Diez (10) errores en la Seguridad de Fico

“Que la política de Seguridad de Fico ha fracasado es algo que no necesita mayor demostración. El aumento sostenido de los homicidios, las violaciones a los derechos humanos de los niños y de las mujeres, el incremento del desplazamiento forzado y la persistencia del accionar macabro de bandas y combos en los territorios, intentando incluso suplantar el Estado, así lo demuestran.”

A menos de 100 días para terminar su mandato, es claro que la política de seguridad de Federico Gutiérrez ha fracasado. Fico es un alcalde popular pero el público considera que las cosas van por mal camino. De acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa, Fico también es un alcalde vanidoso que había invertido hasta diciembre del año pasado 130 mil millones de pesos en su popularidad, los cuales, a mi juicio, dejaron de ser invertidos en carteras municipales como la de Cultura y la de Inclusión Social. En esta última, en lo que tiene que ver con las víctimas del conflicto armado y la política de Derechos Humanos.

Que la política de Seguridad de Fico ha fracasado es algo que no necesita mayor demostración. El aumento sostenido de los homicidios, las violaciones a los derechos humanos de los niños y de las mujeres, el incremento del desplazamiento forzado y la persistencia del accionar macabro de bandas y combos en los territorios, intentando incluso suplantar el Estado, así lo demuestran. Fico ha incrementado la captura de fleteros y otros presuntos delincuentes, ha llenado hasta reventar las estaciones de policía de la ciudad de indiciados y procesados, pero no ha logrado disminuir los ejercicios de violencia en los territorios y el consecuente miedo de las y los ciudadanos.

Fico es, por tanto, un alcalde fracasado en su principal política que era la Seguridad. Sin embargo, más importante que demostrar su fracaso es intentar responder por qué se ha llegado a esta situación. Más ahora que algunos de los aspirantes a la alcaldía han expresado su intención de continuar las políticas de Fico en esta materia o complementarlas. Para ser exacto, quiero compartir con el lector diez (10) errores cometidos por el alcalde en su política. Es conveniente advertir que algunos de estos errores fueron identificados por mí y otros han surgido en numerosas conversaciones con amigos y conocidos que se interesan también por estos temas.

 

1. El titular de la Secretaría de Seguridad

Desde el principio todo comenzó mal. Fico decidió entregarle la Secretaría de Seguridad al hoy delincuente confeso Gustavo Villegas. Sin duda, este nombramiento envío un mensaje a la criminalidad de la ciudad evidenciando el interés de la Administración en tolerar acercamientos indebidos con sectores de la criminalidad. A pesar de los llamados de atención desde la Sociedad Civil del pasado judicial de Villegas, Fico hizo oídos sordos y entregó a este señor la cartera más importante de su administración. Como si esto fuera poco, después de la captura de su directivo, Fico entregó la dependencia a un joven inexperto que poco o nada sabía sobre esta materia y poco o nada ha aprendido.

2. El abandono de una política de Seguridad Humana

Aunque en su programa de gobierno y en su plan de desarrollo Fico proyecta la implementación de una política de seguridad integral, lo cierto es que las tareas de la Alcaldía de Medellín en esta materia se han visto fuertemente jalonadas por lo que podemos denominar una política de Seguridad Pública, la cual simplemente presiona resultados operacionales en la Fuerza Pública pero no se orienta al desmonte definitivo de los distintos tipos y ejercicios de violencia que se padecen en la ciudad. Adicionalmente, en una posición marginal ha quedado el interés de la anterior administración por implementar una política de Seguridad Humana; incluso algunos expertos han afirmado con tranquilidad que la Política Pública de Seguridad y Convivencia promovida por Medellín Todos por la Vida, fue archivada e ignorada.

 

3. La eliminación de la Vicealcaldía de Seguridad, Gobernabilidad y Servicio a la Ciudadanía

La Administración de Aníbal Gaviria emprendió el proceso de modernización administrativa más importante en la historia de la ciudad. Las ventajas de esta iniciativa fueron varias, pero quizá la más importante es que ayudó a gobernar mejor los asuntos de la ciudad, toda vez que permitió el ejercicio permanente de un líder, adicional al alcalde, en cada uno de los sectores que integran actualmente la Administración. De esta forma, la gestión ganó en coordinación, pero también en tiempo de atención. A mi juicio, en este aspecto, las llamadas vicealcaldías jugaron un papel muy importante, más aún cuando este tipo de cargos se armonizó con el modelo de gestión no sólo de la Alcaldía, sino del conglomerado público que integra el Municipio de Medellín.

En el caso particular de la seguridad, al contar con una nueva dependencia especializada en la materia conocida como Secretaría de Seguridad y disponer de un vicealcalde coordinador, el alcalde de Medellín ganó un importante terreno en la gobernabilidad que le corresponde constitucional y legalmente sobre los organismos de seguridad. Así mismo, elevó el papel directivo del líder en la materia, posibilitando al vicealcalde un escenario más propicio para sostener relaciones públicas adecuadas con todo el sector de la seguridad y la justicia.

Desafortunadamente, desde el principio de su administración, Fico satanizó ante la opinión pública la figura de las vicealcaldías y las presentó como una mera herramienta burocrática y clientelista, y no se percato que la existencia de ellas correspondía con el modelo de gestión adoptado para la totalidad del conglomerado público del Municipio de Medellín. También, deshizo la modernización administrativa y volvió a concentrar en la Secretaría de Seguridad, tareas que, aunque se encuentra relacionadas con su misión, limitan el tiempo que el líder de la política de seguridad requiere para mantener la coordinación y sobre todo la gobernabilidad de un sector tan complejo.

 

4. El rol de “Primer Policía de la ciudad”

Desde su campaña, Fico se proyectaba como “el primer policía de la ciudad”, olvidando que su papel no era integrar la Policía sino gobernarla. Fue así como Fico confundió los roles y terminó actuando como un policial, a la par que desarrolló y defendió una teoría de comprensión de la violencia desde este rol, la cual resulta restringida a los contenidos de una Seguridad Pública. Se volvió necesario, entonces, para él y su equipo fortalecer la capacidad operativa de la Policía y el Ejército, y no la implementación de una política integral en materia de seguridad.

 

5. Convertir la seguridad en un show

Al igual que Álvaro Uribe, muy temprano en su administración, Fico comprendió que podría incrementar exponencialmente sus niveles de popularidad utilizando el discurso político de la mano dura. Se convirtió entonces en un alcalde frentero y trasnochador, de pronunciamientos duros contra la criminalidad, cuyo lenguaje fuerte deshumaniza en los medios de comunicación y las redes sociales al presunto criminal. Algo que al pueblo parece gustarle demasiado. Durante esta administración se ha producido numeroso material audiovisual para elevar el conocimiento ciudadano sobre la operación de la fuerza pública, de manera que la política pueda ser consumida por este como cualquier show.

Sin embargo, aunque algunas voces intenten fundamentar esta actitud como un ejercicio de gestión pública transparente, lo cierto es que comunicar de esta forma la política de seguridad genera una percepción de inseguridad en la ciudadanía. Adicionalmente, de manera indirecta se contribuye en la construcción del protagonismo de la criminalidad. La situación se empeora, si también se difunde de manera permanente que el alcalde se encuentra amenazado y que incluso él teme por su vida. Algo que dicho sea de paso no es nuevo en una ciudad como Medellín.

6. Desprestigiar a los jueces y magistrados

Tal vez, la principal debilidad de la política de seguridad de Fico es ser protagonizada por servidores públicos que descalifican ante los medios de comunicación los procedimientos y las decisiones de los jueces de la república. Para el crimen organizado de Medellín que tiene décadas de entrenamiento, la división institucional es una oportunidad. Ahora bien, para el alcalde cada enfrentamiento significa pérdida de gobernabilidad en el sector de seguridad y justicia.

En realidad, cuesta creer que no existe en las secretarías de Seguridad, General y Privada, un profesional jurídico que ilustre al alcalde sobre las competencias constitucionales y legales de los jueces o que lo ayude a comprender que las decisiones de la justicia no son políticas sino en derecho. Más bien, cobra fuerza la teoría según la cual el alcalde utiliza el desprestigio de los jueces para aumentar su popularidad.

 

7. Rechazar los ofrecimientos de espacios de diálogo con la sociedad civil organizada alrededor del tema

La violencia armada que tiene lugar en la ciudad de Medellín ha sido perfilada, en parte, por la mafia. Por esta razón, un elemento principal de cualquier política de seguridad que quiera tener éxito en el territorio, es la aprobación ciudadana y la creación de lealtades tanto en las comunidades como en cualquier expresión de capital social. No se puede perder de vista que la mafia ya cooptó una parte del Estado y ha conquistado la lealtad de algunas comunidades. Por tanto, en el ejercicio de la violencia armada de la ciudad de Medellín la lealtad está en disputa.

Esto, claro, ha sido ignorado por la actual Administración quien ni ha trabajado con las comunidades, ni tampoco con las organizaciones sociales y con las plataformas que se interesan por los Derechos Humanos y la Seguridad Humana en la ciudad. A pesar de que diversos colectivos han buscado que el alcalde de Medellín los escuche y permita su incidencia en las políticas sociales, este ha hecho oídos sordos y caso omiso a estas voces.

8. No entender que la Fuerza Pública también es parte del problema de la inseguridad

Como ya se ha dicho, durante la campaña electoral de 2015 Fico Gutiérrez manifestó su interés por convertirse en el primer policía de la ciudad. Aunque en apariencia este nuevo rol puede ser considerado deseable por el público, lo cierto es que limita la visión que tiene el alcalde sobre el problema de la seguridad en Medellín. Finalmente, cuando se es consciente de las necesidades operativas de la Policía Nacional se tiende a pensar que el aumento cuantitativo de la presencia de esta institución en la ciudad es la solución, y no solo al problema de la inseguridad sino también a los problemas de la misma institución.

En una ciudad como Medellín, que ha venido enfrentando una amenaza mafiosa sostenida, se ha dado en la práctica un ejercicio de cooptación del Estado por parte del crimen organizado. Así pues, es claro que pueden existir nóminas paralelas al interior de las entidades que integran el sector de Seguridad y Justicia, como ocurrió en el pasado, por ejemplo, al interior de la Fiscalía bajo la dirección de Guillermo Valencia Cossio, quien utilizaba su dignidad para hacer gestiones al servicio de importantes capos del narcotráfico. Por esta razón, el mero aumento de la cantidad de unidades de policía o cuadrantes en la ciudad no necesariamente implica una contención mayor al accionar de la criminalidad. Por el contrario, el accionar ligero en esta materia podría conllevar incluso a la consolidación del crimen organizado en algunos territorios.

 

9. Ubicar como objetivo central de la política, la captura de delincuentes y no el desmonte de todas las formas de violencia, especialmente, la armada.

Aunque Fico Gutiérrez lo ignora el objetivo central de la política de seguridad es garantizar la libertad. Una de las principales equivocaciones de esta política ha sido considerar que el indicador principal del buen desempeño de la política de seguridad consiste en el aumento de capturas de presuntos delincuentes por parte de los organismos de seguridad y justicia. Medellín es el mejor escenario para demostrar que la mera judicialización de presuntos delincuentes no implica un desmonte en la violencia armada, ni en otros tipos de violencia. En otras palabras, no es posible desmontar el hurto con la judicialización si no se tiene seguridad alimentaria en los territorios. Se podría capturar diariamente un ladrón y no se terminaría nunca.

10. Incentivar la violencia como solución a la violencia

Finalmente, Fico Gutiérrez y su Secretario de Seguridad no han rechazado de manera contundente los ejercicios de linchamiento de delincuentes en algunas calles de la ciudad. Por el contrario, en algunos casos han justificado el accionar violento de los ciudadanos. Lo cierto es que la violencia no se puede relativizar.  Para quienes defendemos los Derechos Humanos, por ejemplo; incluso la violencia legítima y autorizada por parte del Estado es censurable. Esto, por supuesto, no contribuye en el rompimiento de la cultura de la violencia, sino que deja intactos algunos fragmentos.

Jaime Carrión S.

Defensor de Derechos Humanos. Politólogo. Magíster en Administración. Estudiante de Doctorado en Filosofía. Ha sido profesor e investigador en entidades públicas y privadas.