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El vacío de poder se paga caro

Durante la Emergencia Sanitaria se apropiaron 6 billones de pesos y se expidieron 72 decretos que permiten atender la situación por la pandemia del coronavirus, destacó este jueves el Presidente Iván Duque Márquez, en el programa 'Prevención y Acción'.

Un principio de la ciencia política dicta que todo vacío de poder será sustituido por alguien más. Siempre, de alguna u otra forma, alguien asumirá la autoridad. Hay muchos ejemplos históricos que previenen sobre los peligros que acarrean los vacíos de poder. Por ejemplo, el emperador Shenzong, quien gobernó el antiguo imperio chino entre los años 1572 y 1620, no quiso entenderse más de los deberes del gobierno a la mitad de su mandato. Dejó de reunirse con los ministros y la corte, no volvió a responder los informes y memorandos, y se dedicó a gastar el erario en banalidades. Tal desgobierno significó el fin de la dinastía Qing. Cómo no recordar al zar Nicolás II de Rusia, quien jamás escuchó o quiso entender los reclamos de su población, respondiendo con las armas a las protestas campesinas que pedían cambios institucionales. Su falta de lectura social la pagó con su vida y la de toda su familia. A Luís XVI de Francia, su carencia de carácter y de capacidades para entender que el mundo estaba cambiando, le costó su reino y su cabeza.

Frente a la protesta social, el primer deber del gobernante es evitarla. ¿Cómo? Diálogo social, puentes de comunicación, participación ciudadana, mensajes asertivos,  transparencia, políticas públicas oportunas y eficaces, entre otros. En resumen, con más democracia. Si la protesta se hace inminente, el siguiente deber del gobernante es reducir los riesgos para que dicha protesta no se prolongue. Es decir, no sumar motivos que desemboquen en dinámicas cada vez más incontrolables. Eso implica no responder con la fuerza, no sólo porque nunca, en ningún momento, la fuerza ha solucionado un problema social, sino porque tal violencia puede convertirse en un motivo más de protesta, desviando los recursos que se hubiesen podido gastar resolviendo los problemas que la originaron. Si los riesgos no pudieron ser minimizados, el siguiente paso es reaccionar de inmediato, convocando a todas las fuerzas que puedan contribuir en un diálogo constructivo, que propongan alternativas de solución, y que coadyuven a crear confianza y puentes de comunicación en dirección a crear un nuevo orden que satisfaga a las partes. Por supuesto, en este punto, las alternativas de solución ya serán altamente costosas. 

El presidente Duque, al quinto día del paro, aún estaba dando su programa diario Prevención y Acción. Nombre irónico en estas circunstancias. No sólo porque no previno el paro, sino porque tampoco actuó. ¿Cuáles son los peligros de esta incompetencia? precisamente lo que empezó a ocurrir. 

Lo que la mayoría de las personas ven como un caos, en realidad es la transición hacia un nuevo orden. Al verse superada la institucionalidad, parte de la sociedad empieza a crear nuevas instituciones, nuevas economías y nuevas revaluaciones (o restricciones) de las libertades existentes. Por ejemplo, cobro de derechos de paso (peajes), impuestos al comercio (extorsiones), nuevas dinámicas de interrelación y mando, monopolización en la distribución de los alimentos y combustibles (mafias), nuevas divisiones del territorio, nuevas fronteras, entre muchas otras dinámicas más que se salen de la comprensión actual. Personas que nunca han tenido dinero y poder empiezan a adquirirlo. Se da una reorganización natural en la que se obtienen ingresos que financian el surgimiento de una nueva especie de “burocracia” e incluso un espacio de decisión representado en las asambleas populares. 

 Todo esto era previsible. ¿Qué ocurre después? La otra parte de la sociedad, la que aún desea el orden anterior, se manifiesta de la misma forma que hicieron los primeros: protestando. Algunos de manera pacífica, otros de forma violenta. Inicia la rebelión contra ese nuevo orden que intenta imponerse, conatos de una posible guerra civil. Al no haber gobierno que responda, la misma sociedad intenta dar respuesta. 

Bajo el contexto anterior, todos tienen derecho a estar ofendidos y todos cuentan con justificaciones válidas para hacer uso de su propia violencia. Otra cosa es si ofenderse o ser violentos sirva para algo o genere resultados deseables a la hora de darle solución a los problemas sociales. 

¿Qué hacer ahora? Lo que se debió haber hecho desde el principio: dialogar, comunicar y actuar. Pero tal diálogo implica el reconocimiento del otro como actor válido con el cual se puede interactuar. Mientras no haya ese reconocimiento, mientras se siga con esa postura de deshumanizar al contrario, se continuará en el círculo interminable de discusiones banales que sólo buscan justificar la violencia de bando y bando, dejando de lado los problemas originales. Pueden llamarse mutuamente terroristas, vándalos, asesinos, pero en últimas, todos son personas con intereses y preocupaciones, y con capacidad de comunicación y razonamiento. 

Siete días después, el presidente Duque inicia diálogos, pero, como buen conservador que es, lo inicia con las élites, a quienes sí considera como iguales. Y sólo catorce días después hace presencia en el territorio. Tiempo suficiente como para que el umbral de negociación sea más alto y las alternativas de solución más cortas. Mientras tanto, el costo de tal lentitud e incompetencia lo pagan los habitantes del territorio. 

Dos reflexiones quiero dejar: la primera es que nunca se debe dar por hecho que el orden actual ha existido o seguirá existiendo por siempre. La democracia, el estado de derecho y la institucionalidad no son inmunes a su posible destrucción. Por el contrario, son frágiles y requieren ser protegidos. Es un proceso en constante construcción. Los países se acaban, la institucionalidad se fractura, las sociedades se autodestruyen, y eso podemos verlo a lo largo de la historia. Para que ello no ocurra, debemos tener una visión de sociedad, sin individualismos. Es imperativo que dentro de las preocupaciones individuales hagan presencia también las necesidades de los vecinos, de aquellas personas con quienes se comparte el territorio; porque, de lo contrario, tarde o temprano, esas problemáticas repercutirán en los propios intereses. Todos estamos interrelacionados. Nadie vive ni sobrevive de manera aislada. 

Lo anterior propone que la discusión gire en torno a los problemas sociales, y necesariamente, dentro de tal agenda, debe estar presente la discusión sobre la pobreza y la desigualdad. Si aún hoy en día no se comprende que la pobreza y la desigualdad son problemas sociales, a los que hay que hacerles frente, nada de esto ha servido y seguiremos pagando los costos de la desidia, de la indiferencia y de la antipatía. 

La segunda reflexión se refiere al uso de la violencia como medio para darle solución a los problemas sociales. Puede ser un medio efectivo para presionar un cambio institucional, pero nunca será la solución. La lógica que hay detrás del uso de la fuerza, cuando la violencia proviene del Estado, es generar miedo para que quienes protestan decidan huir y posponer sus reclamos. Eso puede retrasar la discusión, pero no resolverla. De hecho suma más problemas a la lista, puesto que resarcir el daño causado se vuelve también otro tema de discusión. Debemos ser capaces como sociedad de ver alternativas diferentes a la simple militarización o eliminación del contrario. Por otro lado, cuando quienes se enfrentan son sociedad civil contra sociedad civil, lo mejor es el diálogo, puesto que la aplicación de la ley del más fuerte puede terminar en dinámicas interminables de violencia e incluso la guerra civil.  

Es importante tener claro que la sociedad puede tener la mejor disposición a dialogar y a encontrar soluciones, pero la resolución de los problemas sociales requiere de la presencia de toda la institucionalidad, especialmente de sus gobernantes, en particular del gobierno central, pues es el único que tiene capacidad institucional de brindar soluciones en este país tan centralizado. La protesta social, más que un fracaso de la sociedad, es un fracaso de sus gobernantes que no han sabido o no han querido dar respuesta oportuna a los problemas sociales. Ese desgobierno se paga caro y los costos lo asumen en su mayor parte los habitantes del territorio. 

Esto fue escrito por

Jorge Mario Ocampo Zuluaga

Politólogo de la Universidad Eafit con maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la misma universidad. Investigador en temas de pobreza, desigualdad y Estado de bienestar.

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