La izquierda progresista sabe manipular “causas buenas” para buscar el favor del voto y, luego, para conservar el poder con el erario a su disposición.
¿Quién podría estar en contra de que un anciano pobre reciba una mejor mesada? Nadie, pero si hay con qué pagarla.
¿Quién podría estar en contra de que un obrero reciba un aumento del mínimo que le permita mayor bienestar? Nadie, pero si hay con qué pagarlo.
¿Quién podría estar en contra de que el Estado cree miles de empleos? Nadie, pero si se necesitan y si hay con qué pagarlos.
¿Quién podría estar en contra de que se decrete la emergencia en departamentos con miles de damnificados por inundaciones? Nadie. De hecho, un periodista me lo preguntó y estuve de acuerdo, sobre todo en Córdoba, un departamento ganadero devastado.
Ahora bien, quizás nadie esté en contra de la emergencia en este caso, pero…, como ese estado de excepción permite arbitrar recursos, ya sea vía endeudamiento, impuestos o reducción del gasto, el “pero” está en lo que haga el Gobierno.
A pesar del clamor nacional contra la corrupción y el derroche, para un gobierno populista la reducción del gasto no es una opción, y menos en esta época preelectoral. La Contraloría encontró que, solo en enero, antes de entrar en vigor la Ley de Garantías, que nada garantiza, pues hace años le hicieron su trampa, este gobierno batió récord de “contratación electoral” con 164.813 contratos por la bicoca de 14,9 billones. Súmenle ahora los 325.000 empleos públicos creados en 2025. Costosa democracia…
Como no había con qué pagar subsidios absurdos, como el millón por no matar, ni justificables, como el de los ancianos, ni el ajuste al mínimo a empleados públicos y pensionados, ni los 325.000 empleos, el Gobierno exprimió el endeudamiento y lo llevó de $804 a $1.180 billones. ¿Qué hizo con esos 376 billones de deuda nueva? Buena pregunta. Costosa democracia…
¿Qué le queda al Gobierno? Los impuestos. Ya el ministro de Hacienda anunció el que grava el Patrimonio de las empresas, del 0,6% a partir de patrimonios líquidos de algo más de $10.000 millones, que parece mucho, pero, aunque en Colombia las empresas se clasifican por las ventas, ese patrimonio está entre el rango superior de las pequeñas y el inferior de las medianas, que generan un porcentaje importante del empleo.
Después del costoso ajuste al mínimo, el impuesto al patrimonio para algunas pequeñas empresas y todas las medianas, puede llevar al cierre de muchas y perderán el empleo miles de personas sin influencias para contratar con el Estado, así toque votar por quien sea.
Es un sacrificio no presupuestado que el Gobierno no le puede pedir a las empresas, después de despilfarrar 15 billones en contrataciones que son una burla a la Ley de Garantías y, como lo solté en una columna anterior, sin eufemismos, una descarada compra de votos y una lesión enorme a la democracia. Costosa democracia…
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