El pasado lunes 31 de octubre, EPM le adjudicó a la firma Schrader Camargo S.A.S. la terminación de las obras civiles para las turbinas 3 y 4, y el próximo viernes 4 de noviembre recibirá ofertas para terminar las obras civiles de las turbinas 5,6,7 y 8, con lo cual, sale del proyecto el consorcio CCCI integrado por Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa Ramón H. En cuanto a las obras civiles de las turbinas 1 y 2, que deben empezar a generar energía más tardar el 30 de noviembre de 2022, ya están terminadas.
EPM pierde con cara
EPM pierde con cara porque cambiar los contratistas implica riesgos adicionales para el proyecto. Veamos:
- Proceso de contratación e inicio del contrato: Este proceso puede durar hasta
5 meses, periodo durante el cual se deben evaluar las propuestas, hacer aclaraciones, atender observaciones, adjudicar, tramitar y aprobar las pólizas, firmar el contrato y el acta de inicio.
- Proceso de empalme: Será dispendioso y tardará varios meses debido a la alta complejidad del proyecto, las incertidumbres sobre el estado actual de las obras, las evidentes falencias de la información técnica, la no disponibilidad oportuna en terreno de maquinaria y equipos algunos de ellos
- Control del proyecto: El control del proyecto ha estado más en manos de los contratistas que de EPM, inclusive a partir de la contingencia, esta situación se ha Además, es previsible un difícil relacionamiento entre el contratista saliente, el entrante y EPM.
Todo lo anterior implica más tiempo, lo que a su vez aumenta de manera considerable las posibilidades de seguir incumpliendo.
EPM también pierde con sello
EPM también pierde con sello, porque el hecho de dejar a los actuales contratistas, ni siquiera alcanza para calificarlo, de lo menos malo. Veamos:
- Modalidad de contratación por precios unitarios: La modalidad inicial de contratación con el consorcio CCCI era por precios unitarios, y desde la contingencia, hace más de cuatro años, se cambió a valores calculados y decretados por el contratista, como quién dice gaste que EPM paga, precisamente la modalidad de pago que aplicaron Conconreto e Integral, actuales contratistas de Hidroituango, cuando le construyeron a EPM una hidroeléctrica en Panamá, que costó 6 veces lo presupuestado. El consorcio CCCI en una actitud de dominante y de imprescindible se negó a regresar a la modalidad inicial de precios
- Incumplimientos de los contratistas: Hay diferentes evidencias de reiterados incumplimientos documentados en los informes de interventoría, informes de la Junta internacional de expertos y las autoridades y entes de regulación nacional. Lo peor es que no han sido La continuidad de los contratistas no ha sido ni será garantía de cumplimento de los compromisos.
- Incumplimientos ambientales: Se han incumplido compromisos ambientales contenidos en la licencia ambiental que han ocasionado cuantiosas multas pagadas por EPM que ascienden a más de $13 mil millones, sin que se hayan adelantado los respectivos procesos contra los responsables.
- Reputación de los contratistas: Camargo Correa es la firma brasilera que lidera el consorcio constructor y que ha estado involucrada en escándalos de corrupción en varios países de América Latina, por prácticas relacionadas con sobornos y arreglos de precios, hasta el punto que hubo detenciones de ejecutivos y En cuanto a Conconcreto y Coninsa, también hay preocupantes referencias en la misma EPM, cuando le construyeron una hidroeléctrica en Panamá que costó seis veces lo presupuestado con sobrecostos que sobrepasan el billón de pesos y cuando consorciados con Camargo Correa construyeron Porce III con adiciones al contrato del 107%.
En conclusión
El cambio de contratistas aumenta los riegos de más incumplimientos, pero continuar con los actuales contratistas, en el mejor de los casos, alcanzaba a ser lo menos malo y tampoco era garantía de cumplimiento para evitar las multas, la pérdida de ingresos por energía en firme, la afectación a las tarifas de energía y a la seguridad energética del país.
El consorcio CCCI ha sido muy afortunado con adiciones y sobrecostos que superan los $4 billones, equivalentes a más del 200% del valor inicial del contrato, mientras los usuarios somos muy desafortunados pagando vía tarifas de servicios públicos.
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