LA PAZ ES ENTRE EL PUEBLO Y LA OLIGARQUÍA, EL PROCESO DE PAZ CON LAS FARC SIRVE PARA REPETIR LA HISTORIA.
Como ciudadano, Colombiano orgulloso de esta tierra, no puedo dejar de pensar y analizar lo que llamamos “Proceso de Paz” entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, el cual, simplemente es la transacción más ruin, infame, descarada y atroz que se pueda realizar. Lo digo sustentado en las conclusiones de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas la cual plantea que para solucionar el Conflicto Armado Colombiano y un proyecto exitoso para alcanzar un postconflicto virtuoso debe contemplar acciones en los siguientes temas (CHCV, 2015) e inicia una serie de propuestas hechas desde diferentes sectores sociales a través de la historia y más específicamente en la duración del conflicto armado pasando por realizar la reforma agraria que tanto se ha esperado donde se toquen aspectos como el modelo de desarrollo agraria, incentivos a la producción campesina, el respeto por el medio ambiente y el problema que genera tanto la minería como la agroindustria, la propiedad de la tierra, el uso y disposición de las tierras del Estado y los Etc., que le quedan faltando a la agenda del campo; continúa mencionando la urgente necesidad de un modelo económico más incluyente, una distribución más equitativa de la riqueza y el diseño de nuevas y más eficientes políticas destinadas a la erradicación de la pobreza, un fortalecimiento del Estado, sus aparatos judiciales y de Policía y una mayor y mejor presencia en todo el territorio nacional junto con un compromiso mayor de todos los órganos del Estado y, en particular, de las Fuerzas Militares y de Policía, con el respeto integral a los derechos humanos evitando de esta forma que las propias instituciones sean las que producen la violencia y la repliquen, se propone además como se ha hecho históricamente una reformulación de la política pública frente a las drogas ilícitas enmarcándola en los procesos del mundo que sirven de ejemplo (Uruguay, Colorado, Washington) lo que implica un monopolio rentístico y una regulación Estatal; expresan como punto fundamental de la discusión frente al compromiso por el posconflicto que debe existir una lucha sin tregua contra toda modalidad de privatización y sustitución del Estado en sus funciones de garante legal y constitucional en el mantenimiento y manejo del orden público y de los derechos humanos sobre todo, dado que las fuerzas armadas en vez de ser un factor generador de paz al igual que la policía, son uno de los que contribuye en mayor medida a la corrupción, la relación de una gran variedad de estructuras mafiosas con los servidores públicos de Colombia es más evidente aún en las fuerzas armadas destacando el apoyo a las estructuras paramilitares y la impunidad de los abusos a los derechos humanos (violaciones, masacres, desplazamientos, torturas, Etc.). La CHCV propone un fortalecimiento de los mecanismos de participación democrática, un compromiso colectivo serio tendiente a favorecer la reconstrucción de los proyectos de vida de las víctimas del conflicto armado como medios de verdad, justicia, reparación, además la no repetición se plantea entre otras formas con la exigencia de una clara y contundente decisión colectiva de renunciar definitivamente a la combinación de armas y urnas, tanto de la derecha como de la izquierda; además de, finalmente, un repudio colectivo a la violencia como recurso para alcanzar objetivos de cualquier índole.
Todo esto requiere de la voluntad expresa no sólo de las partes armadas del conflicto, sino además de la voluntad de todos los empresarios, políticos tanto a nivel nacional como local, multinacionales, gobiernos extranjeros, entre otros que han cooptado el poder del Estado Colombiano para beneficio propio para realizar una inversión social en la Paz sin precedentes. En palabras de Carlos Pizarro dirigente de Izquierda asesinado por el Estado en alianza con el paramilitarismo después de dejar las armas: “La paz no es entre el gobierno y la guerrilla, la paz es entre la oligarquía y el pueblo», dado que se ha observado por parte de grupos de extrema derecha y extrema izquierda la voluntad materializada en acuerdos, desarmes, reparaciones, devolución de tierras, Etc., voluntad de alcanzar la Paz Sustentable.
De quienes no se ha observado nunca la voluntad expresa, materializada en las normas que lleven a cabo las reformas sociales, institucionales y culturales que son el sustento para un verdadero posconflicto, es de la oligarquía, del gobierno hegemonizante de los Estados Unidos que tanta responsabilidad tiene en el conflicto interno de Colombia y sus lacayos autómatas en el Gobierno (Senadores, Representantes, Ministros, Jefes de Departamento, Alcaldes, Concejales, Etc.), sobre todo Juan Manuel Santos que para hacerse reelegir mintió al país sobre la construcción de la Paz Sustentable, haciendo entender la solución del conflicto como la terminación del enfrentamiento armado bélico con la guerrilla, dejando de lado la responsabilidad de los financiadores del conflicto, los otros actores armados que fueron quienes más desplazaron y concentraron la riqueza, y más aún la odiosa desigualdad social que lleva a los ciudadanos a tomar las armas como medio de cambio social y de acceso a los bienes básicos para llevar una vida digna.
El conflicto con las FARC – EP solo representa un pequeño porcentaje de los problemas de seguridad del país, los campos asumen la presencia de estos actores, sin embargo, los paramilitares y narcotraficantes en alianza con la Policía y las Fuerzas Militares son los mayores generadores de violencia, violación de derechos humanos, corrupción, torturas, desapariciones, homicidios, Etc.; además de llegarse a un acuerdo entre estás élites criminales (Gobierno – FARC EP), los posibles beneficios que pueda traer al campo no se ven para nada reflejados en la ciudad que es la que aporta en el momento el mayor número de problemas de inseguridad y violencia, dado que el conflicto urbano tiene su origen en el conflicto rural que se extendió a todo el país, es más que necesario no sólo adelantar un diálogo de todos los actores, sino además, es indispensable que el Gobierno cumpla con las reformas sociales y no haga lo que ha hecho siempre: Traicionar a los actores armados que le apuestan a una solución negociada del conflicto. De lo contrario, el próximo éxodo forzado masivo será el de ricos y pobres esta vez por igual desplazados de sus tierras y viviendas, sin otra posibilidad que usar las armas como en toda la historia de Colombia.
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