El sábado en la mañana se reportó el asesinato de 6 personas en Nariño, sur del país. Al final de la tarde del viernes 21 de agosto fuentes oficiales reportaron el asesinato de cinco personas en Arauca, en la frontera con Venezuela. Horas más tarde, en El Tambo, Cauca, suroccidente del país, se informó del asesinato de otras seis personas. Esta misma semana, la ONU alertó que ha documentado 33 masacres en lo que va de 2020.
Las masacres acaecidas en departamentos como Nariño, Cauca y Valle del Cauca, vuelven a prender las alarmas frente al recrudecimiento de la violencia en el país, la presencia de grupos armados, vinculados a la actividad del narcotráfico, amedranta la población civil ante la mirada absorta y permisiva del gobierno Duque.
Frente a este escenario, se multiplican las opiniones de actores políticos y organizaciones nacionales e internacionales que ven perplejas como la vulneración de los derechos fundamentales se torna en el eje de críticas hacia un gobierno que por su inacción y el uso de calificativos como “homicidios colectivos”, exacerba los ánimos de unas comunidades que reclaman justicia y presencia institucional para unos territorios que ven como fuerzas paralelas al mismo Estado imponen marcos normativos de regulación social.
Carlos Negret, Defensor del pueblo, en recientes declaraciones, afirma que las masacres son consecuencia del abandono estatal en los departamentos del sur del país, abandono que se traduce de igual manera en la inacción gubernamental frente a los informes que la misma Defensoría del Pueblo ha publicado como alertas tempranas, en los cuales se acopia, verifica y analiza, de manera técnica información relacionada con situaciones de vulnerabilidad y riesgo de la población civil, como consecuencia del conflicto armado, y advierte a las autoridades concernidas con deber de protección para que se coordine y brinde una atención oportuna e integral a las comunidades afectadas.
Las alertas tempranas no fueron escuchadas, el gobierno Duque visita la región 8 días después de iniciados los acometidos violentos sistemáticos, demostrando que la atención a la población afectada pasa a un segundo plano cuando el esmero del presidente Duque debía estar al servicio de una visita de alto nivel del gobierno Trump, encabezada por Robert O’Brien, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos; encuentro que pletóricamente se cerró por el gobierno colombiano con el apelativo de la “firma del segundo Plan Colombia”
El escenario político actual colombiano es complejo, tenemos un presidente que después de dos años sigue ejerciendo netamente actividades administrativas, cuyo objetivo central es negar fehacientemente las acciones del gobierno Santos. pareciese que el discurso emitido por Macías años atrás sigue marcando la acción de Duque, demostrando con ello que su autonomía pierde valor ante los lineamientos de un partido que se obstina a entregar un país con un rediseño político mejor a como lo encontró.
Que sea esta entonces la oportunidad para unirnos al mensaje enviado por el director para las Américas de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco a Iván Duque: “La situación de seguridad se está deteriorando notoriamente. Usted cuenta con herramientas para ayudar a frenarlo. No se trata solo de enviar fuerza pública: urge aumentar presencia integral del estado”
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