El artículo transitorio del proyecto de acto legislativo que promueve la ampliación de los actuales mandatarios locales (alcaldes y gobernadores), registró una votación de 22 votos por el sí y 6 por el no, en la comisión primera de la Cámara de Representantes. Bajo esta iniciativa estos mandatarios irían hasta el 19 de julio de 2022, y no hasta el primero de enero de 2020, como estaba previsto cuando fueron elegidos. El espíritu del proyecto consiste en que los periodos de cuatro años de Presidente, congresistas, alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles sean simultáneos.
La primera impresión del proyecto genera valoración institucional; sin embargo, nuestro país carece precisamente de esto. En consecuencia, la criatura de la extensión de los periodos tiene una formación orientada en el cálculo político y surgen sospechas de que la idea tendría por objeto detener el avance de las manifestaciones democráticas acaecidas en la presente vigencia, en la que sectores políticos emergentes han logrado acaparar espacios significativos en el nivel territorial.
La democracia como todos los sistemas tienen principios inalterables, algunas veces para estimular la mejora continua de sus procesos, sus procedimientos son susceptibles modificaciones debido a los cambios y evolución del contexto social, económico y político. Este no es caso de la propuesta de la extensión de los periodos actuales para la unificación de periodos.
Si el propósito de la idea es robustecer la institucionalidad, armonizar las relaciones de poder entre el gobierno nacional y las administraciones regionales y locales, que coincidan sus planes de desarrollo, en sus objetivos y prioridades, reducir los costos de las elecciones y facilitarle al elector sus decisiones en una misma jornada, entonces es pertinente deshacer la formula actual, mediante la convocatoria a elecciones para un periodo de dos años. Hacerlo por vía legislativa genera muchas controversias y burlas al elector primario.
Las entidades territoriales lograron con la constitución de 1991, la conquista del principio de autonomía, para separar los intereses de carácter nacional, que tienen escena en el Congreso de la Republica y de la Presidencia de la Republica, de los asuntos o temas locales. Sin embargo, cada vez que es necesario discurre el discurso politiquero del centralismo. Bajo estas circunstancias, los actuales mandatarios locales, a través de las federaciones que los agrupa y con fundamento en la coherencia de sus posiciones respecto a la autonomía y el dichoso centralismo, deberían rechazar la propuesta, con el fin de hacer respetar el principio de autonomía territorial o mediante un acto de gallardía y valor civil, en proporción con el proyecto de acto legislativo, proponer como acción democrática la convocatoria a elecciones para un periodo de dos años.
