hoy hablar de los planes de desarrollo municipales y su papel en esta crisis.
En los departamentos y municipios de Colombia, inició en el primer semestre de 2020 la formulación, discusión y aprobación de los Planes de Desarrollo, las hojas de ruta para que estos territorios busquen el progreso y avancen en la consolidación de mejor calidad de vida de sus habitantes. Recuerdo entonces que los planes de desarrollo tienen varios insumos para su construcción, entre ellos está el Programa de Gobierno ganador el pasado 27 de octubre, el cual se convierte en la base principal de la hoja de ruta y donde la comunidad, espacios de participación como el Consejo Territorial de Planeación, las organizaciones internacionales, los entes de control, las corporaciones autónomas regionales, el Concejo Municipal, entre otros; podrán proponer acciones o productos que consideren indispensables para que se lleven a cabo durante el cuatrienio.
Antes de iniciar el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Presidente de la República, muchos municipios venían adelantando procesos de participación y entrega del primer avance completo del Plan de desarrollo a los CTP y las Corporaciones Autónomas Regionales, es entonces, que dichos documentos planteaban un escenario totalmente positivo, sin injerencia de una pandemia (hasta ese momento un suceso impensable) y con un presupuesto claro que focalizaba sus fuentes de financiación y sus gastos de funcionamiento.
Pero llegó el coronavirus, la enfermedad COVID-19 que hoy se roba todos los titulares, las tendencias en redes sociales, la atención de los gobiernos de todo el mundo; ese virus que desnudó, aún más, las desigualdades de la humanidad y la poca fortaleza de los sistemas de salud. Y que, además, nos mostró la urgencia que tenía el planeta en descansar de nosotros con la limpieza de fuentes hídricas, la aparición de animales salvajes en las urbes, la disminución considerable de la contaminación atmosférica, entre otros. Con lo anterior, también dejó en evidencia que la economía sí podía ser herida y ser enviada a cuidados intensivos.
Esta dinámica mundial golpeó a nuestro país sin previo aviso y se fue directamente al impacto económico en los territorios, municipios que mantenían su economía a través del comercio, obra pública y privada, agricultura, ganadería, minería y otras actividades que sostenían la generación de empleo y la redistribución del recurso en los pueblos. Es entonces que los planes de desarrollo también se enfermaron, tuvieron que entrar en cuarentena para ser estudiados y, en su gran mayoría, modificados para acoplarse al nuevo viraje económico y social.
¿Qué ha significado para los municipios esta crisis? En palabras puede verse sencillo, pero en la realidad es una complejidad abrupta que enfrenta a la gestión de un mandatario con la realización a cabalidad de su apuesta política. Cuando digo que en palabras puede verse sencillo, es que decir que los recursos municipales disminuyen porque la gente no tiene con qué pagar tributos: impuesto predial, impuesto de industria y comercio, entre otros; es fácil describirlo, pero sentir ese retroceso en un presupuesto municipal y saber que sus apuestas van a disminuir, que su inversión social se verá afectada, que sus contratos tendrán que reevaluarse, que su relación con los demás entes territoriales sufrirá dificultades porque también tendrán el mismo problema por la escasez de recursos, es una catástrofe político administrativa sin precedentes. Este virus es letal, no solo para la salud de las personas, sino para el funcionamiento normal de un municipio.
Quisiera mencionar, además, que los alcaldes y alcaldesas se enfrentan a retos como mantener su liderazgo y lograr que la evaluación de gestión sea lo menos negativa posible, es probable que mucho de su plan de desarrollo no pueda cumplirse a cabalidad y necesitarán, indudablemente, unos ajustes urgentes que permitan suavizar los inconvenientes.
Finalmente, y no menos importante, los recursos provenientes para libre destinación, para destinación específica, del sistema general de participaciones, las regalías, las transferencias, las cofinanciaciones, los créditos y demás, no tendrán su mejor momento en este cuatrienio, el virus en los planes de desarrollo afectará notablemente estos números: se habla que algunos municipios no logren cumplir con la Ley 617 y otros requisitos de la normativa colombiana, se vean expuestos a perder categoría, en el caso extremo, se conviertan en corregimientos. Es importante que el Congreso o el Gobierno Nacional a través del estado de emergencia sanitaria, estudie de manera juiciosa estos topes exigidos para el cumplimiento de los municipios, y si no, nos veremos abocados a una gran crisis de gobernabilidad en los territorios.
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