Estamos ad-portas de un nuevo intento de focalizar subsidios en el país. El tema estuvo vigente durante los primeros meses del año y tomó aún más fuerza desde mayo. La estrechez de liquidez y el déficit fiscal que enfrenta el Gobierno lo hace ver en esa dirección; consciente del costo político decidió avanzar en ese camino minado. ¿Es necesario? ¡Por supuesto que sí! Los subsidios hace muchas décadas ya no cumplen con su propósito: atender y mejorar la calidad de vida de los grupos considerados vulnerables. Por ejemplo, los combustibles tipo Ecopaís y la extra son usados en actividades ilícitas como el narcotráfico o “el sale por las fronteras”, especialmente para contrabando –dado que en las economías vecinas se paga a precio internacional dicho producto–; como dato adicional, las provincias que reportan mayor crecimiento en el consumo de combustibles en los últimos años son las fronterizas, principalmente las que limitan con Perú y las Islas Galápagos, incluso más que hacia las provincias de Guayas y Pichincha, que tienen más habitantes y, por ende, vehículos. Entonces, ¿a quién ha beneficiado está política asistencial? Obviamente a la población en su conjunto, NO.
El Gobierno ha trazado claras líneas económicas y políticas para llevar a cabo la focalización, las cuales, determinarán el éxito de este nuevo intento.
Evidentemente, las líneas económicas se reflejan en un déficit fiscal, en pagos atrasados a proveedores, recurrente necesidad de financiamiento externo, escasez de fuentes internas de financiamiento –puesto que los Gobiernos anteriores ya tomaron casi todos los recursos posibles que tenía la economía, por ejemplo, del IESS–, más la aprobación de diferentes leyes pactadas en su momento entre el ejecutivo y el legislativo para brindar ciertos flujos entre temporales y permanentes, acompañados del acuerdo con el FMI (Fondo Monetario Internacional) que le dará acceso a recursos provistos por varios organismos multilaterales en los próximos cuatro años. Por lo anterior, la focalización de subsidios es necesaria y urgente para reducir el gasto público, además de que se direccione y eficientice el uso de estos recursos y lleguen a quien realmente lo necesita.
La coyuntura económica de un precio más bajo del crudo genera que el diferencial entre el precio internacional de las gasolinas Ecopaís y extra, versus lo que subsidia el Gobierno, permite que sea el momento preciso para la focalización. Ahora bien, las líneas políticas muestran la estrategia de quitarle aliados a la dirigencia indígena al establecer mecanismos de compensación con los taxistas y demás transportistas que usan estos combustibles y así no tengan la necesidad de subir precios; adicional, al estar inmersos en precampaña electoral, en la que figura Leonidas Iza entre los aspirantes, llevar a una movilización nacional podría resultar contraproducente para sus aspiraciones, dada la poca tolerancia que tendría el electorado antes estas medidas por las paralizaciones acontecidas en 2019 y 2022.
Llama la atención que aquellos que defienden los subsidios a los combustibles, sean los mismos que “defienden la naturaleza” y convocaron a votar por el cierre de la iniciativa Yasuní-ITT. ¿Qué intereses tiene la dirigencia indígena para mantener una posición tan ambivalente?
A pesar de las acciones que toma el Gobierno en torno a las compensaciones que daría al sector de transporte que usa estos combustibles –que costarían 150 millones de dólares al año versus los 650 millones de dólares que cuesta el brindar subsidios a todos los que usan la extra y Ecopaís– es importante conocer que durará la entrega de las mismas, pues al final, es un negocio privado que se subsidiará. El axioma del Gobierno es indicar que así se evitará suban los precios de las tarifas, y por ende, que la inflación no se dispare –aunque igual sucederá más por la especulación inherente de nuestra economía, que sube hasta lo que no tiene que subir–. Estimo que esto será evidente hasta un par de meses después de tomada la medida, derivando en un accionar conjunto de Gobernaciones e Intendencias de Policía para evadir una ola especulativa.
En todo caso, ojalá sea el inicio de un desmonte de los subsidios de combustibles en el país y lleguemos a sincerar la economía, dejando de lado el doble discurso de proteger la naturaleza y velando por la permanencia de estos. Existen tantas necesidades por atender en Ecuador, que si comparamos el coste de oportunidad de subsidiar combustibles, se traduce en más de 70 mil millones de dólares desde que existen. Ahora, ¿qué hubieran realizado por el país con ese dinero? Y cabe otra pregunta: ¿El diésel y gas para cuándo? Esperemos tener pronto una respuesta.
Esta columna apareció por primera vez en nuestro medio aliado El Bastión.
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