El presupuesto del Estado Social y el Ordenamiento Territorial. La Constitución Política es considerada el contrato social, el consenso y gran acuerdo nacional; es un modelo de desarrollo que guía el proyecto político de la sociedad para vivir en felicidad; es el primer instrumento de la tecnología estatal que orienta las acciones del gobierno al frente de la conducción del poder político; en nuestro proceso de formación de Estado, donde las guerras han sido un rasgo distintivo, la Constitución se ha convertido en el tratado de paz escrita casi en todo por la parte vencedora.
No se trata solo de redactar una Carta Magna que repita hasta el cansancio que tenemos Derechos Sociales; no es una fe santanderista en el impacto de su promulgación. Se trata del escenario apropiado para que la sociedad encuentre el camino democrático en el cual la población pueda disfrutar de la felicidad sin violencia, que permita renovar el gran acuerdo nacional en torno temas estructurales, de los cuales se destacan estos dos: el presupuesto del Estado Social y el Ordenamiento Territorial. Obviamente la agenda de Colombia supera la complejidad de las listas. Pero sin duda, estos dos temas van al centro de la estructura del Estado requerido para una Colombia en paz:
- La Constitución debe superar la incertidumbre propiciada por la frase “según recursos disponibles” para referirse a los recursos de la Política Social. El financiamiento de los Derechos Sociales se reeditó en la reforma tributaria de Petro: solicitó 50 billones y aprobaron 20: hasta ahí las expectativas con el Cambio Social; luego el presupuesto social es sometido a la regla fiscal, a las calificadoras, al pánico económico, limitaciones gubernamentales en la ejecución. Cuánto valen y de dónde salen los recursos financieros es un asunto que debe tener rango constitucional y respaldo del acuerdo nacional.
- Ese mismo estatus para el Ordenamiento Territorial: una nueva distribución del espacio y del poder; mejorar la Democracia exige el reconocimiento de territorios que aún hoy se encuentran por fuera del mapa tradicional de los departamentos y los municipios; en esa dirección, el Acuerdo de La Habana creó una nueva escala de planeación con los PDET, pero también de representación política con las CETP, hoy separadas por la tradición en la representación política. Hay desarrollos legales importantes, pero sin la decisión de Estado de avanzar sobre nuevas escalas territoriales, un nuevo mapa, nuestra geografía de la paz. La constituyente debe retomar y concretar este tema.
Las demandas populares tienen entre sus hitos el Paro de 2021, conmemoración de los 30 años de la Constitución Política de Colombia de 1991. Las evidencias muestran el diagnóstico de una sociedad donde solo el 2.8% de su población es clase alta mientras el resto se distribuye en categorías de sobrevivencia a saber, 29.9% clase media, 36.6% pobres y 30.7% vulnerables. Esta situación no es producto de tres décadas de Estado Social de Derecho y por el contrario está claro que esos resultados son buscados por un Estado neoliberal implementado a sangre y fuego, como la represión brutal al Paro.
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