El domingo 17 de diciembre, la ciudadanía chilena se encontró una vez más frente a las urnas, poniendo fin a una fatiga electoral que se prolongó durante cuatro años desde 2019. En esta ocasión, los ciudadanos tuvieron la responsabilidad de expresar su preferencia con respecto a la propuesta constitucional de 2023. Los resultados, con un 56% de votos en contra y un 44% a favor, proclamaron la victoria de la opción contraria, cerrando así cualquier posibilidad de un nuevo proceso constitucional en el futuro cercano. Este desenlace ilustra que el uróboro sigue mordiendo su cola, dejando al país con la misma constitución que deseaba cambiar.
El ciclo de cuatro años estuvo marcado por la creación de dos propuestas radicalmente opuestas. La primera, redactada por un grupo considerable de independientes y participantes de organizaciones sociales, tenía como base el anti-establishment. Es interesante destacar que la idea de iniciar todo este ciclo constitucional surgió desde la élite como una medida para apaciguar los actos de violencia generados desde octubre de 2019. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada por un 62% de las preferencias en septiembre de 2022.
En 2023, se dio inicio al segundo proceso, donde una comisión de expertos, elegida por el Congreso, presentó una propuesta base al Consejo Constitucional. A diferencia de la primera comisión constituyente, los partidos políticos participaron activamente en este proceso, con la mayoría de la presencia del Partido Republicano, una fuerza de extrema derecha populista. Este partido reformó la propuesta de los expertos para ofrecer una constitución más conservadora y económicamente neoliberal que la actual, vigente desde la dictadura con modificaciones en 2006 bajo el gobierno del presidente Ricardo Lagos.
Estos años han dejado valiosas lecciones para el panorama político del país, sirviendo como un ejemplo para futuros casos en la región. Una lección crucial es la dinámica entre la derecha tradicional y el surgimiento de nuevas derechas radicales, que plantea la interrogante de si estas últimas absorberán a los partidos tradicionales y cómo asumirán el papel de oposición. Es esencial reconocer que el endurecimiento de posturas de una elección a otra, evidenciado por campañas cada vez más polarizadas, ha limitado la capacidad de generar negociaciones y concesiones entre los diversos actores de la arena electoral. El análisis de las campañas y los borradores constitucionales sugiere percepciones erróneas por parte de los partidos políticos. Que el rechazo haya prevalecido y que en la segunda elección de constituyentes hayan triunfado candidatos conservadores no implica necesariamente que la población chilena sea de derecha conservadora.
Otro aspecto crucial es que el ciclo constitucional nació para abordar los problemas de desigualdad en el país, pero la ciudadanía, al mismo tiempo, anhela resultados rápidos. La constitución proporciona el marco institucional de acción, pero los cambios que puede propiciar son lentos y graduales. En este contexto, nos encontramos en un periodo en el que el capital político de quienes iniciaron el proceso constituyente podría deteriorarse, dado que la población no muestra ansias por un nuevo proceso a corto plazo. Esto exige una reflexión sobre la paciencia y la perspectiva a largo plazo en la formulación de cambios constitucionales, donde es probable que la reforma de la constitución actual ocurra desde el legislativo y el ejecutivo.
En conclusión, el ciclo constitucional chileno, culminando con la decisión del pueblo el 17 de diciembre, refleja una complejidad de factores y proporciona lecciones importantes para la política nacional y regional. Comprender la dinámica entre las fuerzas políticas, la necesidad de cambios graduales y la gestión del capital político son aspectos esenciales para orientar futuros procesos en la región.
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Del autor: Maestro de investigacion en Política Comparada FLACSO Ecuador. Politólogo Universidad Diego Portales (Chile).
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