El desangre del Estado es de lejos el principal problema del país. Según cifras reveladas por el contralor ante la Corte Constitucional desde el pasado enero, los colombianos perdemos anualmente alrededor de 50 billones de pesos por corrupción. Eso es lo equivalente al 17% del presupuesto general de la nación. Sin lugar a dudas, que de invertir esos dineros que terminan en las arcas de altos funcionarios y contratistas, o refundidos entre obras inconclusas y elefantes blancos, o desaparecidos en los vericuetos de la contratación pública; muchas de las grandes obras, como la gratuidad en la educación superior, el plan nacional de vacunación, la infraestructura educativa y de salud de la Colombia profunda estarían resueltas.
El saqueo sistemático al Estado es una verdadera empresa criminal a la que no le importa la dignidad de los colombianos. Robarse los recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para darle fruta podrida, pan y lácteos descompuestos a los estudiantes, como se descubrió hace un par de semanas en varias ciudades de la Costa Caribe y en Boyacá. O dejar a los escolares sin infraestructura educativa porque los billonarios recursos del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) se han venido esfumando, son la muestra más fehaciente de que el entramado criminal que se roba al erario no tiene límites.
Y, la institucionalidad es ineficaz frente a este accionar. La Procuraduría y la Contraloría, responsables del control disciplinario y fiscal del Estado, tienen un presupuesto para este año de 894.000 millones y un billón de pesos respectivamente; sin embargo, sus resultados en el combate contra la corrupción dan vergüenza. Al igual que el Fiscal de turno, su gestión parece reducirse a anuncios de investigaciones exhaustivas que generalmente no llegan a resultados concretos. Las cabezas de estas entidades hablan en exceso, anticipando el inicio de indagaciones preliminares y procesos, pero en la realidad, la corrupción y la vulneración de la ley es el marco de actuación de muchos funcionarios e instituciones que actúan impunemente.
Los corruptos aquí gozan de todas las prerrogativas para disfrutar de impunidad. Según datos de La Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción (Rita) más del 50% de las personas condenadas por corrupción pagan la pena desde sus cómodas casas, y menos del 5% de los recursos dilapidados y sus responsables son judicializados. Frente a esta realidad, todas las legislaciones expedidas recientemente, y que endurecen las penas contra los corruptos parecen haberse quedado cortas.
Todo lo anterior quedo perfectamente evidenciado en el sonado caso de la ministra de las Tecnologías de Información y la Comunicación. Uno de los contratos más importantes de esa cartera, mediante el cual se conectarían a más de 14 colegios de las zonas más apartadas del país, se le otorgo a una unión temporal denominada “Centros Poblados” con vínculos con el “Carrusel de la Contratación”; de igual manera, la interventoría fue para una firma especializada en productos farmacéuticos, medicinales y cosméticos y no en conectividad; tal como lo expuso el representante León Fredy Muñoz, citante del debate de control político contra la ministra de las TIC.
Como consecuencia, el resultado de esas decisiones de la ministra fue la pérdida de 70 mil millones de pesos, y la probabilidad de que dos billones corran la misma suerte. No valieron las advertencias de la oposición ni de las veedurías ciudadanas que anticiparon la magnitud del robo y el irremediable perjuicio a los niños más empobrecidos del país, que seguirán sin internet, y acrecentando sus condiciones de vulnerabilidad.
Sin embargo, el debate dejó claras dos cosas. Por un lado, las refinadas estructuras criminales para apropiarse de los recursos públicos con el concurso de la institucionalidad. Por otro, la necesidad de un Congreso vigilante y no genuflexo al establecimiento; que denuncie, alerte y le “respire en la nuca” a los corruptos, y no les deje otra opción que renunciar. Como pasó con la ministra y su séquito de funcionarios más cercanos.
Por eso, lo que está en juego en las próximas elecciones, tanto para Presidente como para Congreso de la República, es la viabilidad de una institucionalidad que le garantice a los colombianos condiciones de vida digna mediante la inversión transparente de los recursos públicos, y el ejercicio estricto del control político.
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