El Estado y los impuestos saludables

Teniendo en cuenta que las bebidas azucaradas no son un producto de primera necesidad o necesarios para la subsistencia, ¿resulta admisible y conveniente que el Estado propenda por desestimular su consumo estableciendo un mayor impuesto como una medida de salud pública? ¿El impuesto a las bebidas azucaradas es legítimo para protegernos de nosotros mismos?”


El gobierno nacional propone una reforma tributaria “para la igualdad y la justicia social”. El pasado 8 de agosto, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, presentó oficialmente el texto del proyecto de Ley que pretende consolidar el ajuste fiscal que contribuya a la equidad, progresividad y eficiencia del sistema impositivo. La meta proyectada: recaudar cerca de 25.6 billones de pesos al año. El título V de la reforma plantea “impuestos saludables” gravando el consumo de bebidas ultraprocesadas azucaradas, tales como zumos, néctares de fruta, mezclas en polvo, bebidas azucaradas, gaseosas, deportivas, saborizadas, carbonatadas, energizantes y en general, toda bebida líquida, que no se considere alcohólica y que tenga incorporado edulcorantes o azúcares.

Con el gravamen a las bebidas azucaradas, según explica el ministro Ocampo y los voceros del gobierno, se pretende desestimular el consumo, toda vez que son productos que no se considerarán de primera necesidad, es decir, no son vitales y esenciales para la subsistencia y, por el contrario, su consumo conlleva a riesgos asociados a enfermedades; se trata entonces más de un asunto de salud pública, que de un tema fiscal.

De otra parte, los críticos de la propuesta, plantean que, si bien es claro que el Estado tiene la potestad tributaria, este tipo de impuestos, van en contravía de la autonomía de las personas. Parafraseando lo señalado por el Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, en la aclaración de voto a la sentencia C 197-97, el impuesto indirecto perjudica al contribuyente de bajos ingresos, porque no se prohíbe el consumo de bebidas azucaradas, pero la decisión libre de consumirlas, “se torna más costosa para el pobre”.

El Centro de investigación Dejusticia, en una publicación titulada “Marco legal del impuesto a las bebidas azucaradas en Colombia”, señala que la evidencia científica sustenta la posibilidad de que el Estado incremente los impuestos para desincentivar el consumo. “La decisión del legislador de imponer un tributo que desestimule su consumo no solo es posible (…) sino que también es coherente con la protección de otros derechos constitucionales”, como por ejemplo, la salud.

El diario Portafolio, en una reciente nota editorial, cuestiona la forma como se pretende abordar una política integral nutricional y alimentaria a partir de instrumentos fiscales que pueden resultar insuficientes si no se cuenta con el diseño de políticas de educación nutricional. El punto clave, “preguntarse sobre el papel del Estado en las decisiones de alimentación de los colombianos adultos (…) El Estado debe informar, alertar, educar y buscar mejorar la sociedad, pero queda la cuestión sobre si debe incluso ser una “niñera” vigilante sobre lo que sus ciudadanos deben comer y beber”.

Teniendo en cuenta que las bebidas azucaradas no son un producto de primera necesidad o necesarios para la subsistencia, ¿resulta admisible y conveniente que el Estado propenda por desestimular su consumo estableciendo un mayor impuesto como una medida de salud pública? ¿El impuesto a las bebidas azucaradas es legítimo para protegernos de nosotros mismos? En palabras de Paul Rodríguez Lesmes (Universidad del Rosario) y Pamela Góngora Salazar (Universidad de Oxford), el impuesto a las bebidas azucaradas es “una política eficaz que busca prevenir las enfermedades no transmisibles, como lo son la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, entre otras”. No se trata de ir en contra de los intereses de los más pobres. Se busca “el beneficio en términos de bienestar, el cual va más allá de quién paga más”.  Sin embargo, y como argumento final, el famoso economista Gregory Mankiw, plantea unos temas de discusión de filosofía política: ¿necesitamos un Estado que nos guíe a las decisiones apropiadas? “¿Confía usted lo suficiente en el gobierno como para nombrarlo su guardián?”

 

About the author

Miguel Ávila Bruno

Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Especialista en Derecho Público de la Universidad Autónoma (Bogotá). Experiencia en dirección, gestión y asesoría de entidades públicas.

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