No había tenido tiempo para manifestarme sobre la columna que en este medio público el señor ministro de Salud, Alejandro Gaviria. En la que según él hacia un análisis económico del sistema de salud. Me causa una especial perplejidad con el desparpajo con el que está encargado de la garantía del derecho a la salud, dice que la solución al sistema es que el acceso al derecho se mida por la capacidad de pago.
De las inmensas desventajas que tiene tener a un economista a cargo de un derecho, la más dolorosa, es que el dogmatismo económico está más preocupado por la viabilidad del sistema que por la garantía del derecho.
No pretendo rechazar las herramientas técnicas para administrar los servicios públicos, pero encuentro especialmente reprochable ese fetichismo microeconómico que se ha instalado en la administración de las políticas públicas; enfoca todos los esfuerzos en la retórica del sistema y subsume a cualquier discusión en una discusión técnica, siempre del orden financiero, que no pasa más que tangencialmente sobre los atributos del derecho en principio debe garantizar este sistema.
Creo que hay una profunda deshonestidad intelectual en la columna del ministro y no porque considere que para garantizar un derecho la primera preocupación tiene que ser el cómo garantizarlo, sino porque la miopía de su dogmatismo le impide entender que, tal vez, el problema puede tener que ver con el modelo del sistema. Me produce especial desconfianza una reflexión, cuyo punto de inicio es una declaración de fe, un punto dado que se entiendo absoluto, nada de académico hay en confundir un solo árbol, con la bastedad del bosque.
Si se mira desde afuera, nuestro sistema de salud es el lugar de las más profundas ineficiencias y no porque la gente no paga, sino porque los recursos pasan por un intermediario financiero que obtiene sus ganancias, preste bien el servicio o no, de administrar un sistema con cifras de mortalidad mayores en el poco tiempo de existencia a las del conflicto armado.
Los recursos invertidos por todos los trabajadores colombianos, pensionados (un 8% más que los trabajadores activos) y los impuestos se invierten en el sistema cuyos costos de transacción son altísimos e injustificables. Pues poner al intermediario al centro del sistema, con un regulador capturado, configura un mercado en el que el incumpliendo de las obligaciones es más rentable que el cumplimiento.
Lo evidente es que su formación le impide ver al ministro que, para administrar la salud, hay alternativas, que la intermediación financiera puede ser reemplazada, porque cuando ve un enfermo ve un riesgo que se ha realizado y esa miopía, le impide entender que su labor, desde la política pública no es exclusivamente atender ese enfermo, sino invertir los recursos para evitar al máximo, que los ciudadanos lleguen a ese estado. Una visión bastante sesgada de la administración riesgo, pues prefiere atenderlo que prevenirlo.
Con seguridad, la reconcepción del sistema, garantizando la prevención y sin priorizar a los negociantes de la salud, sale muchísimo más barato. Y el precio, no tendrá que ser una barrera de entrada que descargue el sistema, como propone el ministro.
