La visita a Colombia por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se da luego de la violencia que han protagonizado las marchas y los bloqueos generados por la presentación del Proyecto de ley sobre la Reforma Tributaria.
Desde ese momento, se generó un fuerte ruido en oposición al mismo, por parte de todos los partidos políticos, incluido el Centro Democrático. Las razones para rechazar esta reforma, entre las de inconveniencia, fue presentarla al Congreso de la República, sin socialización alguna que permitiera advertir los errores que se iban a cometer, y ahí tenemos la gran oportunidad que entregó el Gobierno a los partidos de oposición encabezados por la Colombia Humana, liderada por el señor Gustavo Petro, quien encontró la mejor excusa para seguir cumpliendo su promesa de mantener a sus seguidores en la calle.
“Llegaré al Senado para liderar la movilización permanente, para dirigir un pueblo que debe mantenerse activo, movilizado para estar en las calles… lo nuestro es esa ciudadanía juvenil que inventa, que hace, que construye, que debe mantenerse en las calles politizada”. Y a fe que lo ha cumplido, sin importar el daño que ha causado con su discurso incendiario al país y que, además, ha costado la vida de muchos colombianos. Una verdadera tragedia.
Retomo entonces diciendo que hoy gracias al error que cometió el Gobierno y qué hay que reconocer, no porque haya presentado la reforma tributaria que buscaba recaudar $23,4 billones, porque el país los necesita para atender todas las necesidades derivadas de la pandemia y mantener los programas sociales como Ingreso Solidario, con más de tres millones de hogares beneficiados; la devolución del IVA a un millón de hogares, el Giro Extraordinario para los adultos mayores del programa Colombia Mayor, el Subsidio al Desempleo (Resolución 853/2020 Min trabajo), el PAEF, Programa Apoyo al Empleo Formal, entre otros; sino, por la inconveniencia para el momento que atravesaba el país por la pandemia, por la afectación a la clase media, por la falta de tacto político para ponerla en consideración y análisis.
En consecuencia, el Comité Nacional del Paro convocó para el 28 de abril a un paro nacional y a la fecha han transcurrido ya 43 días en los cuales se han realizado marchas a lo largo y ancho del país en las que han participado muchos ciudadanos de bien, pacíficamente, pero que también han sido infiltradas por delincuentes que buscan desestabilizar el Estado Social de Derecho, y de esta manera fortalecerse en el vandalismo y los bloqueos como estrategia electoral, sin importar poner en riesgo la economía de todos los colombianos con pérdidas por aproximadamente 11 billones de pesos, también el desabastecimiento de las principales ciudades del país afectando el costo de la canasta familiar y la seguridad alimentaria, arriesgando la vida de los niños por nacer y de los enfermos, impidiendo el derecho a la libre locomoción, prácticamente secuestrándonos porque nos retienen en contra de nuestra voluntad, quebrando a los pequeños y medianos empresarios, incrementando la pobreza y el desempleo, poniendo en entre dicho el nombre de nuestro país a nivel internacional para bajar la calificación de riesgo financiero y consecuentemente la inversión extranjera.
Los defensores del paro, el comité del paro y los políticos de izquierda radical que los apoyan, han mostrado internacionalmente al país como una dictadura que vulnera su derecho a la protesta y sus derechos humanos, cuando en realidad son ellos quienes vulneran los derechos de millones de colombianos, dónde existe una norma que les permita destruir los bienes públicos y privados, que les permita atacar a la fuerza pública, que ponga por encima el derecho a la protesta “pacífica” de los demás derechos humanos, ¿incluso el de la vida?
Ninguna razón válida pueden esgrimir para seguir en este nivel de inconsciencia social, de violencia, caos y destrucción que a quien más daña es a los colombianos que dicen defender. Es una absoluta contradicción lo que dicen defender y lo que logran con sus acciones violentas.
Reconocemos que es necesario fortalecer la institucionalidad, seguir luchando contra la corrupción; reformar la Justicia, que permita un acceso real y efectivo; fortalecer la participación ciudadana para que elija sus gobernantes, sin intereses diferentes al bien común. Elegir unos organismos de control autónomos que cumplan su función misional y tener un Estado que se ocupe de generar las condiciones a los ciudadanos para crecer y desarrollar sus capacidades.
Pero esto y más lo podemos lograr por el camino del diálogo y la construcción.
Acá no hay víctimas ni victimarios, con todo y nuestros defectos somos un país democrático que defiende las libertades públicas y privadas, que permite la elección de sus gobernantes sin límites diferentes a su derecho a elegir y votar.
Quiero finalizar indicando que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debe presentar un informe con recomendaciones al Gobierno, según lo observado en su visita y las reuniones sostenidas con los diferentes sectores, por eso como ciudadana colombiana, líder social y política y ante todo, como madre y abuela, espero unas conclusiones que respondan a la realidad que hemos vivido los colombianos que hemos sufrido las consecuencias, que atienda a la realidad y que convoque a las partes a realizar las acciones necesarias para conjurar la crisis y restablecer el orden.
Necesitamos un Gobierno honesto que combata la corrupción de forma decidida, que administre con eficiencia los recursos públicos y mantenga la democracia como garantía para construir desde la diferencia.
¡OJO CON EL 2022!
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