“Dice el adagio popular que la ignorancia es atrevida y que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Dos expresiones que cobran especial relevancia cuando se observa la distancia entre el discurso de austeridad, igualdad y justicia social que promueven determinados sectores del progresismo colombiano y las controversias que rodean las actuaciones de algunos de sus representantes. Porque una cosa es defender a los pobres y otra, muy distinta, convertir la pobreza ajena en una plataforma política mientras se aspira a disfrutar de los privilegios que públicamente se cuestionan.”
El problema no es tener dinero, vestir bien, utilizar relojes costosos, frecuentar establecimientos exclusivos o aspirar a una vida cómoda. Nadie está obligado a vivir en la precariedad para defender políticas sociales. El problema comienza cuando se construye una identidad política alrededor del desprecio por las élites económicas, se señala la riqueza como expresión de una supuesta superioridad moral de clase y, simultáneamente, se pretende acceder a los símbolos de estatus que se utilizan para alimentar la confrontación social. La contradicción merece ser discutida, especialmente cuando involucra a quienes administran recursos públicos y reclaman una conducta ejemplar a los demás.
El episodio relacionado con la posible residencia de Gustavo Francisco Petro Urrego en Sierras del Moral, un exclusivo conjunto del norte de Bogotá, permite ilustrar esta discusión. La controversia surgió cuando algunos residentes manifestaron reparos ante su eventual llegada y solicitaron evaluar las implicaciones jurídicas de una posible operación inmobiliaria. Su expresidente respondió reivindicando su derecho a vivir donde quisiera. Y tiene razón en ese punto, pues nadie debería ser discriminado por sus convicciones políticas ni por su condición económica. Sin embargo, el episodio abre una pregunta legítima sobre la coherencia entre la retórica de confrontación de clases y las aspiraciones personales de quienes la promueven.
¿Por qué los espacios asociados con las élites resultan tan atractivos para quienes han construido buena parte de su narrativa política cuestionando los privilegios de esas mismas élites? ¿Por qué aquello que se presenta como símbolo de desigualdad cuando lo disfruta un adversario deja de ser objeto de cuestionamiento cuando beneficia a alguien del propio círculo? No se trata de exigirle a Gustavo Francisco Petro Urrego que viva en un barrio popular. Se trata de requerir a cualquier dirigente que explique por qué sus principios parecen tener una interpretación distinta cuando afectan su propia comodidad.
Y como si las controversias alrededor del lujo no fueran suficientes, aparece otro episodio que invita a reflexionar sobre las contradicciones del discurso político; la cancelación de visas estadounidenses a personas vinculadas con el “petrismo”. El 28 de septiembre se conoció la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de revocar los visados de la senadora Martha Peralta y del empresario Euclides Torres, junto con los de sus familiares. La medida, inscrita en una actuación más amplia contra ciudadanos latinoamericanos, fue rechazada por Gustavo Francisco Petro Urrego, quien la calificó como una persecución política contra el progresismo. Las acusaciones estadounidenses deben examinarse con las garantías correspondientes y una restricción migratoria no constituye, por sí misma, una condena penal. Pero aquí surge una paradoja política que merece atención ¿por qué resulta tan importante conservar el acceso a Estados Unidos para quienes hacen de la confrontación con su modelo económico una bandera recurrente? ¿Por qué el país que representa buena parte de aquello que cuestionan ideológicamente continúa siendo un destino cuya restricción genera semejante controversia?
Es perfectamente legítimo cuestionar las decisiones de Washington, defender la soberanía nacional y exigir respeto por los derechos individuales. También es legítimo viajar, estudiar o mantener relaciones familiares en Estados Unidos sin compartir su modelo económico. Lo que resulta discutible es convertir el antagonismo con el capitalismo en una herramienta de movilización mientras se disfruta, sin mayor explicación, de las oportunidades y comodidades que ofrece ese mismo sistema. Ahí está el verdadero problema; el capitalismo parece ser condenable cuando produce riqueza para el contradictor político, pero perfectamente tolerable cuando proporciona bienestar a quienes predican combatirlo.
La izquierda colombiana necesita responder una pregunta que va mucho más allá de Gustavo Francisco Petro Urrego ¿su lucha es realmente contra los privilegios o simplemente contra el hecho de que otros los tengan? Porque entre el discurso revolucionario y la vida cotidiana de determinados dirigentes parece existir una frontera bastante conveniente. Se habla de reivindicación popular, pero los símbolos de estatus conservan su atractivo. Se cuestiona la concentración de riqueza, pero pocas veces se discuten con la misma vehemencia las ventajas materiales de los integrantes del propio movimiento. Se invoca al pueblo como fundamento de legitimidad, pero ello no necesariamente se traduce en una relación transparente y coherente entre las convicciones proclamadas y las decisiones personales.
La contradicción se vuelve especialmente preocupante cuando se traslada a las calles y a las universidades públicas. Los jóvenes, los trabajadores y las comunidades menos favorecidas tienen pleno derecho a movilizarse, defender sus ideas y respaldar proyectos políticos. Lo cuestionable es que cualquier liderazgo pretenda transformar ese compromiso en una lealtad incondicional que impida preguntar, disentir o fiscalizar a sus propios representantes. Una universidad pública debería formar ciudadanos críticos, no creyentes políticos. Un estudiante comprometido con la justicia social no tendría que convertirse en defensor automático de las actuaciones de un dirigente por el simple hecho de compartir una orientación ideológica. Y una persona de escasos recursos no debería sentir que cuestionar a quienes hablan en su nombre constituye una traición a su clase social. Ese es uno de los riesgos de la instrumentalización política; convertir las necesidades legítimas de la población en combustible electoral, alimentar la indignación contra determinados sectores y reclamar fidelidad mientras se evita que las mismas preguntas incómodas alcancen a quienes ejercen el liderazgo.
Los ciudadanos no pueden ser tratados como “idiotas útiles” de ninguna causa. No deberían servir únicamente para llenar plazas, alimentar tendencias digitales, repetir consignas y depositar votos. Su compromiso merece respeto, resultados y, sobre todo, dirigentes dispuestos a someterse al mismo escrutinio que exigen para sus adversarios. El progresismo tiene todo el derecho de defender su modelo de sociedad. Sus representantes también tienen derecho a prosperar económicamente. Pero no deberían pretender que la condición de progresistas les conceda una especie de inmunidad moral frente a las contradicciones que puedan surgir entre sus palabras y sus actuaciones.
Colombia necesita menos discursos que dividan artificialmente a sus ciudadanos entre buenos y malos según su condición económica, y más explicaciones sobre la manera en que se ejerce el poder, se administran los recursos y se responde por las promesas realizadas. La pobreza no debería ser un instrumento de propaganda ni la riqueza un pecado selectivo. Mucho menos debería utilizarse la desigualdad como argumento para despertar resentimientos que desaparecen cuando llega el momento de disfrutar de las comodidades que se reprochan a los demás.
Al final, quizá la discusión no sea sobre el capitalismo, las visas, los relojes de lujo o las residencias exclusivas. La discusión es sobre la coherencia. Sobre la facilidad con la que algunos convierten sus principios en exigencias para los demás y sus preferencias personales en excepciones perfectamente justificables. Porque una cosa es luchar para que los pobres vivan mejor y otra muy distinta es utilizar a los pobres para vivir mejor. Y esa diferencia, por más discursos que se pronuncien, no debería pasar inadvertida para los colombianos.
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