El Salario del Privilegio

“Dime cuánto ganas y te diré cuál es tu privilegio”

La lucha histórica del movimiento obrero si bien ha sido por la reducción de la jornada laboral, la mejoría de las condiciones de trabajo y el aumento de los salarios, no se reduce a esto, es todavía más radical, se trata de la modificación de las estructuras que hacen del trabajo una mercancía con un precio determinado. Aunque K. Marx y F. Engels estableciese la lucha por la jornada laboral y por los salarios como un escenario político, ese no es el horizonte concluyente de la revolución. El camino de las transformaciones dirige inevitablemente a la clase popular hacia la disputa por el comando político, impone el desafío de superar las barreras en la democratización del poder.

El debate re-abierto el pasado 16 y 22 de agosto en el senado de la República sobre la reducción del salario de los congresistas y de los altos funcionarios del Estado (S097 de 2022)[1], es una buena oportunidad para pensar las relaciones entre el salario, la explotación y la dominación en el horizonte de un debate por las transformaciones estructurales del país. Colombia es el segundo país donde más elevados son los salarios de los congresistas[2], 43 millones 418 mil 537 pesos como fue revelado en la plenaria durante la discusión, que con deducciones suma unos 27 millones de pesos aproximadamente. Un verdadero desfase con relación al salario mínimo de 1.600 pesos, uno de los más bajos de América Latina[3]. Es claro que en Colombia la brecha entre ricos y pobres se define por una línea salarial bien concreta y aguda, trazando con un esfuerzo y cuidado histórico las estructurales divisiones en el interior de la sociedad, consolidándose como una de las causas del conflicto.

Las relaciones entre el salario y el trabajo tienen una base histórica concreta que define la compra y venta de mercancías como fundamento de la sociedad divida en clases, esto porque la transición del trabajo esclavo al trabajo asalariado significó la creación de nuevos ordenes políticos, normativos y jurídicos que permiten la irrupción de las instituciones modernas al servicio de la defensa de la propiedad privada cuyo sustento es la explotación de la fuerza del trabajo libre. El salario es entonces el precio de una mercancía de especial característica cuyo consumo significa la puesta en marcha de la producción. La existencia del salario presupone la distinción entre quienes poseen los medios de producción y quienes carecen de estos para suplir sus necesidades, estableciendo una estructura (desigual) en la relación entre uno y otro en cuanto propietarios: a unos los posiciona como poseedores de dinero y a otros como propietarios de su fuerza de trabajo. Así, el salario aparece determinado por el ángulo de ambos extremos; por un lado, como el precio que ha de pagar el comprador por el uso (en un tiempo limitado) de las capacidades vitales de una persona para una determinada actividad y, por otro, como el dinero que recibe quién sede sus capacidades vitales para satisfacer sus carencias materiales. La existencia del salario en la sociedad moderna es lo que garantiza la explotación al margen de las relaciones de esclavitud, o mejor dicho, hace de esta última una decisión voluntaria y espontanea para menguar el (inevitable) vacío en el estómago. Ahí es donde históricamente se produce el salario en el seno de la sociedad como aquello que mantiene subyugado a los desposeídos en el marco de un ordenamiento jurídico que les asegura un contexto de libertad supuesta.

En ese sentido, es un hecho real y no meramente contingente el que la forma mercancía y la forma contrato mantengan un mismo nexo de racionalidad por medio del cual las relaciones económicas y las jurídicas se complementan en el cumplimiento de una finalidad que las abarca y las integra como eslabones de la producción de la ganancia. El Estado es así la forma política del capital, con ello no sólo es una máquina al servicio de la clase dominante, sino que además el modo como se consolida la reproducción de la sociabilidad que mantiene la sociedad dividida entre clases contrapuestas. El Estado es una institución necesaria, que, como una formación de la modernidad, concentra una serie de funciones administrativas que producen una esfera particular del mundo del trabajo, generando un segmento burocrático a su servicio (un reflejo de los servidores de la realeza contrapuesta al tercer estamento). No obstante, en su propio interior ha de detectarse la diferenciación entre las actividades funcionales de las de “mando” político; en otros términos, entre los empleados del Estado (una serie de técnicos y funcionarios de planta) y quienes ejercen el poder sobre la base de la elección. Es de ese modo que cuando se enfoca las relaciones entre trabajo y salario desde la esfera del Estado, muchas veces queda eclipsada esta distinción (que definiría a quienes realizan un trabajo manual y uno intelectual en la esfera del Estado). El debate se concentra precisamente en relación con estos últimos, es decir, en quienes ejercen el poder político en el comando de las instituciones y con especial énfasis en el poder parlamentar.

Considerando lo anterior, es claro que el trabajo parlamentar es un privilegio que sólo la clase “más honorable” puede ejercer, aunque en el papel de la constitución se suponga que cualquiera pueda llegar a tan notable investidura. La estructura político social y económica del país ha configurado las instancias del poder y de la representación como mecanismo de reproducción de clases, es a eso que se llama oligarquía, el vínculo entre las relaciones del parentesco y el poder, la formación de clanes en su correlación con la concentración del poder. Se trata de una realidad atávica propia de la formación del poder moderno en cuanto sociedad Estatal, pero también una herencia colonial en el interior de la genética del poder en Colombia. Vale decir que la “profesionalización” del ejercicio parlamentar implicó hacer del salario una continuación de la dominación y al mismo tiempo un mecanismo para mantenerla. Dime cuánto ganas y te diré cuál es tu privilegio.

Pero como otrora lo hiciera el movimiento cartista en Inglaterra que abogó por un salario parlamentar, algunos senadores defendieron el pago como un reconocimiento de su arduo esfuerzo como representantes del pueblo. Sin embargo, el argumento sobre el “esfuerzo” lo único que genera es una salida aristocrática, sustentada en la distinción entre el trabajo manual y el intelectual, reproduciendo el clásico juicio liberal a propósito de la justificación de la propiedad y la acumulación por la meritocracia. Verdaderamente lamentable las comparaciones de I. Zuleta, su justificación “sociológica” en verdad dejaron ver que para nada le molesta su nueva posición en el poder, reemplazando el horizonte de transformación hacia la mera conquista del “voto” acaudillado, en eso se aproxima al “pliego del pueblo” cartista, el cual tanto Marx como Engels habían calificado de pequeñoburgués o a lo sumo clase mediero.

El hecho de que detrás del ejercicio parlamentar se esconde la división del trabajo y la dominación de clase, explica el oportunismo de la senadora del pacto histórico, como el reflejo del mecanismo atávico inherente a la estructura del poder en Colombia, en el que un segmento se lucra con el ejercicio de la dominación (mudó los apellidos, pero la dinámica siguió igual). Y eso es lo que explica un poco la ambigüedad entre la exclusividad (Art.180 Constitución) y el monto específico que debe ser devengado por el trabajo parlamentar (Art. 187 Constitución y la ley 04 de 1992), que lleva a la recurrente confusión en el debate entre el Acto legislativo (que modifica la carta magna) y el proyecto de ley (Modifica leyes ordinarias), condición de posibilidad para la incursión del “mico” en el articulado que finalmente fue aprobado. La forma consumió el contenido de la cuestión.

El problema es precisamente la formación de los “especialistas” de la representación, o de la especialización del trabajo legislativo, de la creación de las leyes (y de las demás actividades del poder político). De ese modo, la disputa por la reducción de los salarios de los parlamentarios es una bandera que se adhiere a esa lucha del movimiento popular y le apunta a una esfera del Estado que lejos de democratizar el poder, crea una clase que se “esfuerza” constantemente por demostrar sus méritos para decidir los destinos de la nación. A esta dimensión difícilmente le apunta el proyecto de la reducción de los salarios de los parlamentarios (que sigue su trámite legislativo en la cámara de representantes), este se queda en la apariencia del fenómeno, los altos salarios y la desigualdad, sin comprender que el fundamento es la división de la sociedad entre quienes dirigen y quienes son dirigidos, entre los representantes y los representados. El problema no son los millones que se ganan los altos funcionarios y los congresistas, este es sólo el reflejo de la concentración histórica del poder de unas clases (las tradicionales oligárquicas y ahora del nuevo oportunismo “progre”) que obstaculizan la democratización del poder.

Sería interesante que, con el escenario creado por la mesa de negociación con el ELN y la creación del Comité Nacional para la Participación (CNP), se elevará el debate hacia donde tiene que ir: la transformación de las estructuras que han generado el conflicto, de la que la concentración de poder es quizás una de las más fundamentales.