“Polarización social deja en el ambiente que muchos parecen vivir en realidades y territorios paralelos. Afán enfermo de acabar con el otro conlleva a que las muertes, la violencia regional, las cifras negativas, se acomoden políticamente y no sean base para tomar acciones que permitan construir futuro.”
Disputa permanente, entre los focos de izquierda y derecha, nubla el ambiente de violencia que paulatinamente se toma todos los rincones de la geografía nacional. Tensión que se vive en las zonas rurales se trasladó a las grandes capitales y son el reflejo de un pueblo que se siente abandonado. Crisis de representatividad que día a día se acrecienta frente a la figura de su presidente, son la consecuencia de una testaruda apuesta, de la izquierda, de hacer una interpretación amañada de la Constitución y omitir el deber de guiar y proteger al ciudadano respetando su vida, honra y bienes. Discurso de resentimiento, odio de clases, que se promueve desde el balcón de la Casa de Nariño, y la tribuna presidencial en la red social de Twitter, agudiza la división de un colectivo social que atónito observa cómo se brindan más garantías a los delincuentes que a los colombianos que madrugan a trabajar y construir nación.
Uso de los micrófonos mediáticos, y los mensajes sociales, para propagar delirios de persecución, promover grupos al margen de la ley, fomentar el racismo con mentiras, ayuda a ocultar la verdad y hace rentable el engañar una masa popular que creyó ciegamente en las promesas de cambio. Anhelo de transformación del Pacto Histórico alejado está del ejercicio de la democracia, imposición por encima de la concertación, atomiza el trazado de políticas estatales y el brazo social que brindaba ayudas, a las bases populares, desde las entidades públicas. Manejo de las emociones, que se promueve desde el lenguaje pendenciero de su mandatario, delinea la estrategia política, de una fuerza de izquierda, perfecta para ganar adeptos, popularidad o votos y no para el ejercicio del poder.
Ataque permanente a la institucionalidad y los gremios, deslegitimación que se da desde el propio gobierno contra todo aquel que se atreve a pensar diferente a él, azuza la división, siembra la incertidumbre y propaga el odio. Clima de tensión y violencia, que acompaña a los colombianos, es el obvio resultado de arrodillar el estado ante el crimen en busca de una errada «paz total», política de su presidente que, él mismo, ya empieza a deslegitimar. Indultos a los grupos al margen de la ley, como el que recibió el M-19 y las FARC -hoy Comunes-, sin pagar nada a la sociedad, genera resistencia frente a quienes con cinismo exigen igualdad y derechos, pero jamás se han esforzado por aprovechar rectamente la gran cantidad de oportunidades que se les han brindado. Debate de las diferencias políticas debe trascender la burla, el dialecto y la cultura, para abordar y poner freno al peligroso uso y porte de armas, el tráfico de recursos ilícitos y todo tipo de práctica de maltrato, físico y psicológico.
Choque de trenes entre el ejecutivo y la rama judicial, que ahora se quiere minimizar, trae diversos aspectos que se pueden leer entre líneas: intento desesperado de su mandatario de desviar la atención del proceso contra su hijo, afán por tergiversar las investigaciones que se siguen contra opositores políticos, avivar los ánimos ideológicos de cara a la designación de una próxima terna de candidatos a Fiscal General de la Nación. Fanatismo, ligado a la falta de empatía, complejiza el vivir en un país con instituciones democráticas, estamentos que sin duda tiene muchas cosas por mejorar, pero son producto de una libertad que tanto incomoda a aventuras populistas, golpistas o auto-golpistas. Privilegio de la imperfecta democracia que tiene Colombia es el triunfo de quien hoy está en el poder, magistral demostración del respeto a la institucionalidad que se tiene en una nación que carece de muchas cosas, pero sobre todo de memoria y justicia.
Victimización, revestida de persecución o politización, que se quiere tender sobre la justicia, es el foco de acción para cazar incautos por parte del caudillo de la izquierda. Recalcitrante eje ideológico desde el que se presenta a su presidente como gran administrador, libre pensador, eminencia demócrata, no esconde la escasa idoneidad que lo acompaña en la gestión gubernamental. Grandeza y talante político con las que se expone la constitución de una guerra sucia contra el gobierno del cambio, no es más que una estrategia política para hacer parte del paisaje lo que ellos mismos llaman “errores técnicos”, delitos por acción u omisión que rondan el ejercicio de lo público, el desconocimiento de concursos de méritos, el detrimento patrimonial, y el autoritarismo, por solo mencionar algunos.
Transformación que se propone para Colombia debe asumir la resistencia al cambio, intereses ideológicos -de izquierda, centro y derecha- no pueden ser el estandarte de una biósfera singular en la que la ley tiene una aplicación diferencial, conforme a la relevancia del personaje y el impacto mediático del hecho. La descomposición narco criminal, con tentáculos en cada uno de los pilares democráticos, está dando paso a la impunidad y la marcada desigualdad, fenómenos malevolentes con efectos colaterales en la economía nacional e impacto directo en el ciudadano. Mezquindad, auspiciada en maquiavélicos planes estratégicos de la izquierda, impide dar vuelta a la página y avanzar en la construcción de un futuro al margen de la violencia y el desequilibrio que ha acompañado a cada una de las capas poblacionales de Colombia en las últimas décadas.
La violencia, que cada vez aleja más la tan anhelada “paz total”, está desatada por los interés que permean una ideología que magistralmente utilizó a los colectivos juveniles, las comunidades indígenas y las agremiaciones sindicales para lograr la victoria en las urnas. Culto que se rindió a una cultura de la exclusión y la injusticia se revierte a una fuerza política que desdibujo el margen ético del comportamiento, y ahora pretende que todos asuman como normal que la justicia esté del lado de los bandidos. Constantes yerros del aparato jurídico en Colombia, contaminado por los lineamientos políticos, es lo que lleva a la impunidad a su máxima expresión, ofensivo resulta ver que quienes cometen delitos flagrantes ahora se ven favorecidos con la laxa actuación que propone su mandatario.
Relevancia que se quiere dar a la palabra de los bandidos, revictimización a cambio de beneficios judiciales, políticos, económicos y reputacionales, es la que da status quo a la represión que impone la violencia, política y social, que circunda el país. Voz de la discordia que hoy se levanta es congruente con la carencia de un empleo digno, la ausencia de seguridad democrática y la crisis económica que incrementa la desigualdad y no dignifica el justo y necesario progreso del país. Antes que procesos de movilización es clave mirar con quién se rodea el Pacto Histórico para lograr una verdadera representación política. No puede tomar carrera en Colombia la alianza con actores non sanctus, pontificación de criminales privados de la libertad, que construyen discursos con múltiples acusaciones desde los que el malhechor busca ingresar a la figura de gestor de paz.
El conflicto democrático que transita Colombia devela la necesidad primaria de triangular la justicia con los compromisos, políticos y económicos, preocuparse por lo que ocurre en el país, antes que luchar por vender una realidad mágica al planeta. Búsqueda ególatra de un Nobel de Paz lleva a desviar la atención sobre lo que ocurre en la nación, intentar ser el vocero de Venezuela, Cuba, Nicaragua, y los demás regímenes antidemocráticos, ante el mundo. Engañar e insultar la inteligencia ciudadana es dar valor y credibilidad absoluta a lo que dicen quienes tanto mal hicieron al colectivo social. Ejercicio de los derechos políticos, alarde de autoridad ética, que se camufla en la libertad de expresión, es la que por ahora da patente de corso a la izquierda para mentir y defender la criminalidad. La historia será la encargada de juzgar y evidenciar si Gustavo Francisco Petro Urrego tiene la casta política para consolidar una autentica paz total con justicia social, establecer una nueva página para Colombia con garantía de educación, salud y empleo distante de un perdón y olvido disruptivo con la verdad, reparación y rendición de cuentas.
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