Muy pocas cosas nos tomamos en serio los colombianos, y una de ellas, sin lugar a dudas, tiene que ver con la elección de los gobernantes. Son alarmantes las cifras de abstención que se presentan en todo el territorio nacional, más cuando podemos comprobar que muchos de quienes participan en ellas están alineados por un puesto de trabajo, un contrato para la provisión de bienes o servicios, o un simple tamal con gaseosa. No han servido de nada los llamados de quienes insisten en que la democracia exige la participación de todos, como tampoco las amenazas de aquellos que todo lo resuelven con la promulgación de un nuevo tipo penal. La abstención es la regla en Colombia. Hoy, con los márgenes de abstención que registra cualquier elección, no es extraño que lleguen a las “máximas dignidades” personas que no tienen ni las competencias ni las credenciales para ejercerlas. Muy pocos miran programas y hojas de vida; cada vez menos se interesan en el asunto.

En las pasadas elecciones para alcaldes, en Medellín se presentó un abanico de candidatos en el que se levantaba como el más opcionado un delfín que contaba con el aval de la fuerza política más importante del momento, con otros personajes de muy pocas ejecutorias en lo público, y muy débil discurso frente a la tribuna. Dentro de esas candidaturas estaba la del señor Daniel Quintero Calle, una de las muchas que existían y que no pasaba de ser un pequeño “sketch” dentro de ese gran sainete que eran las elecciones programadas para escoger alcaldes municipales. Una contienda electoral en la que no valía la pena gastar las buenas horas de un domingo haciendo fila para sufragar por quienes no ofrecían nada serio.

Durante su campaña, Quintero Calle no dijo nada importante sobre el futuro de Medellín. Su discurso se había limitado a despotricar de cada uno de sus contendores, y a tomar como bandera esa gran corrupción que, decía él, se presentaba en la llamada «joya de la corona». “Para los ratones, el queso”, había dicho en una corta intervención en el cabildo municipal, y con esto abría algunas expectativas de lo que desnudaría una vez alcanzara el poder municipal. Muy pocos lo tomaron en serio. Pero ante ese pobre panorama que ofrecía una campaña plagada de lugares comunes y desprovista de cualquier debate profundo, las maniobras del candidato dieron sus frutos, y como salido del sombrero, el señor Quintero Calle terminó elegido alcalde de la ciudad de Medellín, sin que nadie estuviera en condición de explicar de dónde salió esa candidatura y, peor aún, quién había ganado la alcaldía de la ciudad. ¿Los movimientos estudiantiles de los que hizo parte en su vida universitaria? ¿Los conservadores con los que alguna vez trabajó? ¿El liberalismo, por donde pasó en algún momento? ¿El Petrismo, por el que en alguna oportunidad nos invitó a votar? ¿El Santismo, del que fue funcionario? ¿Los “tomates”, en donde militó? ¡Nada más indescifrable!

Sin una trayectoria laboral importante, sin conocimiento de la ciudad, sin claridad sobre sus propósitos como gobernante, sin un programa de gobierno sometido a una dura criba con la ciudadanía o los grupos de interés, Daniel Quintero Calle se posesionó el primero de enero del 2020 como alcalde de la ciudad de Medellín. Posiblemente llegó a donde ni él pensó que llegaría, y con las manos desprovistas de todo. ¿Con quién iba a gobernar la ciudad? Muy poco se sabía de él, y menos de su equipo de gobierno, así como tampoco se sabía de los compromisos adquiridos a lo largo de la campaña, y fue ahí donde empezaron a aparecer las sorpresas. Nombró como Gerente General de Empresas Públicas de Medellín a un abogado antioqueño, con raíces en Bogotá, que nada le decía a sus coterráneos sobre su formación,

trayectoria, ejecutorias y programas. Sin credenciales que garantizaran su competencia para tan importante posición, Álvaro Guillermo Rendón llega a gerencia EPM en un momento crucial para la Empresa –terminación y puesta en marcha de HIDROITUANGO, inicio de operación de Caribe Mar, definición sobre el futuro de importantes filiales nacionales y extranjeras, entre otros–.

Durante los primeros ocho meses de gobierno, muy poco se sabe de lo que pasó en EPM. La pandemia envió a gran parte de los funcionarios a trabajar desde sus casas, lo que hizo que se acabara su participación de todos en el diario vivir de la Empresa, así como la veeduría que desde sus puestos de trabajo cada uno ha ejercido. Se presentó una recomposición de la Junta Directiva, se crearon nuevas dependencias, se dieron importantes nombramientos en el primer nivel de la organización, se celebraron varios contratos a dedo, reformaron oficinas de la gerencia en Medellín y Bogotá, todo esto mientras se fraguaban dos hechos importantes para la Empresa y el país: el cambio del objeto social de una ESP, a la que le quieren adicionar todo tipo de negocios civiles y comerciales, y la instauración de una reclamación contra los contratistas de HIDROITUANGO por una cifra que supera los 9.9 billones de pesos. Dos hechos trascendentales que se impulsan por quien dice no tener obligación legal de discutirlos con aquellos que nombró o ratificó como integrantes del máximo órgano de dirección de la Empresa, su Junta Directiva.

La estructura administrativa de EPM no deja de ser un absurdo, jurídicamente hablando: la Junta Directiva no tiene período, es de libre nombramiento y remoción por uno de sus integrantes, no designa al Gerente General de la Empresa, y no constituye el máximo órgano de dirección de la misma. Esta circunstancia, que se encuentra así desde la reforma estatutaria llevada a cabo en el año 1998, y que hasta el momento no había presentado problema alguno, fue detonada por quien no conoce las reglas mínimas de Carreño, al afirmar, sin rubor alguno, que decisiones de tal importancia –cambio de objeto social y demanda a los contratistas– son de su competencia y no deben ser consultadas con nadie.

Como consecuencia de un comportamiento arrogante, por decir lo menos, EPM está en la mira de las calificadoras de riesgo, los acreedores financieros, los contratistas de la mega obra que adelanta en Itüango, la veeduría ciudadana “Todos Por Medellín” que se creó por los hechos conocidos en el último mes, mientras el advenedizo alcalde trata de ningunear una crisis que muy posiblemente lo acompañará hasta el final de su mandato.