Tras una semana realmente crítica para la implementación del Acuerdo de Paz y luego de una reunión con Santos y Rodrigo Londoño (Timochenko), el gobierno decidió priorizar 1,7 billones del Fondo Colombia en Paz para avanzar durante 2023 en tres frentes: -el cierre del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS); – financiar proyectos de infraestructura terciaria en municipios donde vienen funcionando los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET); – y fortalecer el catastro multipropósito.
En total, el gobierno comprometido recursos por el orden de 1.045 billones para dos componentes relacionados con la sustitución de cultivos. El primero, y según expresó el director del Fondo Colombia en Paz, Camilo Cetina, se destinará para “cerrar” el antiguo PNIS; y el segundo, se orientará a cambiar el esquema de sustitución (seguramente con la ejecución de un nuevo programa) para desarrollar una contratación más cercana y directa a las comunidades.
Así, el gobierno pone sobre la mesa el futuro inmediato del PNIS; sin presentar, hasta el momento, una renovada política de sustitución que responda a la expectativa de las decenas de miles de familias que, entre 2017 y 2018, suscribieron acuerdos colectivos de sustitución que nunca fueron individualizados en el gobierno Duque. También entran en el radar las familias que nunca creyeron en las promesas del gobierno y no se acogieron al programa que Rafael Pardo llegó a presentar como una verdadera alternativa para lograr una “transformación territorial”.
Ya en otras columnas he reflexionado sobre los retos y complejidades que asisten en la implementación del PNIS. Y ciertamente me sostengo: ese programa representa uno de los mayores retos del gobierno Petro en la implementación de la estrategia de Paz total.
Ahora bien, en esta oportunidad quisiera reflexionar sobre una perspectiva cada vez más cercana: el cierre o eventual liquidación del programa.
Inicialmente, debe quedar claro que el PNIS es un programa de priorización que tiene muchas fallas de origen y que desde varios sectores se presenta como uno de los mayores fracasos del Acuerdo de Paz, no solo porque si revisamos la proporción de su inversión -tazada en varios billones de pesos- sobre el impacto efectivo en la reconversión económica de las familias beneficiarias resulta siendo exiguo, sino porque el país sigue “nadando” en hoja coca y con una boyante producción de clorhidrato de cocaína.
Si la intención del gobierno es avanzar hacia una sustitución de economías (proponiendo a mediano plazo una reconversión en uso de la hoja de coca) y una gran industrialización del campo, pues seguramente no tiene mucho sentido continuar con un programa que ya parece un “peso muerto” en la Reforma Rural Integral y que también es visto como una vena abierta en el erario.
Pero si el gobierno ya decidió -y aquí utilizó la palabra empleada por Cetina- “cerrar” el antiguo PNIS, es su responsabilidad presentar con prontitud una nueva alternativa, ya sea que repriorice a las familias actualmente beneficiarias que no pudieron avanzar hacia un proyecto productivo; recoja a las familias que suscribieron los acuerdos colectivo que nunca fueron individualizados; o, presente una nueva propuesta desde un enfoque comunitario -dejando de lado la categoría reduccionista del enfoque familiar- en los territorios donde persisten los cultivos ilícitos.
Aunque creo que el programa de sustitución, reconociendo sus dificultades, podría mejorar.
Para ello, se deben explorar las posibilidades consagradas en su decreto de creación; lo que implica activar todas sus instancias de participación a escala nacional, regional y municipal -incluyendo la participación de los excombatientes de las FARC-, así como replantear el rol que ha venido jugando en su ejecución la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), un operador, sin trayectoria en implementación de políticas rurales de las dimensiones del PNIS, muy cuestionando en los territorios. Pregunto: ¿Por qué la insistencia en que la OEI siga operando el programa?
A pesar de que reconozco que el PNIS se encuentra en cuidados intensivos, también estoy seguro de que se puede mejorar, recuperando los espacios de participación que fueron desestimados en el gobierno Duque y recuperando su mayor activo social: la confianza.
Pero será una defensa en la que deberán confluir las organizaciones sociales, los firmantes del Acuerdo de Paz y todos los beneficiarios que todavía siguen creyendo en las posibilidades del programa. De lo contrario, lo que se viene será su “cierre” y eventual liquidación.
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