La economía colombiana atraviesa uno de sus peores momentos en décadas, enfrentándose a un estancamiento más pronunciado con el pasar del tiempo. El pasado martes, el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) reveló en un informe que la inflación de mayo con respecto al mes anterior fue de 0,43 %, lo que se traduce en una inflación anual de 7,16 %, igual a la del mes pasado; esto significa que la reducción de la inflación se ha detenido luego de 14 meses a la baja, impidiendo una reducción sustancial de las tasas de interés que cada vez más sectores económicos exigen que se flexibilicen para impulsar sus actividades económicas y el acceso al crédito.
Por otra parte, el Banco Mundial alerta acerca de las expectativas de crecimiento económico para Colombia este 2024: disminuyó en 0,5 % la cifra estimada en enero de 1,8 %, posicionando a Colombia entre los países de más bajo crecimiento en la región, únicamente por encima de Ecuador, Haití y Argentina. En esta línea, según información de Bancolombia, la actividad económica en el trimestre terminado en mayo apenas creció un 0,1 %; este dato es alarmante, especialmente cuando se considera que, de hecho, la economía decreció levemente en mayo en comparación con el mes anterior (-0,1 %). Las proyecciones para el segundo trimestre indican un crecimiento de solo 0,5 %, muy por debajo del 1,2 % que esperaban los analistas del mercado.
Las cifras son más desoladoras cuando se observa el crecimiento por actividad del último trimestre, donde la mitad de los doce (12) sectores económicos, decreció con respecto al trimestre pasado, viéndose perjudicados varios sectores importantes como las manufacturas (-5,9 %), actividades financieras (-3 %) e información y comunicaciones (-1,6 %), lo que compromete significativamente la generación de empleos estables y de calidad para los colombianos.
¿Este estancamiento es culpa del Gobierno u obedece solamente a factores internacionales?
Si bien la dinámica inflacionaria y de poco crecimiento es común en todo el mundo luego de la crisis del COVID-19 y demás incidentes internacionales, el Banco Mundial ha dejado claro que la economía luego de tres (3) años ya permanece estable, con un crecimiento estimado de 2,6 % para 2024 y de 1,8 % para Latinoamérica, siendo Colombia el único país miembro de la Alianza del Pacífico con perspectivas de crecimiento inferiores al 2 %. Además, la inflación de Colombia se posiciona como la cuarta (4ta.) más alta de la región, únicamente superada por la de Argentina, Venezuela y Cuba, convirtiéndonos en uno de los cinco (5) países en Latinoamérica que todavía tiene una inflación superior al 5 % y en una de las economías que más poder adquisitivo ha perdido en la región.
Entonces, ¿qué factores ubican a Colombia entre los más desfavorecidos?
La inseguridad jurídica y la pérdida de confianza inversionista, sin duda, son las principales causas de este estancamiento y desventaja frente a nuestros vecinos latinos, materializándose en una caída de la inversión del 18,5 % en el último trimestre respecto al año anterior de acuerdo con información del DANE. Dicha situación persiste desde finales de 2022 y afecta naturalmente el crecimiento económico debido a la pérdida de competitividad y desarrollo de los sectores económicos.
La principal fuente de esta pérdida de confianza es el hostigamiento del Gobierno Petro en contra de uno de los sectores más importantes tradicionalmente en Colombia: El minero-energético. Petro y los suyos han impulsado la prohibición de la fractura hidráulica y han negado permisos de exploración y de explotación, complicando enormemente la capacidad de Ecopetrol para obtener gas natural a futuro, espantando parte la inversión extranjera. A raíz de esto, se prevén costos crecientes en las industrias intensivas en energía, dado que la importación que sustituiría a la producción local, podría triplicar las tarifas energéticas según Mauricio Reina.
Adicionalmente, luego del escándalo por el gran desajuste en el recaudo esperado, ya que la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) contaba con ingresos ganados por litigios y mejores perspectivas económicas que no se cumplieron, en días pasados el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla anunció que serán recortados del gasto público de inversión y funcionamiento la totalidad de 20 billones de pesos para cumplir la meta fiscal y no comprometer la calificación de riesgo crediticio del país, la cual, de acuerdo con Moody’s para Colombia, está en riesgo de caer de su perspectiva estable. Esto deja en claro el fracaso de la reforma tributaria del actual Gobierno para conseguir recursos que le permitirían desarrollar su agenda electoral, haciendo vulnerable su capacidad para consolidar su base política de cara a las Elecciones de 2026.
Por si fuera poco, el Presidente Gustavo Petro decidió suspender la exportación de carbón a Israel como una nueva medida –del “Gobierno”– que rechaza las acciones bélicas de ese país en Gaza; medida que nos costará hasta 200 millones de dólares al año, según Carlos Ariel Alzate, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de San Buenaventura. Esto no solo afectará la balanza comercial de Colombia de golpe, sino que deteriorará las relaciones comerciales con Israel y comprometerá la imagen del país ante el mundo, exponiéndolo a grandes multas y retrasando los avances en tratados de libre comercio; todo, reducirá nuestra competitividad y perjudicará seriamente a departamentos como el Cesar y La Guajira, por el que el anterior mandatario había declarado estado de emergencia a causa de su gran vulnerabilidad socioeconómica.
Por último y no menos importante…
El pasado 7 de junio el Presidente Petro generó revuelo en la 58.ª Convención Bancaria en Cartagena de Indias, con una propuesta para el sector financiero; la misma, consiste en una “inversión forzosa” por parte del sector que tiene por objetivo financiar al Estado en materia de proyectos “productivos” a modo de subsidio. La propuesta fue rápidamente rechazada por muchos expertos, entre ellos, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, quien advirtió del riesgo de desincentivar la inversión y aumentar aún más los costos del crédito, además de existir el riesgo de politización en la asignación del crédito, lo que ocasionaría una profunda ineficiencia en dicha asignación y produciría resultados contrarios a los deseados por el Sr. Presidente.
Todo lo ya manifiesto, pone al descubierto el grave daño que está haciendo el actual Gobierno en el proceso de recuperación económica de Colombia. Es necesario, ¡de manera urgente!, implementar políticas claves que mejoren la confianza-país y que impulsen el crecimiento económico: que atraigan inversiones y que generen empleo. Solo así podremos salir del atolladero en el que nos encontramos y encaminarnos hacia un futuro más próspero y estable, escuchando a todos los actores de la sociedad.
Esta columna apareció por primera vez en nuestro medio aliado El Bastión.
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