“El discurso de proteger la vida solo lo sacan a relucir cuando se trata de controlar los cuerpos de las mujeres, sus decisiones y maternidad.”
El 25 de septiembre al frente de la Corte, en Bogotá, amaneció escrito en la calle: “Colombia es provida”. Esto tras la radicación de la demanda por inconstitucionalidad en contra del artículo del Código Penal que tipifica como delito la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), interpuesta por el movimiento Causa Justa. Varios miembros del Gobierno, incluyendo al presidente Duque, se han nombrado así mismos pro-vidas: creen en la vida desde la concepción y están en contra del aborto.
Sin embargo, el Gobierno predica, pero no aplica. ¿Defensores de la vida? ¿Proteger a los niños? El presidente y demás funcionarios no son pro-vida, son solamente antimujer.
En Colombia mueren al año cerca de 70 mujeres por abortos clandestinos, según el estudio «Prevención del aborto inseguro en Colombia» del Ministerio de Salud. La falta de información, el estigma social y las barreras en los centros de salud producen que estas interrupciones voluntarias no se realicen en instituciones sanitarias con garantías de calidad.
El expresidente y exsenador Álvaro Uribe, en febrero de este año, propuso un referendo en contra del aborto tras la ponencia, por la despenalización total de la IVE hasta la semana 16, presentada por el magistrado Linares ante la Corte. Promovió, igualmente, la objeción de conciencia del personal médico, recibiendo apoyo de diferentes miembros del Centro Democrático, esto provocó que se reabriera el debate en torno al tema trayendo consigo más estigma y desinformación sobre la IVE.
La presión por parte del Gobierno para reanudar las aspersiones de glifosato evidencia, también, que su discurso pro-vida no es real. El uso de este para erradicar cultivos ilícitos tiene efectos sobre la fertilidad de las mujeres, asimismo, causa abortos espontáneos y tempranos. Además, daños en el ADN, déficit de atención y malformaciones, así lo señala la investigación realizada por el Grupo de Epidemiología y Salud Poblacional (GESP), de la Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle, con el apoyo del Centro de Derechos Reproductivos.
Importa añadir, además, que se golpean duro el pecho diciendo que defienden la vida, pero recordemos: 18 niños muertos en el bombardeo por parte del Ejercito en Caquetá, tres de ellos perseguidos y fusilados; según un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, en lo que va del Gobierno de Iván Duque han asesinado a 537 líderes sociales; en lo trascurrido del año hasta el 22 de septiembre se han registrado 61 masacres en el país, dejando 246 personas asesinadas (informe de INDEPAZ).
En definitiva, el discurso de proteger la vida solo lo sacan a relucir cuando se trata de controlar los cuerpos de las mujeres, sus decisiones y maternidad. No les interesa “salvar las dos vidas”, si así fuera no atentarían contra un derecho fundamental, importarían las cifras de mujeres muertas en la clandestinidad y el debate estaría puesto en: aborto legal para no morir, anticonceptivos para no abortar y educación sexual para decidir.
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