“Pero una responsabilidad histórica se cierne en los ciudadanos indignados que no ven otra vía para parar la reforma, y consiste en hacer valer sus derechos políticos sin repercutir negativamente en las posibilidades de salud pública en medio de una pandemia que se ha llevado a más de 70.000 compatriotas desde el año pasado.”
La pandemia, aunque es un hecho biológico, ha tenido implicaciones políticas definitivas para los Estados democráticos de todo el mundo. Los toques de queda, las restricciones de movilidad y al comercio, son medidas necesarias, pero en parte, inadmisibles tal y como puede llegar a dictar el sentido común que nos indica que hemos legalizado la superioridad del orden sobre la libertad individual que, como bien señaló Rand, el individuo es, en gran medida, la más esencial de las minorías.
Pero al margen de estas reflexiones, se esconde un problema, un dilema a corto plazo ¿Debemos o no marchar el próximo 28 de abril teniendo en cuenta el recrudecimiento de la crisis derivada del COVID? esta es, sin duda, la cuestión. ¿Marchar o no marchar? He ahí el dilema.
Demos por supuesto que las razones de las marchas, además de legítimas – cómo lo puede llegar a ser otros miles razones porque estamos en una democracia- han demostrado que son compartidas por personas y colectividades de todas las orillas ideológicas. Y es que, en medio de la desolación de un país corrupto, desigual y sumido en una crisis de salud sin precedentes mundiales, una reforma que apuesta por sobrecargar con impuestos a las familias pobres y de clase media de la nación, se hace más que justificable la irritación social.
Por eso, se intuye que además de los más tradicionales sectores opositores a las políticas que han gobernado desde siempre al país, para este 28 de abril, activistas de otras latitudes y ciudadanos que al momento habían sido indiferentes a la cosa política, estén motivados a marchar.
Pero una responsabilidad histórica se cierne en los ciudadanos indignados que no ven otra vía para parar la reforma, y consiste en hacer valer sus derechos políticos sin repercutir negativamente en las posibilidades de salud pública en medio de una pandemia que se ha llevado a más de 70.000 compatriotas desde el año pasado.
¿Es posible hacer una marcha masiva en condiciones de bioseguridad? Es una pregunta que no me atrevo a responder de manera definitiva; se podría mitigar los riesgos, pero esa mitigación es insignificante si se tiene en cuenta la magnitud desbordante de exposición al virus que se daría en un escenario de manifestaciones que, además, no promete ser de un único y exclusivo día.
Este escrito, empero, no es para disuadir a los marchantes, a lo sumo, es para seguir planteando reflexiones y alternativas que, aunque parezcan remotas, no podrían ser descartadas. Por ejemplo, se me ocurre que el activismo jurídico podría ser un medio para canalizar la voluntad popular. En otros episodios del país, han sido las demandas y tutelas, lo que ha dejado sin dientes múltiples iniciativas del ejecutivo o del legislativo a través de los años.
Ante los dilemas, he aprendido en filosofía, solo queda tratar de disolverlos. Siempre puede haber una gama de opciones que solo pueden estructurarse por medio del diálogo social y liderazgos proactivos. En este caso, lanzo una Invitación a pensar en alternativas y a que, sean los líderes más influyentes, quienes propongan esa conversación.
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