Sin la perturbación del orden no ha ocurrido nada significante, por el contrario, se necesita de la alteración de un orden dominante que pretende mantener el control social y perpetuar los privilegios de los más poderosos.
La reforma tributaria sólo fue la gota que rebozó el vaso. Años de abandono estatal causaron un estallido social de grandes magnitudes. Llevamos más de una semana de grandes confrontaciones que no dejan un saldo alentador: aproximadamente 43 muertos y cerca de 379 desaparecidos. Claramente el disgusto de las personas no nació con este gobierno, es el grito de muchos años de injusticia, de impunidad, de corrupción, de precarización, de abandono estatal, de abuso, de muerte. Lo que se ha visto en las calles durante estas semanas es el cúmulo de inconformidades de una ciudadanía indignada que buscó el mejor pretexto para manifestarse. Unas manifestaciones que en su mayoría han sido en el marco de la legalidad y bajo la premisa de respetar la vida de todos, sin excepción.
Desafortunadamente han intentado manchar una legítima protesta por medio de infiltraciones que nadie puede negar; prueba de ello es el sorpresivo hallazgo en Cali de un camión de la policía con personajes de civil que estaban armados y presuntamente se dirigían a sabotear una concentración cercana al oeste de la ciudad. Cali y gran parte del Valle del Cauca ha sido el blanco de una mano oscura que busca entorpecer las protestas y arremeter contra los manifestantes: hace poco se conoció la noticia de una camioneta que disparó contra algunas personas entre las cuales se encontraba una misión médica, un acto extremadamente amenazante que llena de temor a quienes marchan pacíficamente. Como si fuera poco la intimidación por parte de civiles armados, el exceso de la fuerza pública en distintos puntos del país también ha sido recurrente; de forma indiscriminada se ha atentado contra la población civil con armas de fuego o por medio de la represión física. José Manuel Vivanco, director para las américas de Human Rights Watch denunció el uso de artefactos por parte del ESMAD y los calificó como “un arma peligrosa”
Por su parte, quienes deberían estar salvaguardando la integridad de la ciudadanía, han brillado por su ausencia. Durante la primera semana de manifestaciones y exceso de la fuerza pública, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, estuvo completamente ausente y se desconocía su paradero. Aunque en días pasados la W Radio confirmó que la camioneta del defensor fue vista por Anapoima, él negó haber estado allí y por el contrario afirmó que siempre permaneció en Bogotá monitoreando la situación en el país. No dudo que esté mintiendo, pues nuestros funcionarios abusan descaradamente de la confianza de un país y enseguida se presentan simulando preocupación y diligencia en el cumplimiento de sus labores. El cargo de Defensor del Pueblo se convirtió en un botín burocrático con el cual se pagan favores o se premian a los amigos del gobierno. El nepotismo se apoderó de esta institución tan importante para la defensa de los derechos de los colombianos. Quien hoy ocupa este lugar no dimensiona las responsabilidades que contrajo; no posee vocación alguna de servir, es un burócrata más que se alimenta de la teta del estado sin hacer su trabajo.
La fiscalía general de la nación no se queda atrás. Su anuncio de proceder con acciones de extinción de dominio a los camiones que estén obstruyendo vías públicas sólo demuestra una completa apatía por quienes desean ser escuchados por el gobierno nacional. Su comunicado es altamente provocador frente a un gremio tan importante como los camioneros, pues a través de amenazas no va a resolver nada; por el contrario, sólo acrecentará el enojo de las personas al observar conductas tan intimidatorias por ejercer el derecho a la protesta, mientras muchos casos de relevancia nacional que exigen celeridad en las investigaciones se encuentran inactivos.
El centro del país se muestra preocupado por un supuesto desabastecimiento de alimentos y gasolina causado por las dos semanas de paro nacional; sin embargo, se olvidan departamentos marginados hace décadas, donde la presencia del estado se materializa luego de una masacre o de una voladura de oleoducto, y que su presencia se traduce en pie de fuerza y poca inversión social. La historia nos ha enseñado que los grandes cambios se logran por medio de la sublevación ciudadana. Sin la perturbación del orden no ha ocurrido nada significante, por el contrario, se necesita de la alteración de un orden dominante que pretende mantener el control social y perpetuar los privilegios de los más poderosos. La oligarquía colombiana ha gobernado para el bienestar de unos pocos que son quienes ostentan el poder, y bajo esta inconformidad, la ciudadanía se ha levantado rechazando ser uno de los países más desiguales de América latina donde el 42,5% de la población se encuentra en la pobreza monetaria y el 15.1% en extrema pobreza.
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