En diciembre del 2022 el ministro de Defensa, General Luis Lara, presentó la Estrategia Integral para la Seguridad y la Paz, la cual incluye mecanismos de cooperación con Estados Unidos. En esa misma ruta durante el 2023 se anunció la firma de un Memorando de Intención entre Estados Unidos y Ecuador. En el cual se admite la presencia de fuerzas militares de dicho país en territorio ecuatoriano, en lo que se ha denominado “grupo de defensa bilateral”.
La construcción de alternativas de paz y seguridad para Ecuador es urgente, hemos pasado en 2018 de 5,82 homicidios por cada 100 000 habitantes a la alarmante tasa de 40 por cada 100 000 habitantes. En cinco años esta cifra se ha multiplicado casi en 8. Sin contar con el aumento de delitos como secuestros, extorsión y asaltos. Comprender la interacción regional de grupos asociados al crimen organizado es fundamental para desarrollar estrategias que beneficien a la población.
Sin embargo, la actual estrategia del Gobierno Nacional dista mucho de buscar mecanismos de cooperación en este sentido, y ha optado por estrategias que ceden la soberanía de la gestión de seguridad de nuestro territorio al permitir el despliegue de fuerzas militares norteamericanas en nuestro país. Si los grupos de crimen transnacional que actúan en Ecuador permean por las fronteras terrestres, si gran parte de estos se articulan y replican sus acciones en otros países de América Latina ¿Qué caso tiene ceder nuestra soberanía a Estados Unidos?
La agenda de seguridad de Estados Unidos ha incluido el espionaje de funcionarios gubernamentales con otros fines distintos a los de la seguridad nacional, la ocupación de países soberanos, así como la instalación de bases. La lucha contra las drogas auspiciada en dinero y contingente militar por los Estados Unidos ha sido señalada por su injerencia en asuntos internos de los países que les abrieron las puertas, desde apoyo a derrocamientos de presidentes, hasta tráfico ilícito de armas y entrenamiento a grupos paramilitares dentro de territorios soberanos.
En lugar de repetir recetas que no solo sabemos que no han funcionado, sino que además han atentado contra la democracia y la soberanía de los países de América Latina, es necesario plantearnos agendas de cooperación regional y soberana en materia de seguridad, justicia e investigación criminal. Si las lógicas criminales son transnacionales, la lucha contra las mismas debería darse así entre países soberanos. La cooperación en materia de seguridad no puede ser una excusa para nuevas formas de colonialismo.
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