El orden social de la droga

     

Los constantes fracasos en la persecución de alias Otoniel van mucho más allá de la ineptitud de la Policía Nacional como institución. Con el bombardeo mediático respecto a la persecución incansable de Otoniel, las autoridades no logran su cometido de dar resultados al país, sino poner en vilo su eficacia como inteligencia militar, puesto que se reanudan los errores  de los 90’s por parte de las autoridades en el desmantelamiento real de estructuras narcotraficantes en Colombia.

Alias Otoniel es un interesante personaje que aprendió de Pablo Escobar el arte de emplear el capital social humano como vehículo para su negocio.

Ahora bien, esto, para la estructura criminal de Los Urabeños, fue el establecimiento de una división de trabajo perfectamente diseñada, en la que si bien la división de los oficios es un hecho, el negocio no funciona en perfecta jerarquía, funciona en forma de red, de manera que, intentar ensamblar el orden jerárquico como lo hacen las autoridades, es prácticamente imposible.

Tal como afirma Cesar Rodríguez, profesor asociado de la Universidad de los Andes: “las últimas cuatro décadas, la lógica económica y cultural del narcotráfico ha permeado las entrañas de las instituciones en múltiples campos sociales, desde el Estado hasta la familia, la economía y el trabajo” (Rodríguez, 2011, pág. 36)

Paso a paso, lo anterior traduce en comprender que cuando se tiene una estructura de poder que garantiza la protección sobre algún tipo de actividad, es inmediata la proyección de un capital social humano que garantiza el éxito de las operaciones del trabajo. En palabras de Isaac de León Beltrán, autor del libro Aprendizajes Criminales, el control social a manos de la ilegalidad se lleva a cabo por medio de un capital social, que facilita el surgimiento y la confianza de una actividad delictiva. Lamentablemente en Colombia, desde hace más de tres décadas, este capital social ha sido usado más sagazmente por narcotraficantes que por el mismo Estado, tomando como ejemplo las practicas populares de Pablo Escobar en los 80’s respecto a la sociedad misma garante de su negocio.

En consonancia con lo anterior, las constantes burlas de Otoniel a la Operación Agamenón, no son más que el reflejo de una organización delincuencial sin estructura burocrática visible, en la que figuras como la de los combos, los cuales, no son «empleados» directos de las grandes organizaciones de macro tráfico, se involucran por medio de subcontrataciones para la protección de ciertas zonas de interés, tal como funciona en el sector La Loma de la Comuna 13, donde su valor estratégico es operar como corredor de drogas y armas con miras al Úraba, no como cabecillas que pueden inestabilizar el negocio del narcotráfico.

Este capital social usado por Otoniel, no solo funciona como garantía para las fases de producción, sino también, y, copiando a Pablo Escobar, funciona como su escudo de seguridad personal, en tanto las personas que conforman su capital se convierten en el medio de distracción para su captura. Evidentemente esto no es un problema de la sociedad que trabaja en dicha producción, sino, el resultado de un abandono histórico estatal de ciertas zonas del país, del cual, si bien el Estado ha intentado reivindicarse, es difícil que, luego de perdido el capital, el Estado logre igualar o garantizar la protección de dichos sectores históricamente excluidos.

En este punto donde la historia de persecución del Estado al narcotráfico se repite con los mismos vicios institucionales, es donde más se debería hacer hincapié en la posibilidad real de una legalización de drogas en Colombia, que no solo intente reivindicar las zonas históricamente excluidas del país, sino también tome control legal de un mercado que convencionalmente por medio de segregación y tabús, ha traído la mayor renta económica y de capital social de los grupos insurgentes en Colombia.

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Alejandra Zuluaga Duque

Politologa de la Universidad EAFIT.

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