Nicolás Ordóñez Ruiz
Hay nombramientos que se explican por la coyuntura y otros por la persona. El de Alejandro Ordóñez Maldonado en el Ministerio del Interior tiene un poco de ambos. Llega cuando el Gobierno necesita al Congreso más que nunca, y cuando el presidente Abelardo de la Espriella ya decidió que esa relación no se va a construir con cuotas, puestos ni favores.
El presidente lo dijo desde el comienzo: la relación con el Legislativo se haría a la luz del día, sin prebendas y sin intermediarios. Por eso Ordóñez tiene sentido.
Fue concejal de Bucaramanga, magistrado y presidente del Tribunal Administrativo de Santander, y llegó al Consejo de Estado, que también presidió. En 2008 el Congreso lo eligió procurador general con votos de sectores muy distintos, y ejerció el cargo hasta 2016. Después representó a Colombia ante la OEA durante el gobierno del Presidente Iván Duque y volvió a esa embajada este año, de donde el presidente lo trajo al Interior.
De su paso por la Procuraduría se ha dicho de todo, y él nunca ha pretendido caerle bien a todo el mundo. Lo que pocos pueden negarle es que no midió las sanciones por el color político del investigado. Por su despacho pasaron exministros de la derecha y congresistas de la izquierda, y con todos sostuvo la misma firmeza. Esa coherencia incomoda, y es justo lo que necesita un ministerio donde la tentación de negociar principios es diaria.
Lo digo con la franqueza de quien lo admira desde hace mucho. Yo era muy joven cuando lo veía ejercer como procurador, y me llamaba la atención que alguien con tanto poder estuviera tan poco dispuesto a usarlo para quedar bien. Años después trabajé con él en la Cancillería y confirmé de cerca lo que había visto de lejos: un hombre estudioso, que prepara cada intervención, que escucha más de lo que la gente supone y que trata con el mismo respeto a un embajador y al funcionario más nuevo. No escribo como observador imparcial, porque nos une una relación cercana. Por eso mismo sé que no llega a improvisar.
Los retos tienen fecha. El primero es la Ley de Rescate Económico, radicada en la Cámara el 29 de octubre y con mensaje de urgencia. Propone un ajuste cercano a los 45 billones de pesos en el gasto de 2027, y el Gobierno asegura que siete de cada diez pesos saldrán del propio Estado. Aprobarla sin entregar el ministerio a cambio de votos será la primera prueba de que otra forma de relacionarse con el Congreso es posible.
El segundo es el Plan Nacional de Desarrollo. Bien hecho, puede saldar una deuda vieja con las regiones: más autonomía en el manejo de las regalías, más recursos para lo que cada territorio define como prioridad y más Estado donde hoy apenas llega. Ahí Ordóñez tendrá que ser también el articulador con gobernadores y alcaldes.
Le deseo al ministro Alejandro Ordóñez Maldonado muchos éxitos. Que tenga paciencia para escuchar, firmeza para no ceder en lo esencial y sabiduría para distinguir una cosa de la otra. Y que Dios lo acompañe y lo ampare en cada decisión. De su gestión depende algo más que la agenda de un gobierno: la prueba de que en este país todavía se puede gobernar de frente.
Comentar