“Lo que pretenden 29 alcaldes, es violar media constitución, acabar con el Estado de Derecho y provocar que la ciudadanía del Departamento despierte aún más y salga a las calles a defender la desición de octubre de 2019”.
Carlos Caicedo sabia que gobernar al Magdalena, suponía dos grandes retos 1) Sacarlo del cuarto lugar de pobreza multidimensional, de la ley 550 o ley de quiebras y de la lista bandera de uno de los departamentos más corruptos de Colombia. El segundo reto, era gobernar con toda la “clase política” de la región y el Departamento en contra. Caicedo se esperaba triquiñuelas amparadas en la ley que buscaran, así como cuando fue rector de la Unimag, destituirlo, ponerlo preso, o sencillamente entorpecerle el camino. Creo que nunca imaginó que aquellas cáscaras de huevo iban a ser además, ilegales, inconstitucionales y si se quiere ilícitas.
El Estado Colombiano, es presidencialista y se divide en tres ramas del poder: Ejecutiva, legislativa y Judicial. Las tres están superpuestas unas a otras y se deben respeto legal, así como explicaciones prudentes. O sea, una es la veedora de la otra en el marco de la misma constitución. En lo que respecta a la rama ejecutiva en ella se encuentran el Presidente, los gobernadores y los alcaldes y en ese orden, nuevamente tripartita representa a las autoridades locales, departamentales y nacionales.
La misma Constitución establece los lineamientos en los cuales los territorios tienen autonomía sobre algunos aspectos de sus necesidades y menciona que hay un orden departamental que lo representa un(a) gobernador(a) y que dichas personas son la máxima autoridad en el Departamento, que puede ejercer justicia, autonomía con los recursos propios y poner en marcha sus políticas de gobierno y eso viene siendo así desde 1987, o sea, desde la primera elección popular de alcaldes, lineamientos que se recogerían en la carta de 1991.
Hasta aquí todo va bien, el problema empieza cuando el alcalde de Ciénaga Ramiro Fonseca más conocido como el “tete” propone una asamblea de alcaldes, casi que clandestina, con el fin de que los recursos que gira la Nación al Departamento por concepto de regalías sean distribuidos entre 29 de los 30 municipios exceptuando al Distrito de Santa Marta. Que curioso, que la mayoría de estos alcaldes se hayan hecho elegir con el apoyo de senadores y representantes tan polémicos que además fueron hombro y espalda del corrupto clan Cotes. ¿Será que estos alcaldes tienen celos porque Caicedo no les regaló la Salud, la alimentación de los niños y la educación de los Magdalenenses a sus padrinos políticos los senadores y representantes? ¿Será que estos alcaldes si están pensando en su departamento o se ven presionados por un poder mucho mayor a ellos? Las lealtades políticas en departamento, las maneja el Clan corrupto de los Cotes y con ellos se alinean todos los partidos políticos tradicionales.
Lo que pretenden 29 alcaldes, es violar media constitución, acabar con el Estado de Derecho y provocar que la ciudadanía del Departamento despierte aún más y salga a las calles a defender la desición de octubre de 2019. Saltarse la constitución y la ley en desmedro de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía, parece ser un defecto propio de aquella “clase política” que ha sumido a la Nación en la guerra, el hambre y la pobreza.
En el Magdalena, los pactos que se hacen dan miedo y la ciudadanía en pleno debe temer y que el llamado Pacto de Ciénaga, no tiene mucho de diferente al Pacto de Chivolo (Acuerdo político entre líderes y organizaciones al margen de la ley con intenciones de repartirse los presupuestos locales y elegir directamente a dedo a los alcaldes) acá lo único diferente es que pretenden borrar de un tajazo toda las divisiones internas de los poderes ejecutivos, haciendo que los recursos del departamento sean distribuidos directamente a los municipios, dejando al departamento sin un centavo y por ende, a la administración de Caicedo en blanco y aquellas políticas públicas que se piensan poner en marcha. Dejar a las subregiones sin universidades, a la red hospitalaria tal cual está, a la famosa “vía de la prosperidad” sin recursos para terminarla.
Que no nos tomen por ingenuos, estos grupos políticos solo pretenden una cosa. Apropiarse de unos recursos que ya no tienen para sostenerse en el poder. Valdría la pena que los Organismos de Control se pregunten: ¿Por qué un senador de X departamento saca más votos en Y región? Ahora ¿Por qué el DNP se presta a esta pantomima?
Peligroso, en el Departamento del Magdalena estamos asistiendo, si la inconstitucional propuesta prospera, a la sepultura de constitución y la ley, de la división de funciones y de poderes y a la orquesta que sonaría en tono perfecto para las ratas que aún sancionadas pretenden pagar las multas por sus faltas con los mismos recursos del erario público.
Decía López Pumarejo el 31 de mayo de 1937 “Entiendo que comienza una nueva era en la vida de Colombia y que la política va a dejar de ser ese romántico ejercicio de nuestros antepasados, o la expresión pasional de las virtudes y defectos de la raza, para tocarse en una lucha de intereses, a los cuales hay que poner valla y dique seguro sin pérdida de tiempo. Si con débiles y apenas justos intentos de buscar la contribución del capital a los gastos públicos, si con el asomo de una intervención que está clamando su urgencia, en la industria extranjera que sostienen con heroico esfuerzo los productores colombianos, ya hemos podido advertir que en todas las divergencias políticas el capital se coloca al lado contrario del gobierno, y éste suele quedarse a mitad de camino, falto de instrumentos de acción, de respaldo efectivo, que ocurrirá más tarde, me pregunto yo, cuando ese capital participe activamente en las elecciones, lleve sus candidatos y agentes a las corporaciones públicas o decida poner todo su peso en el momento de un cambio de régimen” Alvaro Tirado Mejía “López Pumarejo: La Revolución en Marcha”. Nueva Historia de Colombia. 1980. P. 326.
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