El lado rosa de la política colombiana

“…Tal como lo reconoce la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CETFDCM o CEDAW por sus siglas en inglés): “La participación de las mujeres en todas las esferas de la vida social, en igualdad de condiciones con los hombres, es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país”

Históricamente los derechos de las mujeres han sido producto de luchas, procesos y acciones, donde la indignación, la violencia y la muerte han sido una constante dinámica que se ve en todos los ámbitos, especialmente en el ejercicio político. Los espacios conquistados por y para las mujeres poseen componentes que han significado un análisis determinado al contexto en el cual se han desarrollado, ejemplo claro y especifico es la obtención del derecho al voto femenino en Colombia durante el gobierno de Rojas Pinilla, justamente el 25 de agosto de 1954, este logro fue según Beatriz Vallejo “(…) complicado, lento y lleno de altibajos. La influencia que ejercía la Iglesia católica en la vida cotidiana de las mujeres desde la conquista, y aun entrado el siglo XX, impedía que éstas asumieran un papel protagónico, que les permitiría ayudar a construir su propio entorno político”.

No obstante, esos procesos de empoderamiento femenino, siguen colmados de disparidades, y no han cambiado mucho en los últimos 10 o 15 años, los planes y proyectos por cerrar la brecha discriminatoria, no son frecuentes y los que se ven no son de mayor relevancia, por lo que me hago la siguiente pregunta ¿Existe la igualdad de género?, Los Colombianos no son conscientes de lo significativo que es para el desarrollo de un mejor país el poder responder esa pregunta de manera sincera, de ser así el horizonte sería diferente.

Por lo anterior, Los retos a los que se enfrentan las mujeres que aspiran a participar de la política en Colombia son muchos, ¿es realmente representativa las curules que tienen las mujeres en el Congreso de la República? O ¿los puestos en la Corte Suprema de Justicia?, y ¿en el Consejo de Estado?, la cuota de género parece ser una tacita de agua de manzanilla, por todos los años que vivieron a un lado de la sociedad. Las mujeres siempre existieron, pero al margen de cualquier actividad que los hombres decidieran a su antojo y de manera autoritaria, pero ¿sería tan difícil que los colombianos pensaran que quien lleva las riendas del país, es una mujer?, o ¿no le darían la oportunidad?

En los setenta se vivió la trascendencia de las políticas igualitarias, en donde cobijaron el sexo, la religión, entre otros, ya no era un tema exclusivamente racial. En la actualidad la mujer en Colombia ha obtenido gran cobertura de derechos, como las acciones afirmativas (discriminación positiva), concepto que surge en los Estados Unidos, con el fin de revindicar a las minorías negras contra la segregación que sufrían.

Colombia es uno de los países que ha ratificado todos los tratados internacionales sobre igualdad de género y derecho de las mujeres, existen normas nacionales sobre los distintos temas contra las violencias, empoderamiento económico, político pero las cifras siguen siendo todavía preocupantes”, afirmó, Diana Espinosa, vocera de ONU Mujeres.

Es muy difícil que en alguna de las entidades gubernamentales las mujeres lleguen al 20% de personas electas, y creería que quedan unos 18 años (haciendo cálculos, espero que equivocados, pero a vuelo de pájaro) más para que el candidato a la presidencia con el mayor favoritismo sea una mujer, según Karen Labrador, “el derecho al voto se convirtió en la puerta de entrada a la participación política de las mujeres, aunque los datos demuestran que ésta ha sido minoritaria. Y es que, aunque las mujeres latinoamericanas son más del 50% de la población electoral y que 13 países de nuestra región cuentan con legislaciones que determina las cuotas para inscripción de candidatas a los parlamentos nacionales, sólo 3 países han superado el 30% de la participación femenina y ellos son Argentina con el 38.5%, Costa Rica con el 36.8% y Ecuador con el 32.3%”.

Ley Estatutaria 581 de 2000 o Ley de Cuotas: Señala que el 30% de los cargos de máximo nivel decisorio y otros niveles en la estructura de la Administración Pública deben ser ocupados por mujeres, texto decorativo, que usan los viejos poderosos para que no los molesten con dicha participación, eso lo podemos evidenciar al ver que no se cumple a cabalidad esta cuota en la estructura de la administración pública, muchas veces creemos que por el miedo irracional que esos señores han sembrado en las mujeres de hacerles ver “su incapacidad” de tomar las riendas de sus vidas, y de las próximas generaciones.

En Colombia, la discriminación positiva, la firma de tratados, la creación de normas, busca incluir a las mujeres y grupos minoritarios en la administración pública y en todos los campos laborales, pese a los avances en la creación de estrategias, a la mujer en la sociedad colombiana se le sigue encasillando en los roles en los que se destacan por supuesto, las cuidadoras, cocineras, enfermeras, estilistas, costureras, secretarias, licenciadas, marginándolas muchas veces de la participación pública y en ocasiones en otros sectores laborales, aún se observa que los grupos políticos con grandes “maquinarias” utilizan el concepto de género, y a las mujeres para hacer publicidad imponiéndose como tendencia en redes.

Lastimosamente todas las estrategias anteriores son implementadas a conveniencia; Las listas de participación no son tan confiables como quisiéramos, muchas veces llegamos a pensar que a las elecciones populares son incluidas algunas mujeres solo para lograr cumplir requisitos. Conformadas de esa manera algunas veces por mujeres que no son elegibles y mucho menos poseen trayectoria para promover votos de opinión.

La carencia de una verdadera representación política por parte de las mujeres no es algo que se vaya a erradicar de un día para otro, por ello se debe fomentar los espacio para una verdadera ideología de género, en donde los hombre y mujeres puedan trabajar mancomunadamente y no en jerarquías por el género al que pertenecen, en donde se pueda evidenciar 50/50, 70/30, o 60/40, porque no se tendrán que votar por una cuota mínima para llenar los requisitos de una ley, o si es hombre o mujer, sino la observancia del ideal y convicción que cada persona plasma en un proyecto a realizar.

Tal como lo reconoce la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CETFDCM o CEDAW por sus siglas en inglés): “La participación de las mujeres en todas las esferas de la vida social, en igualdad de condiciones con los hombres, es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país”, sin embargo, en el mundo entero, la mayoría de las sociedades no han logrado garantizar la plena participación de las mujeres, reconocer y potencializar su liderazgo y representar sus agendas y necesidades en las políticas públicas.

Por lo cual, es responsabilidad estatal no solo desarrollar leyes, tratados o acciones afirmativas, sino también velar por adecuado cumplimiento de todas aquellas estrategias creadas con el fin de incluir (en este caso) a las mujeres en los espacios de administración pública para que de esta manera sean visibles y representen una lucha que si bien inició con la tan merecida oportunidad de votar hace 66 años, siga llevando su curso sin caer en el desatino de los juegos al momento de implementarlas, además de la conciencia que debe ser trabajada desde cada persona y el entendido del papel que juega cada mujer en la administración pública y que debido al sentimiento egoísta han estado en principio apartadas de espacios donde generan verdaderos cambios. Y todo esto sin mencionar las realidades que posiblemente han podido salir a flote gracias a los hechos que están sucediendo a medida que transcurre el año 2020.